El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo sobre siete decretos de necesidad y urgencia (DNU), de los cuales dos fueron dictados por el
gobierno de Mauricio Macri y están referidos al traspaso del Departamento de Intercepción y Captación de Comunicaciones (Dicom) a la Corte Suprema de Justicia.
En desacuerdo con el tratamiento de estos dos últimos decretos, los siete legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron de la reunión; lo que no alteró la continuidad, ya que con sus nueve integrantes el Frente de Todos mantuvo el quórum y emitió los dictámenes.
Los decretos que generaron la polémica fueron, en primer término, el 256/15, por el cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El otro es el 102/17, que modificó el anterior estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara.
“Esos DNU ya habían recibido dictámenes de esta comisión en febrero de 2016 y en marzo de 2017, respectivamente, y los mismos no caducan, según lo establecen los reglamentos de Diputados, y el del Senado, que lo dice explícitamente”, argumentó el macrista Pablo Tonelli para incluir la discusión de los mismos en el temario.
El presidente de la comisión, el diputado kirchnerista Marcos Cleri, le respondió que “los DNU incluidos en el temario son válidos para su tratamiento ” y que “la agenda de trabajo fue remitida con 72 horas de anticipación”.
“Esta es una cuestión de fondo que el Congreso debe atender. Porque nuestra posición sobre estos dos DNU es que son inválidos porque está vedado por la Constitución Nacional para que se ejecuten mediante ese instrumento cuestiones de legislación penal”, enfatizó.
Cleri agregó: “Hay hechos que se van sumando, como la denuncia penal de Inteligencia sobre 80 personalidades y ciudadanos. Uno de ellos es mi persona”,
La también oficialista Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza, remarcó que “la AFI no está para infiltrarse en los teléfonos y en los mails para extorsionar” y que “hay que tratar estas cuestiones que van más allá de los partidario”.
“Tenemos que salvar a estas instituciones que han sido manchadas. Votemos interpretación del reglamento”, propuso la senadora kirchnerista.
A sabiendas de la derrota en esa votación, JxC anticipó que se retiraría de la reunión, tras insistir con que el temario propuesto para la reunión se trataba de “un absurdo, una ridiculez, un sinsentido jurídico y práctico”, según expresó Tonelli.
“No se entiende porque incluyeron esos DNU en el temario; porque si no estaban de acuerdo con sus contenidos tenían que hacer nuevos decretos, o poner a consideración los dictámenes vigentes en el plenario de las cámaras”, agregó el senador radical Luis Naidenoff.
En la continuidad de la reunión, ya sin los representantes de JxC en la videoconferencia, el Frente de Todos avaló esos dos DNU, además del 487/20, que prorrogó la prohibición de efectuar despidos; y el 488/20 que estableció un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local.
También se dio el visto bueno a los 391 y 404/20, relacionados con la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera y al 52/19, por el cual se dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.
