Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para transparentar y jerarquizar la tarea parlamentaria destacan que la premisa, en tiempos de aislamiento social
por la pandemia de coronavirus, es que el Congreso nacional “debe sesionar”, y recomendaron alcanzar “acuerdos amplios” sobre cómo hacerlo, para evitar que luego “haya dudas” sobre la legitimidad del proceso.
Autoridades del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y la fundación Directorio Legislativo dialogaron con Télam sobre las propuestas que le acercaron al Poder Legislativo, luego de que la última semana la comisión de Modernización de la Cámara de Diputados avanzó en un acuerdo sobre el protocolo a seguir para las sesiones virtuales o mixtas que comenzarían en los próximos días.
Con una mirada bastante similar, las dos ONGs hicieron llegar su aporte a esa comisión que, en su primera reunión desde que se dictó el aislamiento social obligatorio, les agradeció especialmente sus propuestas.
Por su parte, Mercedes de los Santos, directora de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de Directorio Legislativo, advirtió que en América latina hay “una preponderancia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo que se acrecienta” en tiempos de crisis. Ello, dijo, provoca que “el poder se concentre en los presidentes y el Congreso no cumple su función de control, con un debilitamiento del sistema democrático ´per se´”.
En ese marco, esta semana esa fundación publicó un documento en el que señaló que “es imperativo que el Congreso de la Nación se ponga en pleno funcionamiento” y que, para ello, “construya los consensos políticos que legitimen las decisiones, movilicen los recursos necesarios para poner en marcha de manera segura el trabajo remoto y garanticen la transparencia en los procesos de toma de decisión”.
Agregó entonces que “el momento es ahora” y recordó que “pasadas seis semanas desde que la OMS (Organización Mundial de la Salud) declaró la Covid-19 como pandemia, el Estado nacional argentino tomó alrededor de 60 medidas para enfrentar el coronavirus” a través de diversos dispositivos del Poder Ejecutivo, como decretos de necesidad y urgencia, resoluciones y disposiciones.
“En tiempos de crisis se requieren respuestas muy rápidas, pero hay decisiones que requieren intervención del Congreso”, dijo De los Santos.
Ambas ONGs hicieron hincapié en la importancia de los acuerdos entre oficialismo y oposición en este momento.
“Creemos que las decisiones consensuadas son mas estables, sin riesgo de marchas y contramarchas. El Congreso tiene que estar controlando, y en las decisiones que se tomen en este contexto tienen que estar la voces de todos los partidos políticos que se votaron legítimamente en las elecciones”, apuntó la especialista de Cippec.
Esa organización y Directorio Legislativo presentaron estudios sobre qué está sucediendo en el resto del mundo en el marco de la pandemia, con una mayoría de casos donde se observa que los parlamentos volvieron a reunirse pero respetando el distanciamiento social e incorporando tecnología para facilitar debates y votaciones.
Sobre ese punto, las ONGs también dejaron sentada su posición: “Es importante que los sistemas tecnológicos que se utilizan sean seguros y que se garantice la identidad del legisladores y su presencia al momento del voto, para evitar cualquier tipo de fraude”, advirtió De los Santos.
Tchintian agregó que la modificación del proceso legislativo para la incorporación de tecnología en el país “tiene que garantizar la legitimidad de los procesos, y asegurar valores como la igualdad de la accesibilidad de la información, de los recursos y mecanismos adoptados, la transparencia y publicidad de los actos celebrados, y la integridad del proceso en su conjunto”, mediante herramientas de seguridad informática.
Entre las propuestas concretas ofrecen un listado muy amplio, que incluye mesa de ayuda 24 horas con un soporte técnico especializado, capacitaciones, un plan ante contingencias ante eventuales fallas, así como asegurar la estabilidad de la herramienta y el acceso, garantizar con reaseguros la identidad de quienes se conecten, almacenar las memorias de todo lo que pase y transmitir en vivo las sesiones.
“Nuestro consejo es comunicar a la ciudadanía cada paso que dan. Si hay voluntad se puede transparentar todo mucho más”, apuntó Tchintian.
“Recomendamos que se garantice el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, tanto para difundir lo que hacen como responder lo que la ciudadanía consulte”, añadió De los Santos, que consideró como “una deuda histórica” que se conozca más ampliamente lo que sucede en las comisiones, antes de que los proyectos lleguen al recinto.
