La noticia es técnica y por supuesto judicial, pero también -quizás sobre todo- política: por el momento, el soporte tecnológico con el que cuenta el Poder Judicial no es adecuado para reanudar
juicios por corrupción de gran envergadura. Primero se analizó el caso contra Cristina Kirchner por el presunto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz, después el juicio por “la ruta del dinero K” también contra Báez, y ahora otro también chocó con el límite tecnológico el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por la defraudación al Estado de 8.000 millones de peso a través de la empresa Oil Combustibles.
La cuestión estalló esta semana, y tuvo varias escaramuzas. Causó una discusión en el Consejo de la Magistratura, después que el diputado Pablo Tonelli planteara su preocupación por la falta de soporte tecnológico suficiente para garantizar la continuidad de aquellos juicios que ya habían comenzado previo a la pandemia. El presidente del organismo, Alberto Lugones, le respondió que el informe remitido por uno de los integrantes de la Dirección de Tecnología del organismo fue inconsulto y que no era en representación del Consejo.
Lugones buscó aclarar que “no hay un juicio más importante que otro”, ya que el planteo de la polémica se centró en la imposibilidad de reanudar las audiencias de grandes juicios como el del direccionamiento de la obra pública a favor de Báez y que tiene como principal acusada a la vicepresidenta.
Para llevar adelante online ese caso, que tiene 16 imputados, más los abogados defensores, las querellas, la fiscalía y los tres jueces del Tribunal, se calculó que se necesita una conexión estable y segura para mínimo 50 personas. Por eso, el Tribunal Oral Federal 2 consultó al Consejo de la Magistratura sobre las posibilidades técnicas de realizar el juicio de forma remota. La respuesta fue la que abrió la polémica: que se trabajaba en una plataforma para atender las necesidades de los Tribunales, pero que al momento las condiciones no estaban dadas.
En el caso de “la ruta del dinero K”, que cuenta con 24 imputados, se requerirá de “un sistema confiable y estable durante varias horas para más de 60 personas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. El TOF 4, a cargo del caso, preguntó a las partes sobre la posibilidad de reanudar las audiencias en instancia de alegatos, de forma virtual. La mayoría respondió que requerirán un “servidor seguro, sin dificultades que soporte la exposición de documentación, power point, videos, etc., para la etapa de alegatos”.
A esos antecedentes se agrega ahora otro caso. Con menos imputados, pero más de una docena de participantes -incluyendo las defensas, la querella y el personal del Tribunal Oral Federal 3- se encuentra el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray. Se trata de la acusación por defraudación al Estado por no haber pagado durante el gobierno de Cristina Kirchner, el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles a través de la firma Oil Combustibles, generando una deuda con el fisco que la acusación estima en 8.000 millones de peso.
El TOF 3 realizó las consultas al Consejo de la Magistratura para ver la posibilidad de reanudar las audiencias. Las últimas que se pudieron hacer de forma presencial en Comodoro Py eran jornadas de más de cinco horas, “con una constante exposición de documentación: esto es un problema con el sistema de conexión actual“, explicaron fuentes judiciales a Clarín.
Esta semana hubo un juicio con poco más de diez personas, donde uno de los jueces tuvo que reconectarse veinte veces durante la audiencia por problemas con el VPN. “Pensar la misma plataforma para más personas y con la complejidad de una causa como Oil, es difícil hoy”, explicaron.
La causa cuenta con una gran cantidad de documentación y exposiciones que demandan muchas horas, y el Tribunal quiere que de retomarse las audiencias no haya dificultades durante el desarrollo de las mismas. “A veces el VPN es estable, otras veces no, y cuando se corta tenés que reiniciar toda la conexión desde el comienzo, lo que entorpece la audiencia“, indicaron fuentes judiciales.
El presidente del TOF 3, Andrés Basso, remitió un escrito a la Dirección de Tecnología del Consejo pidiendo que se informe “acerca de las herramientas tecnológicas disponibles para llevar a cabo dichas audiencias de modo remoto; concretamente, si existe algún protocolo en tal sentido y a partir del cual puedan interiorizarse debidamente todos los pretensos intervinientes, la plataforma que podría utilizarse, la cantidad de participantes que ella puede albergar y si aquella cuenta con medidas de seguridad informática que les brinden cobertura”.
Por ahora, esas condiciones no existen.
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