Ante la parálisis del Fuero de la Seguridad Social, un grupo de abogados previsionalistas se dirigió a la Corte Suprema solicitando que no prorrogue la “feria extraordinaria” vigente hasta el 10
de mayo próximo. Y que el Alto Tribunal resuelva, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia, la reanudación de la labor judicial bajo parámetros de “trabajo en emergencia” y “trabajo a distancia”, alcanzando a los juzgados y tribunales con competencia Federal de la Seguridad Social, de toda jurisdicción y grado, en el orden Nacional y Federal en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y eventualmente en toda otra jurisdicción que la Corte considere.
“Peticionamos dejar atrás el estado de “feria” y pasar a un estado de “trabajo en emergencia” donde, aún dentro de la situación extraordinaria y acompañando en general las resoluciones sobre la pandemia del Gobierno Nacional, se pueda progresivamente ir fijando pautas para reanudar paulatinamente, en coordinación y comunicación permanente con el Ministerio Público de la Nación, el trámite normal de las causas”, dice el escrito elevado a la Corte Suprema.
En los fundamentos del pedido, los abogados sostienen que el fuero de Seguridad Social se encuentra prácticamente digitalizado: los sorteos de causas se realizan con un sistema totalmente digitalizado, por cada escrito que se presenta se sube la correspondiente copia digital y el fuero implementó el expediente digital relacionado a la llamada Reparación Histórica (ley 27.260), donde no existía soporte papel.
En consecuencia, el “trabajo a distancia” implica que los Tribunales estén abierto con una dotación de personal mínima y programada durante cada día de la semana, sin recibir público o en situaciones excepcionales.
En relación al “trabajo en emergencia” plantean que podría surgir de las instrucciones y recomendaciones que realice la Corte y “de propuestas concretas que hagamos los Abogados y Abogadas litigantes.”
Como corolario del petitorio, los letrados sostienen que no pueden “dejar de mencionar que es más que público y notorio que muchas de las medidas relacionadas a esta situación especial que padecemos se vinculan estrechamente con las personas mayores y es el fuero donde litigamos el que específicamente trata de sus derechos y necesidades por lo que parecería incongruente que esa actividad judicial se encuentre paralizada existiendo los medios que permiten su rápido y casi pleno desenvolvimiento”.
Y agregan, “en especial, los derechos y garantías de nuestros ancianos mayores, que litigan para acceder a jubilaciones dignas, y que dado las actuales circunstancias sus expedientes se encuentran sin impulso”.
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Clarín
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