Con escándalo, el oficialismo avanza en el Congreso con la idea de quitarle a la Corte Suprema de Justicia el control de las escuchas telefónicas y devolverla a la órbita
de la Procuración General. El primer paso lo dio la bicameral de Trámite Legislativo que rechazó este martes los decretos emitidos por Mauricio Macri que transfirieron la oficina de escuchas al máximo tribunal, aunque ya había sido tratado en esa comisión.
En plena reunión virtual los legisladores Juntos por el Cambio abandonaron la discusión. Señalaron que ese DNU no podía tratarse en ese ámbito porque ya habían tenido despacho de la comisión y correspondía que los debata directamente el pleno. “El kirchnerismo busca volver a manipular la Justicia”, denunciaron tras abandonar la videollamada.
Eran dos decretos de Macri los que se incluyeron en el temario de la bicameral. El DNU 256/2015, que transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM) de la órbita de la Procuración General -en ese entonces a cargo de la fiscal ultra K Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema y el DNU 102/2017, que dejó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DADUJECO), en cabeza de dos camaristas.
“Estos decretos ya habían sido despachados por la Comisión Bicameral en febrero de 2016 y en marzo de 2017. La intención del oficialismo es hacer caer estos decretos para que las escuchas estén nuevamente bajo la órbita de la Procuración General, cuando el pliego de justamente el doctor Daniel Rafecas se encuentra en Senado para su tratamiento”, denunciaron posteriormente a través de un comunicado, tal como adelantó ayer Clarín en exclusiva.
“Fácilmente estos decretos podrían ser modificados o derogados por el señor Presidente Alberto Fernández, pero seguramente no quiere pagar el costo político de hacerlo. Es por esto, que se pretende convertir en un circo a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, creada por la propia Constitución Nacional para controlar los decretos de sustancia legislativa emitidos por el Poder Ejecutivo”, agregaron.
“La situación de fondo es la oportunidad para fijar una posición sobre estos dos decretos que en su momento trabajamos para que sean declarados inválidos porque la materia penal es materia vedada y así mismo hay hechos como una denuncia penal donde hubo inteligencia sobre 80 personas, uno de ellos es mi persona”, señaló Marcos Cleri, diputado oficialista y presidente de la bicameral de DNU, aseguró en relación a la denuncia por parte de la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, sobre supuesto espionaje ilegal cometido en la gestión de Cambiemos.
“El fondo de la discusión es volver a la normalidad. Volver a su lugar aquello que nunca debió ser transformado. Básicamente, un sistema de legalidad para perseguir el crimen organizado y no perseguir a quienes piensan diferente”, agregó la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti, mujer de confianza de la senadora Cristina Kirchner. La oficina de escuchas Cristina Kirchner se la sacó a la ex SIDE (AFI) tras la muerte del fiscal de la AMIA, Alberto Nisman en 2015.
Si bien JxC abandonó la reunión, el oficialismo siguió teniendo quórum para avanzar.
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