Tarifas al ritmo de la cuarentena

Cledis Candelaresi

un nuevo cuadro de precios para junio y el horizonte más próximo que maneja el sector es octubre. La pandemia impediría realizar audiencias públicas necesarias para avalar cualquier ajuste estacional y la falta de definiciones en el seno del Gobierno y entre éste y empresas del sector bloquean una revisión a fondo sobre el valor de la luz y el gas.

Por ahora sólo se conformaron mesas de trabajo cibernéticas con las empresas involucradas, un estadio muy preliminar para el cometido de desmenuzar el negocio de cada segmento que interviene en la producción del servicio. En estos encuentros on line, los funcionarios responsables tratarán no sólo de reunir información del sector privado sino de buscar una vía consensuada para una nueva dinámica de precios eludiendo conflictos. El camino parece escarpado.

Un primer gran desafío es integrar los precios de todos los eslabones de la cadena, que tienen lógicas diferentes.

La producción de electricidad y gas por redes, tienen valores presuntamente “libres” o surgen de acuerdos del sector privado con la venia oficial y son competencia de la secretaría de Energía, ministerio de Desarrollo Productivo. Mientras que el transporte y distribución tienen la categoría de “servicio público” y sus tarifas son directamente reguladas por el Estado, que define el margen de utilidad de las firmas que intervienen en una y otra actividad.

Sergio Lanziani, debería ser el interlocutor oficial de los productores y los titulares de los entes reguladores, de las transportistas y distribuidoras. El secretario de Energía tiene una participación errática en esos cónclaves, al punto que fue una sorpresa que el lunes interviniera en el encuentro que el Enargas organizó para reunir a las principales productoras, YPF, PAE, Total, Tecpetrol, Pluspetrol, CGC y Pampa, entre otras. Su rol nunca terminó de consolidarse y hay fuertes rumores de que apenas el Covid19 ofrezca una tregua, podría ser reemplazado.

Más aún. Hay allegados al Gobierno que plantean que la secretaría de Energía debería ganar rango de ministerio para iniciar un camino que exprese nuevos conceptos técnicos y políticos, formalidad complicada en un país sin presupuesto y con un frente externo quebrantado.

Después de importantes aumentos previos ese año, las tarifas de la electricidad y del gas están estables desde mayo 2019, excluyendo las subas que estaban previstas en la segunda mitad del año en base al índice de precios mayoristas y los mayores costos del insumo. Ese esquema de ajustes, suspendido formalmente desde diciembre, surgió de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se hizo en el 2017 y debía durar cinco años.

Pero la ley de emergencia y los decretos de intervención de los entes reguladores habilitan a barajar y dar de nuevo, aunque sin precisiones acerca de cómo debe hacerse ese recálculo de tarifas.

Las normas hablan de “mejora real” para los usuarios, pero quedará a criterio de cada regulador y del ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas –según las competencias actuales—determinar qué significa eso y cómo se logra en cada caso.

Cualquier ajuste coyuntural hacia arriba o hacia abajo debería ser convalidado por una audiencia pública, so pena de que quede paralizado.

Sin bien los entes reguladores están empezando a integrar a las asociaciones de consumidores en sus rondas de consultas sectoriales, ésto no es lo mismo que honrar aquel mandato legal.

Pulverizar de un plumazo las RTI que se hicieron durante la gestión macrista para establecer una nueva base de cálculo, según el anhelo oficial, tampoco es una vía despejada.

Entre otras cuestiones que la obstaculizan está el hecho de que algunas transportistas y distribuidoras desistieron de viejas demandas contra el estado argentino presentadas ante el Ciadi (Centro de Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por esa revisión que les mejoró sustantivamente sus ingresos. Habría que ver cómo utilizan las empresas este dato como carta de negociación en este nuevo escenario.

Como interventor por un año del Enargas, Federico Bernal intenta la compleja arquitectura que permita abaratar los precios del producto pero desde el primer eslabón (producción), algo que a priori estaría fuera de su órbita.

El precio del gas, que debe monitorear Lanziani, representa la mitad de las facturas antes de impuestos y los reguladores deben avalar lo que pagan por él las distribuidoras, que luego lo trasladan a los consumidores. Esta tarea de custodia de un valor justo y razonable está ordenada por ley. Del mismo modo que la del gas habilita en su artículo 47 también “revisiones extraordinarias” de los precios, atajo legal que podría utilizarse para arrasar con todo en busca de un nuevo modelo.

La intención primaria de Bernal, uno de los referentes en el área de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es controlar los valores en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, lo que cuesta el gas mayorista. Ese precio forma parte de la tarifa final cuya razonabilidad el Enargas debe custodiar.

En otras palabras, aunque de un modo indirecto, los contratos de provisión del insumo entre petroleras y distribuidoras privadas terminan siendo también competencia del regulador. De ahí la importancia que haya buena sintonía entre Energía y los entes.

La misma lógica vale para la electricidad, donde los subsidios al sector mayorista en abril aumentaron 148,9% en relación al mismo mes del año pasado. Un millonario esfuerzo para abaratar el costo de la energía eléctrica al consumidor que la caja pública no puede sostener. Aquí otro reto.

Un nuevo modelo tarifario, la opción de máxima en ambos casos, significaría fijar una nueva tarifa base y un mecanismo de ajuste periódico que permita acotar el precio para usuarios domésticos, comerciales e industriales. La idea común en los despachos oficiales es desindexar ambos servicios, desligándolos de la indomable inflación.

Lo que está lejos de resolverse es cómo se traduce eso en un reparto de pérdidas y ganancias para productores, transportistas y distribuidores. En la espera, las empresas expresan su naturaleza: no hay rubro que no haya achicado sus inversiones al mínimo y, los que tienen más libertad de acción, también están reduciendo personal.

Las mesas de trabajo con empresarios y usuarios de ambos servicios no implicaron hasta ahora ningún avance concreto con miras al futuro. Más bien significan canales de diálogo abiertos para resolver la coyuntura, pero muy lejos de cumplir con la meta que permita descongelar los precios en junio, cuando termina el plazo previsto por la ley de emergencia (27.541).

Esa norma asignó al Poder Ejecutivo Nacional atribuciones especiales hasta el 31 de diciembre. Quizás este sea un plazo más realista para estrenar otra fórmula que defina la envergadura de las tarifas de luz y gas.