Cuando los Tribunales Federales de Comodoro Py logren reacomodarse a la nueva realidad del coronavirus, en la Sala Amia, en la Planta Baja del edificio, recomenzará uno de
los juicios más grandes contra una banda dedicada al narcotráfico: la organización liderada por el peruano Marco Estrada González (59).
“Marcos” -apodo por el que se lo conoce- lleva casi tres décadas siendo sinónimo de venta de drogas y de poderío en una zona específica de la Capital Federal, la villa 1.11.14 del Bajo Flores. Esa es justamente hoy una de las zonas que más preocupan a las autoridades por cuestiones sanitarias.
Desde 2016 Marcos está preso, su esposa (y principal socia) está presa, su suegra está presa y 40 de sus subalternos están presos. Pero aun así, junto con la villa 31 de Retiro, la 1.11.14 es históricamente considerada una de las bocas de expendio de drogas minorista y mayorista más grande de la ciudad… sino la más grande.
O al menos eso era así hasta el pasado 20 de marzo cuando el presidente Alberto Fernandez decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio.
Al parecer, según confiaron fuentes judiciales a Clarín, el refuerzo de los controles de Gendarmería y Policía en la zona para tratar de hacer cumplir una cuarentena dentro del barrio (el que que viven al menos 45.000 personas) dificultó muchísimo la logística de los narcos.
Las famosas filas de 70 metros de clientes para comprarles a los punteros mientras los campanas vigilan que no aparezca nadie sospechoso, los remises que entran y salen del barrio llevando y trayendo los panes de drogas para el círculo mayorista. Todo eso- aseguran las fuentes- quedó parado por la pandemia.
Una foto con filas de 70 metros para comprar drogas en la villa 1-11-14, en 2019.
“Los clientes se mudaron a otros barrios, como el Piedrabuena (en Villa Lugano), donde los controles no se reforzaron tanto. Al menos hasta ahora la 1.11.14 no es lo que era debido al coronavirus”, explicó un investigador quien también señaló otro factor que está afectando la organización de Marcos, que hasta hace poco parecía inexpugnable.
Según las fuentes consultadas por Clarín, hace tiempo, un año aproximadamente, “Marcos” se peleó con su hermano “Piti”, quien se encuentra prófugo de la Justicia federal. Se cree que vive en Lima (Perú) y maneja todo desde allá.
Marco Estrada González, “Marcos” Estrada, en juicio por una megacausa narco.
Esta disputa no es menor, ya que en en la última etapa de la banda “Marcos” y “Piti” se rotaban los puntos de venta. Cuatro semanas entraban a vender los laderos de “Piti”, cuatro semanas los de “Marcos”. Un sistema aceitado que por razones todavía poco claras se rompió. Algunos hablan de que a “Piti” comenzaron a no cerrarle en números esta movida.
El coronavirus llegó para complicar aun más el negocio. Una excepción a este parate por la pandemia sería la zona de la villa del Bajo Flores copada desde hace años por clanes paraguayos y argentinos, separados de los peruanos por la avenida Riestra. Esto es el sector de las manzanas 9 A, 9 B y 26 más cercanas a la cancha de San Lorenzo. Allí, aunque se comercializa de todo, el fuerte es la marihuana y el poder estaría repartido en varias manos.
Por primera vez en años el panorama narco en la 1.11.14 parece ser distinto al que siempre se conoció con el reinado de “Marcos”. Eso sí, hizo falta una pandemia global.
Porque desde que en 1999 el entonces capo de la villa, Julio Chamorro Revollar, fuera asesinado mientras jugaba al fútbol en una canchita del asentamiento, “Marcos” no paró de sumar poder, y también causas judiciales.
En 2004, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de la Capital Federal lo condenó a la pena de cuatro años y dos meses de prisión como organizador de una asociación ilícita, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de intervinientes y acopio de armas y municiones de guerra. Pero salió relativamente rápido porque ya había pasado bastante tiempo preso antes de la condena.
Esa causa representó la ruptura con su histórico compañero, Alionzo Rutillo Ramos Mariño (alias “Ruti”). El quiebre de esa relación provocó una guerra en la que durante años sucesivos cayeron al menos 20 víctimas a manos de sicarios de ambos bandos. Finalmente “Marcos” logró quedarse con el control de buena parte de la villa 1.11.14.
Su negocio floreció, pero también florecieron las causas en su contra y en 2007 fue capturado en Paraguay (donde se escondía) y extraditado a la Argentina. Aquí, en pocos años, sumó dos condenas.
En 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital Federal lo condenó por tráfico en juicio abreviado a la pena de seis años de prisión. En 2013, le impuso una nueva condena de seis años por tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la participación organizada de tres o más personas y acopio de armas de fuego, sus piezas y municiones. Finalmente la pena se unificó en 10.
Alionzo Rutillo Ramos Mariños, alias “Ruti”, extraditado desde Perú.
Pero ahí no termina la cosa. Desde mediados del 2019 todo el clan (un total de 51 imputados) enfrenta un megajuicio juicio oral que quedó suspendido por el brote de COVID-19.
Este juicio quedo en medio de un escandalete la semana pasada cuando el presidente del tribunal intentó a las apuradas retomar el debate de manera remota a traves de una aplicación similar a Zoom.
Desde la fiscalía, las defensas -e incluso los otros dos integrantes del tribunal- lo criticaron duramente. Todo fue marcha atrás, pero en el medio quedaron serias acusaciones entre los jueces, que más tarde o más temprano se tendrán que sentar a decidir el destino de uno de los narcos más emblemáticos del país.
EMJ
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