El Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) cuenta con 57 unidades de detención. Emblemáticas algunas por su historia, otras son epicentro de reiterados conflictos, están aquellas que fueron “pilares” de la organización carcelaria
provincial.
Con mayores dimensiones o menos metros cuadrados de superficie, todas están aunadas por una misma crisis: la sobrepoblación. Dos números exponen esto: 44.000 presos para 25.000 lugares reales disponibles.
Esto se tradujo en una preocupación manifiesta a las autoridades bonaerenses por parte de intendentes de pequeñas localidades que tienen cárceles en sus departamentos: un brote de Covid en el hacinamiento que alcance al trabajador penitenciario y así a los poblados de poca densidad.
La superficie que abarcan todas las unidades penitenciarias bonaerenses, según las estimaciones oficiales, llegan al millón de metros cuadrados. Aún así, las instalaciones son insuficientes para la cantidad de internos que albergan las 57 cárceles y siete alcaidías. De esta realidad se desprende otro número: según la normativa, se debería contar con un trabajador penitenciario por detenido. Imposible frente a una sobrepoblación del 50%: la relación es dos presos por personal.
Esta desproporción en los números, según indicaron fuentes oficiales, “debilita tanto las funciones habituales propias al denominado ‘tratamiento’ como las intervenciones técnico profesionales y asegurativas”. El personal penitenciario, además se indicó, carece de “un plan integral de salud, y mucho menos con un apoyo psicológico y/o atención especializada en padecimientos asociados al estrés laboral”.
La situación es crítica y en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid19 se profundizó aún más. Hay localidades bonaerenses con una densidad poblacional menor a los grandes conglomerados y que conviven con unidades penitenciarias.
Los llamados telefónicos fueron recurrentes al Ministerio de Justicia de Buenos Aires con un mismo planteo, sugerían que el personal penitenciario no continúe prestando servicios. Esto se expresó como una medida preventiva: el temor es que en condiciones de hacinamiento pueda haber algún caso de coronavirus y que el mismo podría derivar en un eventual contagio a los trabajadores del lugar y en consecuencia, a la comunidad.
“La cantidad de médicos, personal sanitario, proveedores, el penitenciario, son en proporción a la densidad poblacional, elevado entonces temen el contagio de algún trabajador de las cárceles y esto se traslade rápidamente a la comunidad”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
No es una opción cerrar las cárceles. No es una opción reducir el personal penitenciario porque sería imposible manejar las prisiones, una vez más los números lo explican: hay 44.000 presos que son controlados, asistidos, atendidos por 25.000 agentes penitenciarios.
Entonces, las opciones se reducen a la profundización de las medidas sanitarias y como se planteó desde la Procuración General de la provincia, conceder arresto domiciliario a quienes han cometido delitos leves, o tienen su penas próximas a cumplirse. A la medida, se sumó el Tribunal de Casación que profundizó la sugerencia.
La situación falta de infraestructura carcelaria tiene aparejado otra situación menos visibilizada, muchas unidades penitenciarias se encuentran en puntos de la provincia “poco estratégicos y en poblaciones pequeñas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. El avance del Covid19 instaló la preocupación ante una suerte de “efecto dominó” si en esos lugares de detención llega a producirse un caso de contagio.
Algunos ejemplos muestran la preocupación de las autoridades municipales como del propio gobierno bonaerense. General Alvear, cuenta con 15.000 habitantes, a 220 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cabecera del partido homónimo. Las cárceles allí situadas, Unidad 14 y 30, de 3.017 internos en total.
Otro caso es el del departamento de Bolívar con 34.000 habitantes, la cárcel de Urdampilleta tiene alojados 879 presos. La situación, según explican desde la Provincia es que son cárceles que por fuera de la cantidad de presos, cuentan con cientos de personas de las respectivas comunidades que prestan diversos servicios en las unidades de detención. Y aunque aún no hay ningún caso de Covid19 registrados en esos lugares de encierro, la preocupación es constante.
Otro factor une a estos penitenciarios. La mayoría de sus presos “provienen del conurbano bonaerense y están muy lejos de sus familias”. Esto refleja el segundo factor: las visitas se vuelven complicadas por la lejanía. “Y cuando de salidas transitorias se trata, no tienen a dónde ir”, explicaron fuentes judiciales.
Las proporciones son analizadas por las autoridades. Hay más unidades de detención en esta situación. Tal es el caso de Saavedra, (ex cabecera del partido del mismo nombre), que tiene unos 3.500 habitantes, su población carcelaria es de 982 internos.
Hay más cifras que ilustran la situación. En Dolores, poblado con 26.600 habitantes, al igual que Trenque Lauquen es cabecera de Departamento Judicial, y la Unidad penitenciaria 6, cuenta con 701 presos, cuando su capacidad es para 442.
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