La sobrepoblación carcelaria se expresa en números concretos. Al 21 de febrero de este año, las cifras oficiales expresaban que en las unidades penitenciarias, comisarías y detenidos con sistema de monitoreo electrónico,
en la provincia de Buenos Aires había 51.258 personas privadas de su libertad. De ese universo, 45.112 se encontraban alojadas en algunas de las 57 cárceles que cuentan con capacidad sólo para 24.100 internos. Todos los números exceden las posibilidades de atención, seguridad, asistencia y salubridad. La crisis se puede leer desde otra perspectiva: la del personal penitenciario. Se estima que debe haber un guardia cada por cada preso. Pero un informe oficial al que accedió Clarín, dice que por el hacinamiento no están garantizadas las medidas mínimas de seguridad, y que el personal penitenciario que se encuentra en “grave situación de vulnerabilidad en materia legal y de salud mental”.
Como las dos caras de una misma moneda, la crisis del sistema carcelario -que arrastra décadas- también afecta a los guardiacárceles: cerca de 18.000 trabajadores son los responsables del cuidado directo de unos 44.000 presos.
Los indicadores internacional marcan que por cada preso debería haber un penitenciario. “En la actualidad eso está ampliamente superado pero de forma negativa, hay un agente cada dos o tres presos”, explicaron fuentes oficiales a Clarín.
Un informe oficial al que accedió este diario alertó que “estamos frente a un caso de sobrepoblación crítica o hacinamiento”. El trabajo también expuso que la proximidad familiar y afectiva de las personas privadas de libertad hace que muchas unidades de un mismo sistema cuenten con “plazas disponibles, mientras que otras –más próximas a cinturones periurbanos- se encuentren abarrotadas y en condiciones inhumanas”.
Esas condiciones causan “graves irregularidades, que van desde el aumento de la violencia intracarcelaria, el deterioro de las condiciones de la prisión, la propagación de enfermedades, lo cual genera múltiples violaciones de los derechos humanos de las personas privadas de libertad”, expresa el informe.
Las cárceles, diseñadas hace más de 25 años para alojar a una cantidad menor de internos, están colapsadas por la falta de espacio y la “sobrecarga en las cañerías de agua y cloacas, tendidos eléctricos, cámaras frigoríficas”, por lo cual las cámaras frigoríficas “se encuentran en permanente reparación; las bombas de agua fallan con cierta regularidad dejando sin suministro a muchas unidades; las cámaras sépticas no dan abasto; las instalaciones eléctricas son caóticas y se encuentran en pésimo estado, por ejemplo: electrocutando muros de vigilancia o espacios de convivencia en los pabellones”. En esos espacios trabaja el personal penitenciario.
Las autoridades admitieron que “no están garantizadas las condiciones mínimas de seguridad” de los presos y del personal. Y en consecuencia, tampoco se garantizan “las condiciones de higiene, programas de salud integral, acceso a la educación y programas de inclusión socio laboral”.
La falta de espacio también impide separar a los detenidos que están procesados de quienes ya están penados, así como tampoco de primarios y reincidentes. Todo eso dificulta mucho más la tarea de los guardias.
En otro orden de cosas, se observó una “escasa o muy pobre relación entre el personal penitenciario ante la gran cantidad de presos, debilitando tanto las funciones habituales propias al denominado ‘tratamiento’ como las intervenciones técnico, profesionales y asegurativas”.
Más lejos de las celdas, el informe oficial también registra que el personal “no cuenta con un plan integral de salud, y mucho menos con un apoyo psicológico o atención especializada en padecimientos asociados al estrés laboral”. Entre los más citados de estos padecimientos se encuentran, “adicciones, violencia intrafamiliar, violencia de género y enfermedades psicosomáticas”.
Al momento de analizar alguno de los desencadenantes de los problemas psico-afectivos más frecuentes, detectaron que muchos penitenciarios trabajan en cárceles muy alejadas de sus hogares, a lo que se suman “los retenes, recargos y problemas de orden administrativos o burocráticos”.
Por ello, se entendió que pese a buscar revertir algunos de los parámetros negativos, se está ante “una grave situación de vulnerabilidad en materia legal y de salud mental de parte del personal, que afecta directamente al buen funcionamiento del Servicio Penitenciario a través de carpetas médicas psiquiátricas, medidas restrictivas u otro tipo de acción que impide su desempeño con total normalidad”.
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