La comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia avanzará la semana próxima en la investigación sobre el rol que tuvo la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI) durante la gestión anterior, en la búsqueda de “depurar” el organismo, para que “no se repitan” los presuntos espionajes ilegales denunciados esta semana ante la justicia por su interventora, Cristina Caamaño.
En ese sentido, integrantes de la comisión se reunirán la semana próxima para analizar los alcances de la denuncia del ex subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa José Luis Vila, quien dijo haber sufrido un atentado en su vivienda por parte de un “ex agente” de la AFI.
La comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, sesionó esta semana de forma reservada y decidió constituir una subcomisión para investigar, entre otras cuestiones, la denuncia de Vila, ex funcionario de Cambiemos por un supuesto atentado en su contra.
Vila habría dicho a los legisladores que fue víctima de “amenazas y persecuciones” que concluyeron con un intento de atentado a través de la colocación de un artefacto explosivo en la puerta de su domicilio, en un hecho que fue sofocado por la Policía Federal, según fuentes legislativas.
De acuerdo a su propio testimonio, el ex funcionario dijo contar con información que acercó a la justicia, que confirmaría que ex agentes de la AFI, serían los responsables de la colocación de un pan de trotyl en su domicilio de Recoleta.
Los integrantes de la subcomisión volverán a reunirse la semana próxima, una vez que reciban información que solicitaron la semana pasada a la Justicia para corroborar los detalles de la denuncia realizada por el ex funcionario de Cambiemos.
“A más tardar el martes recibiremos la respuesta de la justicia y a partir de ahí convocaremos a la reunión para analizar otras medidas de prueba o bien otras convocatorias a los agentes involucrados”, adelantó Moreau en declaraciones a Télam.
Moreau puso de relieve el “firme compromiso del oficialismo, que esperemos acompañen otros sectores políticos de la oposición, en el sentido de depurar la AFI para impedir que se vuelvan a repetir episodios de esta naturaleza”.
Para el diputado del Frente de Todos, “el espionaje no sólo significa tratar de amedrentar a militantes sino una invasión a la vida privada que da lugar a extorsiones” y sostuvo que “esta metodología mafiosa tiene que desterrarse”.
“La gravedad que tiene vigilar a dirigentes políticos en el caso de las pinchaduras a correos electrónicos son desconocidos pero en realidad se trata de militantes de fuerzas políticas, lo que demuestra que se investigaba y se hacía espionaje a las estructuras partidarias”, aseveró Moreau.
En ese marco, sostuvo que “la decisión del presidente Alberto Fernández, de la vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y del Congreso no sólo apunta a depurar la AFI sino poner en el escenario del debate público esta cuestión”.
Por su parte, el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés, destacó la necesidad de “ir a fondo” con la investigación de estas denuncias, al sostener que “son causas de extrema gravedad ya que se trata de particulares damnificados de todos los partidos” y destacó la “unanimidad” en la decisión de seguir investigando y pidiendo informes a la Justicia.
Valdés ponderó la celeridad con la que actuó la comisión para pedir información sobre esa denuncia y dijo que “le estamos imprimiendo dinámica” a este cuerpo, a la vez que ratificó que la subcomisión buscará corroborar la semana próxima con la justicia los dichos de VIla para determinar si pide nuevos testimonios.
La reunión de la comisión bicameral de la semana pasada tuvo lugar un día después de que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño presentara una denuncia ante la Justicia por supuesto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante la gestión de Cambiemos.
En ese encuentro, la comisión analizó ese expediente y elevó a la AFI un pedido de los legisladores representantes de la oposición para que Caamaño responda cómo se había accedido a los documentos con la lista de las víctimas de presunto espionaje.
A raíz de esa denuncia presentada por la jefa de la AFI, el fiscal federal Jorge Di Lello abrió ayer una investigación e imputó al ex presidente Mauricio Macri y al ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en su gobierno, Gustavo Arribas.
La imputación también alcanzó a la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, al ex jefe de Gabinete de ese organismo, Darío Biorci, y a dos agentes (identificados como A y B), cuya identidad se mantiene bajo reserva, según el dictamen entregado al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi al que accedió Télam.
