Carlos Zannini se prepara para salvar a Cristina Kirchner de una demanda millonaria

Dirección de Vialidad Nacional (DVN) radicó una demanda por daños y perjuicios de $ 22.5000 millones, contra la vicepresidenta, Lázaro Báez, Julio De Vido, y otros imputados en la presunta corrupción en la obra pública vial, con la que se benefició al Grupo Austral que dirigía Báez. Como el 50% de los contratos adjudicados, no se terminaron, pero se pagaron con sobreprecios, el Estado considera que deben resarcir dicho daño económico.

El Procurador del Tesoro, como jefe de los abogados del Estado, puede ordenar que el organismo abandone ese reclamo. Ahora, el Procurador es Zannini, mano derecha de Cristina y encargado de proteger sus intereses. En sus manos está tirar abajo ese reclamo para ayudar a su jefa política.

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La cifra es multimillonaria y el Gobierno de la anterior gestión consideró que Cristina Kirchner y los demás acusados por el presunto direccionamiento de la obra pública vial a favor del empresario K, son colectivamente responsable. Se les exige que con sus respectivos patrimonios afronten un resarcimiento al Estado por $ 22.500 millones.

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El reclamo se desprende del expediente por el que es juzgada la vicepresidenta como jefa de una asociación ilícita, que -según la acusación-, defraudó al Estado al direccionar contratos viales a favor de Lázaro Báez. Le dieron al socio y amigo K $ 46.000 millones sin control para realizar 51 licitaciones. Esta “asociación delictiva”, según la Justicia, “funcionó en forma estable y permanente” durante los doce años de gestión K, para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales” que terminaron en manos de Báez.

Estas maniobras, entendió el Gobierno anterior, ocasionaron “perjuicios financieros” al Estado, y por eso Vialidad realizó una demanda civil, reclamando a los acusados el resarcimiento de 22.500 millones de pesos. La cifra no es azarosa. La anterior gestión la fijó después de un informe técnico de Vialidad. Según explicaron a Clarín, esa suma se explica por el dinero volcado a favor del Grupo Austral (46.000 millones), menos las obras no concluidas (24 en total), los años que se presupuestaron, los daños ocasionados por los retrasos y los costos administrativos, entre otros aspectos.

Como el Tribunal que juzga a la vicepresidenta decidió que durante el juicio no debía incluirse la demanda, Vialidad -bajo la gestión macrista- radicó el planteo en el fuero contencioso administrativo porque la Justicia federal no la aceptó. Hubo apelaciones cruzadas entre Vialidad y la defensa de Cristina Kirchner y la Corte Suprema debe resolver la competencia.

Para agilizar los plazos procesales, el organismo vial desistió del reclamo en el fuero penal y fue directo al contencioso administrativo donde se dirimen las cuestiones que involucran al Estado. La demanda quedó radicada el año pasado en la Fiscalía Nacional 6, a cargo de Miguel Ángel Guilligan.

La particularidad con la que se encuentra el Gobierno de Alberto Fernández hoy, es que un organismo del Estado tiene una demanda multimillonaria contra la vicepresidenta. El otro dato a considerar, es que el jefe de los abogados de Vialidad Nacional es el Procurador del Tesoro, es decir, Zannini, co imputado con Cristina en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. Están acusados de encubrir a los iraníes responsables de la voladura de la AMIA. 

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Como Procurador del Tesoro, tiene al menos tres vías para hacer caer la demanda. Mediante una resolución de la actual gestión de Vialidad, solicitando que se desestime el reclamo contra la vicepresidenta, que el “actor” es decir quien denunció, sin desistir de la acción no la impulse y puedan dictarle caducidad de instancia, o directamente que Zannini se presente y lo requiera directamente.

En el fuero contencioso administrativo, las presentaciones cuentan con dos partes, el actor que es quien denuncia y los demandados. Si bien es el juez quien habilita la instancia al fiscal para avanzar, el “actor” es quien quien debe impulsar el movimiento del expediente. Los asesores letrados de Vialidad que deben reclamar que la vicepresidenta afronte un resarcimiento por $ 22.500 millones, tienen un jefe: Carlos Zannini.