El Presidente recibió mensajes de apoyo pero también de advertencia

manos de acreedores privados. Gobernadores e intendentes sumaron su apoyo. Los empresarios también, aunque resaltaron la necesidad de que tanto Goberino como empresas “recuperen el acceso al crédito”.

Pero el Presidente también escuchó, en privado, voces que le acercaron otro mensaje. Fueron mensajes claros del sector gremial y financiero -en este caso afín al pensamiento “albertista”- y en ambos casos la consigna fue coincidente: le dijeron al Presidente que, por el bien no solo del país sino también de su Gobierno, debería hacer todos los esfuerzos necesarios para evitar el default.

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La recta final de la negociación de la deuda viene acompañada de presunciones poco alentadoras. Los bonos siguen cayendo a precios que ahora sí expresan la impresión del mercado de que no habrá chances de evitar la cesación de pagos. Entre los analistas son mayoría quienes creen que el próximo viernes las adhesiones al canje no alcanzarán para que el Gobierno cante victoria.

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En 2005, el gobierno de Néstor Kirchner alcanzó algo más del 76% de adhesiones y por entonces se consideró que el resultado había sido mediocre. El canje debió reabrirse en 2010 y así y todo los fondos buitre se salieron con la suya. Hoy aquel 76% suena bien lejano.

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El Gobierno tiene una cuenta regresiva que concluye el 22 de mayo. Ese día debe pagar US$ 503 millones de tres cupones de bonos que debió pagar el 22 de abril. La expectativa es que se busque una solución en esas dos semanas que van del 8 al 22 de mayo.

Según los análisis que circulan, la distancia que media entre el rechazo y la aceptación no es excesivamente grande. Achicar un poco el plazo de gracia -el Gobierno no quiere pagar un sólo dólar hasta noviembre de 2023- mejorar algunas décimas los cupones, capitaliza aunque sea una parte de los intereses que no se pagarán durante el plazo de gracia.

Y hay quienes consideran que la quita de capital fue puesta allí como moneda de cambio para las negociaciones con los acreedores. En el Gobierno confían en que la crisis global derivada del Coronavirus y el dato real de que las tasas de interés en el mundo seguirán bien bajas por mucho tiempo, le da un valor extra a lo que la Argentina les está ofreciendo ahora a los bonistas.

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Los ruidos que genera la presión de Cristina en la economía

Los refuerzos de controles en el frente cambiario -sobre todo apuntando a las operaciones con dólares alternativos que hasta hoy son la vía de escape de quienes quieren atesorar divisas- parecen preparativos para días movidos. Circuló la versión de que un altísimo funcionario le preguntó al Presidente si debían alistarse para el default y el Presidente, enfático, le respondió que no estaba en sus planes ir al default.

De hecho entre los bonistas y entre empresarios locales se insiste en que el mensaje “evitar el default a toda costa” debe llegar al Presidente sin la mediación del ministro Martín Guzmán.

Hasta estos días, el establishment se aferraba, más allá de esta versión puntual, al convencimiento de que el Gobierno evitaría una situación de default, por el terrible daño a la gobernabilidad, más allá de las consecuencias económicas.

Lo de la gobernabilidad se asocia, claro, a que detrás de Alberto Fernández aparece la figura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La idea de que Fernández quiere evitar el default empezó ahora a compartir espacio en las discusiones de financistas y empresarios con otra: ¿Querrá Cristina Kirchner evitar el default?

Esta semana el mercado tomó nota del avance de La Cámpora (de Cristina Kirchner, en definitiva) sobre, ni más ni menos, la principal caja del Gobierno, la ANSeS. Una señal de fortaleza de ese sector del Frente de Todos. Una señal de debilidad del resto de los integrantes de la alianza gobernante.