La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador suspendió este lunes temporalmente el decreto de estado de emergencia dictado por el Gobierno de
title=”nayib-bukele” target=”_blank”>Nayib Bukele, quien prescindió del Congreso para tomar la medida en tiempos de coronavirus.
Los magistrados del Supremo admitieron una demanda de inconstitucionalidad para determinar supuestos “vicios de forma” y si el mandatario ejerció una función del Congreso “sin justificación”, según la resolución.
Con esta decisión suspendieron de forma “inmediata y provisional” los efectos del decreto ejecutivo “mientras se tramite este proceso de inconstitucionalidad” promovido por un ciudadano.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reuters
“Las autoridades del órgano Ejecutivo no podrán ejercer ninguna de las atribuciones que dicha normativa establece; asimismo, se suspenden los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del aludido decreto ejecutivo”, añadieron los jueces constitucionales.
De acuerdo con el Ejecutivo, el estado de emergencia da sustento legal a las medidas de confinamiento y de alivio económico a la población, como la moratoria al pago de servicios básicos.
La resolución apunta que el presidente Bukele tiene 10 días para pronunciarse sobre la justificación legal de la medida, mismo tiempo que tiene Fiscalía General de la República para dar su posición.
La Sala de lo Constitucional también llamó al Gobierno y Congreso a realizar un “esfuerzo mutuo” para la pronta aprobación de una ley de emergencia nacional “que actualice las condiciones en las que la sociedad salvadoreña se encuentra a la fecha frente al combate del COVID-19”.
El estado de emergencia, aprobado el pasado 30 de abril por la Asamblea Legislativa, expiraba la noche del sábado por lo que, amparándose en un artículo de la Ley de Protección Civil, el gobierno lo prorrogó a partir del domingo y con vigencia de un mes.
El estado de emergencia faculta al gobierno a restringir la libertad de tránsito y reunión de personas, entre otros derechos, mantiene suspendidas las clases y difiere el pago de servicios de agua, electricidad y teléfonos, además de permitirle utilizar fondos de instituciones del Ejecutivo para hacer frente a la pandemia.
En su mensaje a la nación, Bukele informó que su gobierno ha realizado en el período de la emergencia una millonaria inversión que incluye 575 millones de dólares en la compra Azitromicina y de Hidroxicloroquina para combatir la pandemia.
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Los diputados se encuentran discutiendo este lunes una serie de propuestas y se espera que voten hoy mismo una nueva ley de estado de emergencia nacional.
Según el último recuento oficial, El Salvador registra 1.413 casos confirmados de COVID-19, 30 fallecidos y 1.052 pacientes con sospechas.
El presidente Bukele reaccionó desde su cuenta de Twitter y aseguró que este es “un acto sin precedentes” de la Sala de lo Constitucional.
“Le quita una facultad a la Presidencia de la República, una facultad que han tenido y utilizado todos los presidentes de El Salvador, en tiempos de emergencia. Y lo hacen en la emergencia más grande que el mundo ha tenido en 100 años”, apuntó.
El Gobierno declaró cerca de la madrugada del domingo un estado de emergencia para frenar el avance del COVID-19, amparado en una ley que se lo permite si el Congreso no puede reunirse.
El Gobierno evocó un artículo de la Ley de Protección Civil que le da la facultad de dictar la medida ante problemas para concretar una sesión de los diputados, pero la Fiscalía apuntó que “la Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse”.
La medida gubernamental fue catalogada por diputados y analistas como un “desconocimiento” del órgano Legislativo y estado de excepción “encubierto”.
La Fiscalía tildó la acción de ser “un acto de usurpación de facultades” y también ha pedido su nulidad, dado que considera que “la Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse”.
El secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, dijo el domingo en declaraciones a la prensa internacional que sin el estado de emergencia no tienen fundamento jurídico la ley de confinamiento obligatorio y el decreto presidencial que declara la cuarentena “absoluta”.
El Gobierno salvadoreño prevé que el sistema hospitalario colapse en las próximas semanas por el ritmo acelerado de los contagios y el incremento en la cifra de casos sospechosos.
Un grupo de médicos y empleados del Ministerio de Salud llamaron este lunes al Congreso a mantener las medidas de confinamiento mediante un estado de emergencia.
“Apoyamos las medidas del estado de emergencia, las cuales deben de ser ratificadas por la Asamblea Legislativa y pedimos que se continúe con las medidas de cuarentena domiciliar” para contener el avance del virus, dijo a la prensa Rigoberto González, director del hospital público José Molina Martínez.
La jefa de enfermería de dicho centro aseguró que el país se encuentra en el pico de contagios, por lo que llamó también a la población a seguir con las medidas de protección.
Fuente: EFE, AFP y Clarín
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