La pandemia por coronavirus llevó a que se adopten varias medidas ante la emergencia sanitaria, entre otras, rever la situación en los presidios. Por recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) todos los países del mundo comenzaron a llevar adelante acciones tendientes a evitar el hacinamiento en las cárceles otorgando ciertas libertades y excarcelaciones. Pero en Argentina la puesta en práctica de estas decisiones no hizo más que reflotar la grieta.
Tras las primeras liberaciones, la oposición argumentó que el Gobierno otorgaba libertades de manera discrecional y afirmó que había “organizaciones que responden al Ejecutivo y presionan a los jueces para que liberen detenidos”. Además se explicó que las excarcelaciones eran excesivas y que el número de liberados era desproporcionado y hasta se convocó a un cacerolazo desde los balcones el jueves 30 de abril para reclamar que cesen las liberaciones. El Gobierno minimizó la situación y afirmó que era el Poder Judicial el que decidía. Alberto Fernández recurrió a Twitter para hablar de una campaña mediática en su contra tras las acusaciones contra su gestión.
Números. Los datos, en tanto, dieron cuenta de que ninguna de las versiones es del todo cierta y que cada facción política adecuaba partes de la realidad a su discurso. NOTICIAS consultó al Servicio Penitenciario Bonaerense, el más grande del país con más de 40.000 detenidos, y confirmaron que las liberaciones que se realizaron entre el 17 de marzo y el 17 de abril, los últimos datos actualizados, son incluso menores que las mismas que se hicieron en el mismo período de tiempo de 2019. 2.200 fueron los reclusos que salieron y de ese total, 599 fueron beneficiados con la domiciliaria por el brote de coronavirus. Pero de esas exoneraciones, el 10% de los beneficiados estaban recluidos por delitos graves, algo que no estaba autorizado por la resolución judicial.
Desde el Sistema Penitenciario Federal, en tanto, confirmaron que sí se observó un drástico incremento de liberados pero que era lógico en el marco de las recomendaciones humanitarias para afrontar la pandemia. Entre mediados de marzo y mediados de abril, 688 reos fueron liberados de penales federales y de ese total, el 45% (314 reclusos) lo hicieron debido a la emergencia sanitaria. En el mismo período de 2019, el total de liberados fue más de un tercio menor, llegando a 408 liberados.
Así, los propios datos confirman que las liberaciones fueron coherentes teniendo en cuenta la pandemia, pero también dan cuenta de que no todas esas prisiones domiciliarias se otorgaron de manera correcta y que, en efecto, salieron de prisión delincuentes con peligrosos antecedentes.
Grieta. La decisión sobre cómo abordar la situación de los reclusos ante la pandemia fue delicada en todo el planeta. Sin embargo, en ningún otro lugar tomó un tono político como en Argentina. Los motivos para esto son varios. En primer término, por el hecho de que uno de los primeros beneficiados con la prisión domiciliaria debido a la emergencia sanitaria fue Amado Boudou, ex vicepresidente y condenado en 2018 a cinco años de cárcel. Pocos días después, Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación, pidió a la Justicia que le otorgara el mismo beneficio a Ricardo Jaime, ex ministro de transporte y también preso por corrupción, y a Martín Báez, el hijo de Lázaro.
Aunque luego fue respaldado por el Presidente, las acciones de Pietragalla hicieron que se ganara un reproche de sus superiores por su poco timing político para el reclamo y lograron que la oposición saliera al cruce. La mesa ejecutiva del PRO manifestó su rechazo a la decisión de otorgar libertades argumentando que se trataba de una maniobra para liberar a kirchneristas presos. Patricia Bullrich, presidenta del partido, afirmó: “El motín en la cárcel de Devoto, al igual que los que ocurren en el resto del país, es una consecuencia de la política del gobierno nacional en el intento por liberar a presos como Boudou, Jaime o D’Elía”. En una misiva exhortaron al Poder Ejecutivo a explicar “de qué lado está”, trazando una línea ideológica y reavivando la grieta. “Un tema que debía ser judicial y analizado con cautela se politizó y se hizo todo rápido y mal”, reflexionó ante NOTICIAS un alto funcionario de la Justicia bonaerense.
La tensión no hizo más que acrecentarse cuando Víctor Violini, juez de la Cámara de Casación Bonaerense y confeso kirchnerista, firmó la resolución que habilitó la salida de reclusos de las cárceles bonaerenses. La resolución judicial no permitía el arresto domiciliario de criminales condenados por “delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia”. Sin embargo, a pesar de que el propio Violini aclaró esto, en los hechos no fue así. Entre los liberados hubo al menos una decena de reclusos bonaerenses que cumplían penas por delitos de este tipo y el escándalo estalló. “Es evidente que algunas libertades no se otorgaron de manera correcta. Pero tampoco es que se abrió la puerta de la cárcel para que saliera cualquiera”, comentaron a NOTICIAS desde el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Tanto la Suprema Corte de Buenos Aires como el juez de instrucción Jorge Santos en el ámbito federal, a través de sendas sentencias, dejaron sin efecto los fallos que habilitaban las prisiones domiciliarias y ahora se deberá resolver la cuestión de fondo. Entre algunos datos tergiversados y recortes subjetivos de la realidad, lo cierto es que Argentina sigue presa de su propia división.
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