El Gobierno avanza en el manejo de información sobre las personas, a través de la ubicación por el GPS que tiene los teléfonos celulares, con la obligación de usar la
Es que esa aplicación permite a la Jefatura de Gabinete controlar online dónde está la gente, por mecanismos de geolocalización, en lo que algunos especialistas consideran que podría darse un avance sobre los datos personales que recolecta y utiliza el Gobierno nacional.
La app CuidAR ya la usan más de 1,5 millón de personas, que pueden elegir si permiten que el Gobierno pueda ubicarlos por geolocalización del GPS mientras usan la aplicación o incluso cuando no la están utilizando.
Desde el Gobierno aseguraron que la geolocalización permite enviar esa información a los Comités Operativos de Emergencia Provinciales (COEP). “Es importante que cada provincia sepa qué personas pueden tener síntomas de coronavirus, así como su dirección para poder ubicarlos”, dijeron fuentes oficiales a Clarín.
Sin embargo, cuando se instala la aplicación en el teléfono celular, se le pregunta al usuario si permite que el Gobierno “acceda a tu ubicación” sólo al usar la app, siempre o no permitir. Según figura ahí, esa información es importante, porque “conocer tu localización nos permite tener mejores estadísticas para controlar la pandemia”, dice la app del Ministerio de Salud, cuya gestión está a cargo de la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete.
“El presidente Alberto Fernández anunció que la app CuidAR será obligatoria para las personas que vuelvan a trabajar. Sin embargo, nos quedan serias dudas sobre el uso de los datos de los usuarios. Queremos saber por qué monitorea el Estado”, dijo la diputada Karina Banfi a Clarín. Y agregó: “Hay que dar una discusión sobre la vigilancia estatal, porque si vamos a una sociedad vigilada, hay que tener bien claro cuáles son los límites”.
Por eso, un grupo de diputados opositores de Juntos por el Cambio presentaron esta semana un pedido de informes por los datos personales que recolecta la app CuidAR. El pedido lo presentó la diputada radical Karina Banfi, con el acompañamiento de Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Alberto Assef, Martín Berhongaray, Ezequiel Fernández Langan y Jorge Vara.
Los diputados solicitaron a la Secretaría de Innovación Pública que indique “cómo se administran los datos personales obtenidos, y de qué manera se informa a los usuarios sobre la protección de dichos datos en virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales”. También, que se detalle “qué información recolecta la aplicación y cómo es su tratamiento con otras jurisdicciones”.
Es que primero se dijo que la aplicación CuidAR era para los que querían hacerse el autotest de coronavirus. Luego el Gobierno avanzó en forzar su obligatoriedad para los que son casos positivos de coronavirus, sus contactos más estrechos y los que ingresan a la Argentina. Y ahora se extendió a los que vayan a trabajar, ampliando considerablemente el control social que tiene el Gobierno sobre el movimiento de la gente.
Incluso fuentes oficiales dijeron a Clarín que la idea a futuro es agregar nuevas funcionalidades, para incorporar datos de las personas “cercanas al usuario”, de modo de tener información de salud de la familia conviviente, también el calendario vacunatorio y hasta las recetas digitales, para que esta plataforma vaya incorporando cada vez más prestaciones.
Para Silvana Giudici, ex titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), no puede hacerse el seguimiento por geolocalización “sin consentimiento expreso del usuario cada vez que se active la app. Los datos deben guardarse en base de datos separadas. Si una sola autoridad administrativa tiene acceso a toda la información recolectada como datos médicos, identidad, movilidad y datos biométricos el riesgo de intromisión sobre la libertades individuales es enorme”.
Sin embargo, el Gobierno se basa en razones de “emergencia” para monitorear el movimiento de los ciudadanos con la app CuidAR, argumentos que en la Argentina hasta ahora en democracia no se habían utilizado.
Eduardo Bertoni, titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, planteó a Clarín que, “de acuerdo a la legislación Argentina, el consentimiento debe ser libre, por lo cual no puede obligarse a darlo. Sin embargo, también la ley dispone que el Estado tiene facultad de recolectar información aún sin consentimiento en ciertas circunstancias”, dijo Bertoni. Y agregó: “Ello coincide, por ejemplo, con la nueva regulación europea (RGPD-GDPR) que permite el tratamiento de datos por parte de los estados sin el consentimiento de los titulares ‘por motivos importantes de interés público y en situaciones de emergencia humanitaria, sobre todo en caso de catástrofes naturales o de origen humano'”.
La tensión entre los límites que plantea el control gubernamental y el derecho a la privacidad suma un nuevo capítulo, que ahora se traslada a la vida cotidiana de las personas, sumando un nuevo conflicto político en el país.
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