La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisibles” los recursos de casación presentados por las defensas de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Oscar Chueco, en la
causa conocida como “El Entrevero”. Son por presuntas operaciones de blanqueo en la compraventa millonaria de una estancia en Uruguay.
De este modo, el tribunal integrado por Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos confirmó sus procesamientos y prisiones preventivas.
La Sala IV, en medio de la pandemia del coronavirus, falló de manera remota y mediante firma electrónica y digital.
La estancia marítima El Entrevero vinculada a Lázaro Báez en Punta del Este. Está entre la ruta 10 y el mar, en el kilómetro 171. Entre la zona de Manantiales y José Ignacio
Tras la decisión de la Justicia, Jorge Oscar Chueco deberá continuar detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza. Daniel Pérez Gadin seguirá cumpliendo detención domiciliaria, mientras que Lázaro Báez –quien tiene otorgada la prisión domiciliaria- deberá continuar detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza en virtud de la prisión preventiva decretada en otra causa.
De acuerdo al fallo, Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadin y Jorge Oscar Chueco se encuentran procesados como “coautores del delito de lavado de activos agravado por realizar hechos con habitualidad y como miembros de una banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza”. El delito prevé una pena de prisión que va de 4 años y medio hasta 13 años y 4 meses.
En la causa se investiga la presunta adquisición de una estancia denominada “El Entrevero” ubicada en Maldonado, Uruguay, por la suma de U$S 14.000.000 de procedencia ilícita, que habría quedado en cabeza de una sociedad uruguaya controlada por Daniel Pérez Gadín.
“Para ello -dice el fallo- los imputados habrían utilizado dinero de procedencia ilícita a través de mecanismos financieros y bancarios por esa suma de US$14 millones, valiéndose de firmas como Traline SA y Jumey SA a fin de ocultar al verdadero dueño de los fondos”.
En este causa, tal como había difundido Clarín, las alarmas se dispararon luego de que un juzgado de Lomas de Zamora rechazara el pedido de extradición que hicieran los uruguayos respecto de Pérez Gadín.
Recién entonces, Uruguay compartió la información financiera que justificaba sus sospechas sobre el contador de Báez, lo que a su vez causó que el juzgado de Casanello —que investigó las maniobras de lavado de “la ruta del dinero K”— indague a los acusados.
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