El viernes a la noche hubo un cacerolazo en protesta por los presos detenidos que buscan la libertad. Música intranquilizadora. Los cacharros sonaron adentro del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad
de Buenos Aires.
Devoto. El cacerolazo “tumbero” continuará. Los que se manifestaron así fueron los detenidos que viven en esa prisión emblemática. A favor de su liberación. Un sonido similar, pero usado con sentido totalmente contrario, al cacerolazo en diferentes centros urbanos del país que el jueves pasado repudió, extramuros, los que intramuros siguen exigiendo. La libertad de la mayoría de los presos. Los protagonistas son conscientes que es un pedido extremo. Van por todo, después verán.
La situación es compleja. La salida de miles de presos, ayudada por impulso del miedo al contagio interno del Covid-19, algo que está normado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por el poder político que alentó a acciones como ésta, y por magistrados que están a favor de despoblar las cárceles. Ideología versus leyes.
El escenario se masificó tras el alzamiento en Devoto difundido por los medios el viernes 24 de abril. Por tevé se vió el fuego en el techo de la cárcel. Adentro sucedían otros infiernos. Varios detenidos tomaron las oficinas de los agentes del SPF. Los más violentos armaron bombas molotov con botellas de alcohol en gel. Un grupo de penitenciarios fue alcanzados por esas armas: parte de sus cuerpos se prendieron fuego.
Dos veces bajó un helicóptero del SAME en el patio interno de la prisión porteña. Las dos veces fue se socorrió a presos también lastimados en esa batahola.
La sensación de los agentes del SPF de Devoto es similar a la desmoralización.
El día siguiente a ese cuasi motín, los presos lograron sentarse a dialogar con autoridades del Gobierno, del SPF, y con jueces. Les trasladaron un pliego de solicitudes y ahora las conversaciones continúan abiertas.
En la madrugada del sábado, con los incendios apagados, la prisión lucía derruida y con huecos en sus paredes, aunque en pisos altos.
El puesto de vigilancia número 8, ubicado fuera de la cárcel, en una vereda, fue baleado por personas no identificados.
“No había patrulleros y nos tirotearon”, relató en un audio viralizado una víctima del hecho, al que no se identificará por pedido de fuentes ligadas al SPF. Clarín confirmó con diversas protagonistas e involucrados en la cuestión Devoto que el relato y el tiroteo son veraces.
Otro de los penitenciarios que trabajó en la defensa de la quema de esa cárcel, el viernes 24, también hizo catarsis por un audio que emitió a varios Whatsapp de gente amiga. Su nombre tampoco se revelará.
El relato es brutal: “Íbamos como escudo adelante de todos, atrás nuestro venían dos `escopeteros´ (agentes del SPF con escopetas). Tuvimos la mala suerte que cayeron esas molotov. No se me vinieron encima pero sí aspiré el humo. Lo que lamenté de esto es al otro día, cuando se hizo la reunión con la política, es que sabíamos que le iba a dar todo a los presos. No Me acuerdo que estaba en esa escalera donde el humo te quemaba, en la planta 3, yo les decía a mis compañeros que nos íbamos a morir… Y éstos les dan a los presos lo que piden”, se enoja el agente, palabras más, palabras menos.
Desde que se anunció al contagio del Covid-19 como pandemia, más de 1300 condenados o con prisión preventiva salieron de cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Alrededor de cinco de ellos, como mínimo, volvieron a su casa a pesar de estar condenados por la Justicia como abusadores sexuales.
Esas liberaciones, y miles más, ocurrieron por la decisión de diferentes jueces y, sobre todo, de un tribunal de alzada del fuero ordinario, que sacó una acordada en la que se deja entender que la disminución de los encarcelados en prisiones del SPF debía exceder a los detenidos que están en riesgo de contraer Covid-19.
En el caso de éstos últimos reos, las normas de los tribunales coinciden en que deben resguardarse de la pandemia con arrestos domiciliarios u otro tipo de beneficios para que puedan salir de los penales que son un foco de infección latente.
En el medio se mezcló la política, un sector del oficialismo radicalizado e identificado con el “cristinismo”, y abogados de presos ligados al poder.
La información de esta liberación indiscriminada de presos, muchos de ellos liberados además sin la garantía de ser controlados por el Estado, provocó estrépito público.
El Gobierno sentó entonces un posición más restrictiva respecto a la salida de los detenidos en medio de la pandemia.
El plan, sin embargo, empezó antes del avance del Coronavirus. Y fue cultivado gracias a funcionarios nacionales y provinciales. El periodista Héctor Gambini adelantó en Clarín cómo era la trama detrás de la suelta de presos en las prisiones del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
La sociedad reaccionó y la Casa Rosada también.
El nuevo discurso de la dirigencia no generó armonía en los presos de Devoto.
Las actas de la mesa de diálogo entre los detenidos y autoridades de diferente poderes parecen ser una prueba documental del mundo del revés.
Los detenidos le transmitieron sus planteos procesales a los magistrados y a Juan Martín Mena, número dos de Justicia.
El acta firmada el sábado 25 de abril afirma que todos se comprometieron a “evaluar” qué “herramientas” se podían usar para lograr una “compensación” hacia los detenidos. Y se firmó qeu también se tendrían cuenta una “conmutación de penas” y “medidas excepcionales” para lograr” descomprimir el “hacinamiento” carcelario.
El segundo y último diálogo se concretó el jueves pasado.
El Gobierno ya había girado en su discurso.
El funcionario Mena esta vez no se presentó en Devoto.
Los representantes de los detenidos estallaron en discusiones a los gritos cuando se enteraron.
La reunión casi se cancela.
Ese mismo día se supo que una de las abogadas que hacía de vocera y representaba a varios de los presos de Devoto, Claudia Cesiaroni, renunciaba a otro de sus trabajos: la titularidad de la Subsecretaría de Seguridad del municipio de Quilmes, al mando de Mayra Mendoza una de las líderes del agrupación juvenil K, La Cámpora.
Mena no fue a Devoto por orden de la ministro de Justicia, Marcela Losardo, aseguraron fuentes oficiales. Esta historia podría recién estar comenzando. Los abogados de miles de presos bonaerenses usaron una acordada de la Cámara de Casación Penal de Buenos Aires, firmada por el magistrado ligados a los K, Victor Violini, para liberar a sus clientes.
A nivel federal, el mismo rol jugó otra acordada pero de la Cámara de Casación del fuero ordinario. La redactó el Daniel Morin. Recomendó que debían salir de las cárceles quiénes corrían riesgos por el Covid-19, pero fue ambiguo respecto a la situación de otros detenidos.
Morin participó de las mesas de diálogo en Devoto.
¿Y ahora?
Un ex jefe de Gabinete de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios, Jorge Haddad, planteó el siguiente escenario: “Hay desligitimación generada al personal penitenciario. ¿Quien se va a hacer responsable de reestablecer el orden en Devoto?”.
¿Qué pasa hoy en la Justicia?
El fiscal de la Cámara de Casación Federal, Jorge De Luca, favoreció a un preso en un dictamen que expertos jurídicos consideran que podría ser usado por presos de la política K que lograron excarcelaciones a inicios de este año.
Otro ejemplo: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal frenó al camarista Morin, proclive a la libertad masiva de reos. Ante diferentes planteos, sus miembros contestaron que cada juez debe actuar de acuerdo a las leyes, y no al oportunismo ni a la ideología.
Hasta el martes, esos mismos magistrados llevaba analizados pedidos de libertad de ochocientos ochenta y nueve presos.
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