Coronavirus en Argentina: tras el escándalo, desarman el “mecanismo” para liberar presos en la Provincia

para liberar presos. Ahora esos habeas corpus sólo podrán aprobarse con la firma de al menos dos de los integrantes de cada sala de ese tribunal penal.

La decisión fue tomada por el nuevo presidente de la Corte bonaerense, Daniel Fernando Soria, a través de la resolución 480/20 del lunes 27 de abril. Allí dice que la decisión que había tomado su colega Eduardo De Lázzari un mes antes de dejar la presidencia del cuerpo “queda sin efecto” a partir del viernes 1º de mayo. Como el viernes fue feriado, su vigencia práctica comenzará este lunes 4.

La resolución de la Corte que anuló la posibilidad de que cientos de presos salgan de las cárceles con la firma de un solo juez fue publicada al día siguiente de que Clarín revelara que el 8 de abril pasado 700 presos habían recibido el visto bueno para irse a sus casas con la única firma del juez Víctor Violini, y que se trataba de un plan para “hacer lugar” en las cárceles y poner camas en sectores de aislamiento ante una hipótesis de cientos de contagios por el coronavirus. Hoy los penales -la mayoría, superpoblados- no tienen ese espacio.

El mecanismo funcionaba así: la Comisión Provincial por la Memoria arengaba a los presos bonaerenses a presentar habeas corpus masivos para salir de las cárceles por el peligro del coronavirus, los Ministerios de Justicia y de Seguridad de la Provincia hacían las listas con los candidatos a salir, los defensores oficiales hacían el pedido a Casación y un juez (uno solo) firmaba el habeas corpus colectivo. Ese juez fue Víctor Violini, ex precandidato a intendente de La Plata por el Justicialismo.

Esa orden de liberación debía ser ejecutada por los jueces inferiores pero, ante la duda, debían cumplirla inmediatamente. La decisión para que un juez de Casación pudiera resolver él solo la libertad de centenares de presos había sido tomada previamente por el presidente de la Corte de la Provincia, también en soledad. Ese funcionario, Eduardo De Lázzari, es otro de quienes tiene vínculos con el peronismo bonaerense: fue secretario de Seguridad de Eduardo Duhalde en la época en que asesinaron a José Luis Cabezas.

Tanto quien decidió eso en soledad (De Lázzari) como quien lo ejecutó también en soledad (Violini) lo hicieron mientras presidían sus tribunales en circunstancias de excepción: Eduardo De Lázzari tomó su decisión (la resolución número 13/20) un mes antes de dejar la presidencia de la Corte (el mismo día en que comenzó la cuarentena obligatoria) y Víctor Violini firmó el habeas corpus durante los pocos días en que estuvo a cargo de la presidencia de Casación, que ahora recuperó su presidente natural, Ricardo Borinsky.

Tras el habeas corpus colectivo firmado por Violini siguieron llegando más. Cada uno involucra a entre 100 y 150 presos. Están ahora a la firma de Borinsky, pero el malhumor social por las liberaciones y el estruendo de los cacerolazos del jueves cambiaron el mecanismo.

Según adelantaron a Clarín altas fuentes de Casación, desde este lunes los habeas corpus serían distribuidos entre las cinco salas del cuerpo. La nueva resolución de la Corte los obliga, además, a tratarlos con más de un juez. Eso corre a Violini de la posibilidad de que apruebe otras liberaciones masivas por sí solo.

El habeas corpus colectivo firmado únicamente por Violini terminó en escándalo no sólo por el número de presos con orden de liberación inmediata sino por la “calidad” de los liberados. Si bien la resolución oficial hablaba de detenidos que hubiesen cometido delitos leves o estuvieran a las puertas de una libertad condicional, en la práctica salieron violadores, narcotraficantes, femicidas y hasta un ladrón que en su primer día de liberado, en lugar de quedarse encerrado en su casa por el riesgo del virus, salió a robar de nuevo.

Cuando la medida fue apelada por el fiscal de Casación Carlos Altuve, el juez Borinsky rechazó la apelación y les ordenó a los jueces y tribunales inferiores que cumplieran la orden de las liberaciones inmediatamente. La indignación por el avance del mecanismo masivo de liberaciones fue creciendo en la semana hasta que terminó en un cacerolazo multitudinario del jueves que incluyó a las principales ciudades de la Argentina.

Altuve presentará este lunes una queja ante la Corte de la Provincia. Sería la llave final para que el “mecanismo” quede desmantelado.

¿Qué puede pasar?

La Corte tiene dos instancias para tratar la queja del fiscal. La primera es si admite o no el recurso, por cuestiones de técnica jurídica. La segunda es, si lo admite, qué resuelve sobre la cuestión de fondo.

Quienes conocen el funcionamiento del máximo tribunal bonaerense adelantaron a Clarín que el cuerpo estaría dispuesto a admitir la queja y luego ir sobre el fondo.

En este punto, una posibilidad es que la Corte decida avalar las excarcelaciones pero de un modo mucho más prudente. “Como están las cosas hoy, sería algo más parecido a un goteo que a una catarata”, especuló alguien que conoce los pasillos de los tribunales platenses.

Significa dos cosas: que a la Corte le pareció “desmedido” el modo de liberación masiva y que, por eso mismo, no avalaría la figura del habeas corpus colectivo que ha venido tratando Casación, alentada por las mesas de diálogo en las cárceles que armó el Ministerio de Justicia provincial.

“Es posible que se considere el tema sanitario con la seriedad que el tema requiere, pero que la solución sea establecer un camino de racionalidad”, analizó la fuente. En ese camino no figurarían las excarcelaciones masivas como se conocieron hasta hoy.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia dijeron a Clarín que “lo que se está evaluando es cómo aislar a los casos sospechosos dentro de las cárceles hacinadas, donde no hay espacio. El tema es tratar de garantizar el aislamiento de quienes contraigan el virus, ésa es nuestra recomendación. Y para eso hace falta espacio en los penales. Una opción era un traslado de los casos positivos a hospitales de campaña o a sitios como Tecnópolis, pero ahí ya está en juego la seguridad. Quizá no sea recomendable poner a 2.000 presos, todos juntos, en un solo lugar de aislamiento preventivo. La manera de implementarlo ya es de la órbita del Ministerio de Justicia”.

El escándalo con los presos desató internas también entre jueces, defensores oficiales y fiscales, enojados porque el ala política les atribuye la responsabilidad exclusiva en las liberaciones.

Entre ellos circuló un WhatsApp donde el secretario de Política Criminal de la Provincia, Francisco Pont Vergés, invoca “la preocupación del ministro Alak” porque los fiscales se estaban oponiendo a las libertades masivas. Fue el 23 de abril, a las diez de la noche. Pont Vergés depende del procurador Julio Conte Grand, que en público se expresó en contra de los habeas corpus colectivos.

Tanto Alak como el propio gobernador Axel Kicillof negaron que la política de liberación masiva de presos fuese un plan del gobierno provincial para descomprimir las cárceles.