La gestión de la crisis anterior, la que estalló en 2008 en Estados Unidos y casi se lleva por delante al euro entre 2010 y
2012, parece que está sirviendo a los gobiernos europeos para cambiar sus ideas económicas. Cuando hace una década hubo que sostener la deuda de varios países, que amenazaban default, se exigió, a cambio de los préstamos, un paquete de ajustes muy duro que incluía todo el recital tradicional: recorte de salarios a los empleados públicos, recorte de pensiones de jubilación y menos gasto público en general.
Se prometía, creyendo en la mentira intelectual de la ‘austeridad expansiva’, que el ajuste generaría confianza en el sector privado y haría rebotar las economías. En la práctica ocurrió lo que denunciaban decenas de los mejores economistas europeos: un rebote político en forma de voto a partidos populistas, sobre todo de ultraderecha, que llegaron para quedarse y todavía condicionan las políticas de muchos países del bloque.
Diez años después Europa afina el tiro. Los ministros de Finanzas de los 19 países de la Eurozona aprobaron esta semana pasada las modalidades técnicas de los préstamos que dará en los dos próximos años el fondo de rescates creado hace una década, el MEDE. Con 240.000 millones de euros sólo para esta crisis, el MEDE prestará a 10 años, a una tasa de interés del 0,115% y por un máximo del 2% del PBI del país que pida la plata.
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Nadie admite que vaya a hacerlo, pero todos miran a Italia (que podría acceder como máximo a 35.000 millones) y a España (que por su peso económico podría pedir hasta 25.000). Son cifras menores en comparación con el producto de esos países y con las necesidades que genera el impacto económico de esta crisis, pero son sólo la parte destinada a cubrir el aumento del gasto sanitario.
A cambio de los préstamos, Bruselas no enviará a sus “hombres de negro” a controlar ningún tipo de ajuste. La única condición es que el dinero vaya a cubrir “gasto directo e indirecto” de la crisis sanitaria. Por indirecto se entiende casi cualquier cosa, dando así mucho margen a los gobiernos.
Además de ese programa, la Unión Europea pone en marcha el SURE (100.000 millones de euros para sostener los programas de desempleo temporal) y lanza al Banco Europeo de Inversiones a prestar hasta 200.000 millones de euros a pymes del bloque. Las grandes empresas, las que cotizan en las bolsas, ya pueden acceder a la ventanilla de préstamos del Banco Central Europeo.
Con este primer paquete aprobado –y con el sostén de 1,1 billones del Banco Central Europeo en forma de compra de deudas-, Bruselas se prepara para presentar esta semana el plato fuerte de la respuesta europea a la crisis, un ‘instrumento europeo de recuperación’ que, con aumento del presupuesto comunitario y emisiones de deuda conjunta, aspira a movilizar hasta 2,2 billones de euros, que los gobiernos recibirían como préstamos baratos o directamente como transferencias a fondo perdido. Los últimos flecos por cerrar son precisamente cómo se reparte el fondo entre préstamos y transferencias a fondo perdido.
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El acuerdo del viernes sobre las modalidades de los préstamos del MEDE fue seguido de una salida en tromba de los responsables europeos para quitarle a ese fondo el estigma que asumió hace una década. Todos repiten desde la noche del viernes que sus préstamos no conllevan ajustes ni visitas de funcionarios extranjeros a controlar las cuentas públicas. Klaus Regling, el alemán que preside el MEDE, ya dijo el viernes que entenderá que “los países que han sido más afectados por el virus no tendrán ningún problema para demostrar que han gastado en esta crisis el 2% de su PBI”.
Mario Centeno, ministro de Finanzas de Portugal y primus inter pares de los ministros de la Eurozona, explicó que más allá de la puesta a disposición de esos préstamos baratos, la decisión “es una señal de seguridad para los mercados, que saben que estamos dispuestos a intervenir”.
Otro de los cambios en política económica es el “descontrol” que Bruselas permitirá con las ayudas públicas a empresas privadas. Si durante épocas normales la Comisión Europea mira con lupa que los gobiernos no den ayudas de Estado ilegales que puedan alterar la libre competencia, esta crisis ha casi anulado ese control.
El viernes, el brazo ejecutivo de la UE decidió autorizar que los Estados miembros de la UE entren en el capital de las empresas a las que ayuden o que les presten directamente sin pasar por la banca. A cambio, esas empresas no podrán pagar dividendos a sus accionistas ni bonos a sus patrones. Tampoco podrán recomprar sus acciones. Esa alteración de las normas será por un mínimo de siete años.
Bruselas, especial
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