Hotesur, la empresa de los Kirchner que está en juicio, es “poco rentable” y no quiere cobrar los alquileres vencidos

SA, la principal empresa de la familia Kirchner investigada por haber sido utilizada para lavar $ 80 millones con la ayuda de Lázaro Báez y fondos del Estado nacional.

Hotesur, junto con la inmobiliaria Los Sauces también de los Kirchner, fueron noticia esta semana por la polémica decisión del titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, de retirarse como querellante del juicio oral por el lavado de dinero a través de esas dos firmas.

Un informe de la intervención reiteró la poca actividad de la compañía y los problemas actuales con su gerenciadora, Idea SA (propiedad de Osvaldo Sanfelice, socio de Máximo Kirchner). Esta última seguirá intervenida hasta que lleguen a un acuerdo económico que salde las acreencias.

Hace cuatro años que la empresa familiar de los Kirchner, dueña del hotel Alto Calafate, cuenta con un interventor judicial. Los informes presentados ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) responsable de realizar el juicio, no son alentadores. El retiro de la OA del juicio oral, no modifica la situación procesal de los Kirchner ni el deterioro financiero de Hotesur SA.

La acusación judicial es por haber montado una estructura de lavado de dinero a través de la actividad hotelera.  Mientras Lázaro Báez -quien fue el otro inquilino- recibía contratos viales por $ 46.000 millones, explotaba Hotesur. Así, entre 2009 y julio de 2013, el empresario K garantizó a los Kirchner $ 27,5 millones por el gerenciamiento del Alto Calafate y más $ 11 millones por habitaciones que contrató y que nunca utilizó. La Justicia concluyó que se blanquearon $ 80 millones.

Los problemas actuales radican en el acuerdo comercial entre Hotesur e Idea (de Osvaldo Sanfelice quien además, estuvo en el directorio del Alto). Un concepto que se vertió en algunos informes de la intervención sostienen que se refleja la existencia de “un “grupo económico” que ha diseñado una ingeniería societaria y un mecanismo de explotación que es funcional a eludir la cautela judicial y que además ocasiona gastos estatales”.

Por otro lado, fuentes judiciales señalaron que las conclusiones reiteran que “la actividad comercial es escasa y poco rentable”. Al punto que en 2018, el interventor sugirió disolver la sociedad y liquidarla, algo que no ocurrió.  

El interventor judicial en sendos escritos reiteró el mismo concepto: “La sociedad dueña del Alto Calafate, no desarrolla actividad alguna para preservar su valor ni la renta de este”. Es que desde 2017, Hotesur está acéfala, sin un directorio nombrado, algo que según Máximo y Florencia Kirchner, respondió a la “persecución política” de la que aducen ser víctimas.

La situación sumó otro problema. Según manifestaron las autoridades judiciales, los dueños de Hotesur no mostraron “interés en cobrar alquileres vencidos”. Esto es en relación a Idea SA responsable de explotar el hotel. 

Hubo otro problema a resolver, los interventores de Idea no modificaron el importe del alquiler establecido en el contrato vencido y “que regía desde enero de 2015, de 190.000 pesos más IVA”. El responsable de administrar Hotesur pidió que ese valor se actualice, y sólo se habló de la posibilidad de pagar $ 500.000, pero no sucedió. Todo va a pérdida.

Los cálculos realizados por la OA cuando era querellante en el caso, bajo la gestión macrista, indicaban que el alquiler de Hotesur SA “representa un porcentaje de rentabilidad del hotel menor al 1% anual, lo que resultaría antieconómico e insuficiente”. Aquel panorama en un análisis reciente, confiaron fuentes judiciales, “no varió demasiado”, explicaron a Clarín.

Aún queda por dirimir una deuda que Hotesur reclama a Idea SA por meses y meses de cánones que no se pagaron: la cifra asciende a $ 3.406.854. “Algunos pagos se fueron realizando en cuotas pero las empresas no se ponen de acuerdo respecto al pasivo”, dijeron fuentes del caso a Clarín. Por ello, el TOF 5 recientemente, decidió prorrogar la intervención de la gerenciadora del hotel, hasta tanto se clarifiquen los números y se salden las deudas.

Los valores resultan desproporcionados para el interventor quien según el cálculo que realizó, el contrato de locación -antes que ambas empresas fueran intervenidas-, se fijó en una renta anual de 70.000 dólares, ya que según las averiguaciones realizadas se estimó que el valor del inmueble más sus bienes de uso “difícilmente fueran menor a 8 millones de dólares”.