Coronavirus en Argentina: ¿Qué pasó con los miles de autos secuestrados por violar la cuarentena?

estar encerrado en su hogar porque acababa de regresar de Brasil. Fue el 30 de marzo, a pocos días de instaurada la cuarentena por el coronavirus​. En su caso, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió el decomiso del vehículo.

A un hombre no se le ocurrió mejor idea para seguir con sus planes de mudanza que meter todos los muebles dentro de una ambulancia, pero fue descubierto en el peaje. Ahora tendrá que esperar a que se levante la feria judicial para recuperarla y también deberá darle explicaciones al juez federal de Morón Néstor Barral, a cargo de la causa penal contra por violar el aislamiento.

Una mujer, fumadora empedernida, no soportó la abstinencia y salió de recorrida con su destartalado auto por una humilde barriada de Campana para encontrar algún quiosco abierto. Sólo logró que el juez Adrián González Charvay le devolviera el coche porque era su único medio de subsistencia: con él repartía huevos en su zona.

Durante la tercera semana del aislamiento social, preventivo y obligatorio, una mujer policía demoró a un abogado que se paseaba con un Mercedes Benz cupé por Devoto. El hombre se enfureció cuando se le hizo notar que su domicilio era en Haedo. Terminó con una causa penal en el juzgado federal de Julián Ercolini y debió pagar una abultada multa para recuperar su auto de alta gama.

Cuando el COVID-19 pase a ser un mal recuerdo, en la Justicia Federal de Capital y del interior del país aún permanecerán las cicatrices de lo que fue un 2020 de locura con miles de causas abiertas por violar el artículo 205 del Código Penal, que señala: “Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia“.

Y uno de los temas más engorrosos de estos tiempos judiciales fueron y aún son- aunque en menor medida- los miles de vehículos (autos y motos sobre todo, pero también bicicletas, camiones y hasta micros) secuestrados porque sus dueños los usaron para violar la cuarentena. ¿Qué pasó con todos esos vehículos? La pregunta no tiene una sola respuesta, ya que cada maestrito actuó con su librito.

Para empezar, los números de vehículos secuestrados durante lo que va del confinamiento impresionan.

De acuerdo a los datos con los que trabaja el Sistema de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación, del 20 de marzo al 19 de mayo las fuerzas federales secuestraron 4.502 vehículos en diferentes controles dispuestos por el Comando Unificado COVID-19 (Cuscovid). El 31% de ellos fue en territorio bonaerense, el 14% en Santa Fe, el 6,6% en Córdoba y sólo el 4,2 en la Ciudad de Buenos Aires.

Otro dato interesante: la flexibilización paulatina de la cuarentena se notó también en el índice de autos retenidos. Mientras que la primera semana se secuestraron 1.193 (uno cada 283 controlados), en la novena semana cayeron 55 infractores (un vehículo cada 6.285 controlados).

A estos procedimientos de Gendarmería, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal (las cuatro fuerzas federales), hay que sumarles los secuestros que hicieron las policías locales en cada provincia. Clarín averiguó las cifras de dos territorios, los más importantes. En la Provincia de Buenos Aires, la Bonaerense decomisó 3.227 vehículos, contra 310 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Algunos ejemplos, muchos criterios

El pasado 18 de mayo, la Sala 2 de la Cámara Federal de Apelaciones falló a favor de una papelera cuyo presidente había sido demorado y al que le habían secuestrado el VW Passat en el que quería llegar a la fábrica. La empresa pidió que se le devolviera el auto, mientras que la fiscal Mángano se opuso y pidió su decomiso preventivo.

Lo que decidió la Cámara: darle el coche a la compañía en carácter de “depositario judicial”. En otras palabras, lo podrá usar pero no vender ni transferir ya que fue el objeto del delito investigado en la causa, es decir, la violación del artículo 205.

A Mángano- junto con el juez federal Luis Rodríguez- le tocó el dificilísimo primer turno de la pandemia en los Tribunales de Comodoro Py. El cúmulo de trabajo fue tal que la Cámara decidió acortar a una semana la rotación entre los juzgados federales.

Ellos -que trabajaron 15 días- fueron los primeros en fijar algunos criterios junto con el Procurador interino Eduardo Casal quien el 26 de marzo envió a los fiscales una lista de recomendaciones. Entre ellas estaba que los autos secuestrados por violar el artículo 205 fueran embargados para poder ser usados en futuras reparaciones económicas o acuerdos de probation.

Pero eso no fue siempre lo que pasó.

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Para esta nota, Clarín consultó a siete jueces federales, cuatro de Capital y tres de la Provincia de Buenos Aires. La conclusión: no hubo ni hay una regla única a seguir con los autos secuestrados. Depende de la gravedad del caso, qué fuerza de seguridad hizo el secuestro, el criterio del magistrado y también si ya no hay lugar para guardarlos, de acuerdo a cada jurisdicción.

En Campana, por ejemplo, hasta el 18 de mayo se habían secuestrado 235 autos y motos. Salvo algunas excepciones (no más de media docena de casos), González Charvay sólo los devolverá a sus dueños cuando termine la feria judicial porque considera que el vehículo fue el instrumento del delito. Y los pocos que entregó -como la señora que repartía huevos- lo hizo con una medida de no innovar en los registros de propiedad automotor para que no puedan ser transferidos.

Un criterio similar tomó Federico Villena en Lomas de Zamora, donde se secuestraron 198 vehículos, 11 bicicletas, dos camiones y hasta un micro. Y lo mismo hizo Néstor Barral en Morón, sólo que este último (con casi 300 vehículos incautados) debió empezar a entregarlos a sus dueños como depositarios judiciales ante las sucesivas extensiones de plazos de la cuarentena y la dificultad de guardarlos apropiadamente.

Tal vez el caso más esquizofrénico sea el de CABA. Palabras más, palabras menos, en la inmensa mayoría de los casos en los que actuaron fuerzas federales los vehículos quedaron retenidos, muchos embargados, y recién ahora se están entregando los que fueron retenidos en el mes de abril.

Por el contrario, si el auto fue secuestrado por la Policía de la Ciudad terminó en un playón especial en el Bajo Flores, a disposición de la Dirección General de Infracciones municipal. Ahí el que manda es el controlador al que la pandemia le dio tarifario nuevo: multas de 10.700 a 79.180 pesos por violar el aislamiento obligatorio.

Acostumbrados a los grandes temas nacionales, los juzgado federales están viviendo la cuarentena tapados de chiquitaje, un chiquitaje que se mide en un promedio de 300 a 500 llamados por día por violación del artículo 205.

Muchos de estos llamados de policías, gendarmes, prefectos, decantan en causas penales. Y ya a esta altura se cuentan por miles. Los datos son coincidentes. De lo que nadie tiene idea aún es cuál sera el destino final semejante cantidad de sumarios. Un misterio más del COVID-19.

EMJ