Otra denuncia por irregularidades en la compra de alimentos, pone bajo la lupa al Ministerio de Desarrollo Social. Con un expediente en el fuero penal por los delitos de fraude a
la administración pública, abuso de autoridad y eventual negociaciones incompatibles con la función pública, ahora se sumó una nueva presentación realizada por el responsable de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez que marca presuntos sobreprecios e incumplimientos en los procesos licitatorios para la adquisición de harina de trigo tipo 000.
“Se puede advertir que el procedimiento de selección relativo a la adquisición de harina de trigo 000 fue adjudicado, aunque en un pequeño porcentaje, por encima del precio testigo proporcionado por la SIGEN, sin que obrara argumentación por las autoridades competentes sobre la necesidad de continuar con dicho procedimiento pese a ello”, sostiene la denuncia del fiscal Sergio Rodríguez a la que accedió Clarín.
El planteo se suma a la investigación que abrió en Comodoro Py el fiscal Guillermo Marijuan, donde se analizan las compras de alimentos en medio de la emergencia sanitaria del Covid19 que iba a realizar la cartera que dirige Daniel Arroyo. La suma comprometida rondaba los $ 547 millones y derivó en la renuncia de quince funcionarios que intervinieron en las resoluciones ministeriales.
En esta ocasión, el titular de la PIA detectó nuevas irregularidades en otras órdenes de compra y consideró que “los montos ofertados y adjudicados superaron ampliamente los precios máximos publicados por el Ministerio de Desarrollo Productivo”. Así los precios máximos respecto a harina de trigo tipo 000 marca Morixe se establece en los $ 34,1 y respecto a la marca Caserita se encuentra previsto en los $ 49,6, detalló Rodríguez.
Al formular la ampliación de la denuncia, se estableció que habría un “modus operandi”, una “maniobra de similares características a las compras anteriores donde se estimaban sobrecostos por encima del 66%”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. En el expediente analizando respecto a la harina 000, “nos encontraríamos con una diferencia del 65 % aproximadamente con relación a la marca Morixe”, es decir entre el producto y la intermediadora.
Por ello, el titular de la PIA consideró que estos números “confirman nuevamente la irrazonabilidad de las adjudicaciones formalizadas y la afectación al principio de eficiencia a que debe ajustarse la gestión de las contrataciones, evitando costos elevados”.
Al realizar el estudio de los procedimientos de compras se remarcó que todos ellos “presentaban distintas irregularidades que permitían suponer un accionar disvalioso por parte de funcionarios y particulares”. Cuando la denuncia inicial realizada por la abogada Silvina Martínez se judicializó el Ministerio de Desarrollo Social suspendió las contrataciones de bienes. La PIA accedió a todos los expedientes administrativos. Por ello continuaron apareciendo novedades.
En lo relativo a la adquisición de harina, “conserva los parámetros de irregularidad advertidos en los otros procesos ya denunciados, mientras que el proceso de compra de leche entera en polvo, permitió verificar, en principio, que el cumplimiento de las normas que regulan este tipo de procesos, conllevan a la adquisición de los bienes a precios más bajos y acordes, no solo a los informados por la SIGEN, sino también a los establecidos por el programa de precios máximos”, expresa la denuncia.
Para la adquisición de harina de trigo tipo 000, expediente iniciado el 22 de marzo por la Dirección de Compras y Contrataciones y firmada por Alfredo Andrés Gaudino, se expuso la cadena de responsabilidades: el fiscal Rodríguez señaló que con motivo del requerimiento efectuado por el entonces Secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo se dio impulso al procedimiento de selección para atender la emergencia e instrumentado la contratación directa.
Se solicitó de esta manera la compra de 1.700.000 kilogramos de harina de trigo, estimándose el gasto en la suma total de $ 91.324.000,00, “sin que obre la forma en que fue estimado el mismo”, resalta la presentación judicial..
Las empresas invitadas fueron: Alimentaria Correntina SRL, Alimentos Generales SA, Alisec SAC, Blue Carering SA, Copacaban SA, Equis Quince SA, Forain SA, Los Agro Andino, Nomeboro SA, Sol Ganadera SRL y Teylem SA. “Nuevamente se habría considerado invitar a Nomerobo S.A. quien, conforme el registro del portal de compras de la ONC registraba sanciones por incumplimientos contractuales en el propio Ministerio de Desarrollo Social; y a Alimentaria Correntina SRL la cual solo se encontraba inscripta en el SIPRO en el rubro alimentos, clase arroz”.
En este punto, el fiscal Rodríguez apuntó hacia la cadena administrativa: señaló que prestó conformidad la Directora General de Administración (Marina Erroitzarena), la Dirección de Compras y Contrataciones (Mariano Manuel Rueda). Entonces, se pocedió a efectuar las invitaciones a las empresas. Según el informe de la SIGEN que analizó la PIA, se consignó como precio unitario la suma de $ 45,46 iva incluido 7 % (siendo la unidad de medida 1 kg.), total $ 77.282.000.
Así, se aprobó la contratación directa por emergencia COVID-19 con el objeto de la adquisición de 1.700.000 kilogramos de harina de trigo en paquetes de 1 kilogramo cada uno; y se adjudicó la misma por la suma de $ 35.553.800 a Teylem: 340.000 kg. de harina de trigo en paquetes de 1 kg., marcas Morixe, Sol Pampeano o Bruning, por el precio unitario de $ 52, total $ 17.680.000. También a Alimentos Generales SA por 340.000 kg de harina de trigo en paquetes de 1 kg, marca Caserita, por el precio unitario de $ 52,57 según mejora de precio, total $ 17.873.800.
Asimismo se declaró desierta la cantidad de 1.020.000 kilogramos de harina. “Se adjudicó a las firmas por encima del 10 % del precio testigo suministrado por la SIGEN, aun en el caso de la solicitud de mejora de precio a la firma Alimentos Generales, sin que obre justificación alguna respecto a la necesidad de proceder a dicha adjudicación”.
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