La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal rechazó este viernes la apelación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) contra la declaración de inconstitucionalidad de
la Acordada 5/2020 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, que recomendaba y alentaba las excarcelaciones y libertades de presos en el ámbito nacional, bajo el argumento de un posible riesgo sanitario ante la pandemia de coronavirus.
Los jueces Ignacio Rodríguez Varela, Juan Cicciaro y Alberto Seijas hallaron inadmisible el recurso de la histórica abogada del CELS, Paula Litvachky, que intentaba reponer la vigencia de la “recomendación” de la Cámara Nacional de Casación Penal.
La controvertida acordada había sido declarada inconstitucional por el juez Jorge De Santo, titular del juzgado 37, quien aceptó una acción de amparo presentada por la organización Usina de Justicia, que agrupa a familiares de decenas de víctimas de delitos violentos, y a abogados, filósofos y especialistas en temas penales. Usina de Justicia reclamó que las excarcelaciones promovidas por la Casación Nacional violaban la Ley Nacional de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas, y violentaban la independencia de cada magistrado a resolver en sus respectivas causas.
Contra esa sentencia apeló Litvachky en nombre del CELS, la organización de derechos humanos más claramente identificada con el kirchnerismo.
Pero los jueces de la Cámara de Apelaciones no aceptaron ese reclamo por considerar que el CELS no tenía legitimación activa -es decir participación directa- en el proceso.
“La ley de amparo recepta únicamente dos partes legitimadas en el proceso que regula: el accionante y la autoridad requerida. En el presente caso, la Asociación Civil Usina de Justicia se presentó como demandante, denunció la inconstitucionalidad de la Acordada antes aludida y solicitó que así sea declarada. La contraparte en el litigio resultó ser la autoridad que dictó la resolución atacada, en este caso el Estado Nacional, específicamente uno de sus poderes (el Poder Judicial de la Nación) y en particular el Tribunal del que emanó aquella decisión –la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional”, argumentaron los jueces este viernes.
“Son aquellos y el representante del Ministerio Público Fiscal quienes se encuentran revestidos de la facultad de interponer un remedio procesal como el que intenta el aquí recurrente, sin que sea admisible que este último ejerza -ante su silencio- las prerrogativas que aquellos tienen acordadas”, advierten.
“La intervención que se reclama en función del interés invocado –asegurar su derecho a ser oído en el marco del proceso de amparo para plantear, alegar o señalar las posiciones y argumentos relativos a los derechos de las personas detenidas bajo la órbita de los jueces del fuero nacional criminal y correccional–, no podría exceder de aquella que acuerda la figura del amicus curiae (amigos del Tribunal), receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía jurisprudencial. Sin embargo, ese rol no le asigna potestades recursivas ni puede posicionarlo en una suerte de guardián de la legalidad que lo habilite a solicitar la revisión del trámite cumplido ni de lo resuelto, frente a la ausencia de agravio expreso de quienes ostentan innegable legitimación”, dicen los camaristas con cierta dureza. Ese rol, repiten le corresponde al fiscal.
La intervención del CELS en favor de las excarcelaciones masivas es consecuente con su agenda histórica, pero también suma otro dato político respecto al verdadero rol que el ala kirchnerista del gobierno tuvo en la controversia por esa medida, que cuando estalló la polémica y sonaron las cacerolas quiso ser endilgada exclusivamente a los jueces por parte de los gobiernos nacional y bonaerense.
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