Los bonistas rechazaron la oferta y el Gobierno seguirá negociando para evitar el default

necesarios para poder avanzar en un canje. En el Poder Ejecutivo esperan, ahora, que los fondos de inversión extranjeros -que son los mayores tenedores de títulos públicos argentinos- presenten una alternativa. 

Entre hoy sábado y mañana domingo, el Gobierno daría pautas de cómo continuar la negociación. El ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció una quita promedio de 5,5% en el capital adeudado, y del 63% de los intereses. Los grandes fondos -nucleados en distintos grupos-, se negaron a convalidar ese canje. Expresaron que les generaría pérdidas económicas y que recibirían bonos con menos derechos legales.

“En un contexto internacional extremadamente adverso, producto del CoVid19 que generó una crisis mundial económica, financiera y social sin precedentes, dimos un primer paso de una operación muy compleja para restaurar la sostenibilidad de la deuda”, expresó Guzmán en un comunicado.

Se espera que haya una nueva ronda de negociaciones en las próximas dos semanas. La fecha límite es el 22 de mayo. Ese día se termina el “período de gracia” por incumplimientos en el pago de la deuda que Argentina debía realizar el 22 de abril. En caso que no haya acuerdo, los tribunales declararán al país en “default”.

Fuentes oficiales dicen que, si los acreedores hacen una propuesta “razonable”, siguiendo “nuestros parámetros de sustentabilidad”, la tendrán en cuenta. Hasta ahora, los ida y vueltas entre las partes no provocaron un acuerdo.

El Ministerio de Economía difundió en la semana una propuesta que le presentó al fondo de inversión Blackrock, y la exigencia de ese acreedor. Ese “borrador” contenía términos más generosos hacia los bonistas que los finalmente ofrecidos, según observan los analistas de mercado. Los fondos Blackrock, Pimco y Fidelity tienen más del 70% de los títulos argentinos del canje. Ninguna de ellos tomó la propuesta.

En caso que se modifique la oferta, y haya alguna mejora, los que ingresaron al canje que venció el viernes también podrán acceder a esos términos.

El Gobierno logró adhesiones a la negociación que no fueron los inversores: el papa Francisco, el arco político local, empresarios y sindicalistas, renombrados académicos y una larga lista de economistas locales, que incluye a ex ministros, como Roberto Lavagna y José Luis Machinea. El Fondo Monetario Internacional (FMI), que es el mayor acreedor del país ya que prestó US$ 44.000 millones, también expresó que acompañaba la negociación. Sin embargo, aún no hay un acuerdo entre el organismo multilateral y la Argentina, aunque Guzmán repite que se está trabajando en esa dirección.

Aunque el Ministerio de Economía no difundió hasta el viernes a la noche los niveles de aceptación, en el mercado la estimaban por debajo del 20%. Para reestructurar los bonos, se necesita la anuencia del 66% o 75% de los acreedores, según las características del título emitido. Según datos que manejan analistas locales, entre un 12,8% y 15% de los bonistas aceptaron el canje propuesto por el Gobierno.

Argentina incumplió el 22 de abril el pago de intereses de tres bonos, cuyos vencimientos eran en 2021, 2026 y 2046. Entró en un “período de gracia” de 30 días. Si llega a un acuerdo con los acreedores, evitará el default. De no encontrar coincidencia, los acreedores pueden ir a la justicia estadounidense, que es la jurisdicción en la que se emitió la mayoría de la deuda argentina. Y allí solicitar que se declare a la República Argentina en “default”.

“Buscamos resolver una situación de virtual default con responsabilidad y para ello el acuerdo debe ser sostenible en el tiempo. De poco serviría hacer una oferta sobre la base de algo que no se puede cumplir, eso sería patear la pelota para adelante”, le dijo Guzmán a Clarín en una entrevista publicada el domingo. “Poco tiempo después, Argentina necesitaría volver a encarar el mismo proceso de reestructuración y en el transcurso habría un marco de incertidumbre. La evidencia es abrumadora: los países que proponen algo sobre la base de metas que no se pueden cumplir empeoran”, enfatizó.

En la propuesta que venció el viernes, El Gobierno buscó reemplazar toda la deuda externa emitida hasta ahora por nuevos bonos que vencerían entre 2030 y 2047. Manifestó que recién comenzaría a pagar intereses en noviembre de 2022 y amortización de capital en noviembre de 2026.

La propuesta del ministerio de Economía suponía la emisión de cinco títulos nuevos, con vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.

La propuesta era que los acreedores deben resignar hasta un 18% del valor de los bonos en aquellos de vencimiento más corto. En otros más largos, los tenedores de deuda deben afrontar un 5% de disminución de capital. Los únicos que no tendrían quita en el valor “nominal” son los que vienen de los canjes de 2005 y 2010. A ese grupo se le respetaba su tenencia, aunque se extendía el plazo de tiempo en el que les pagarán.