Que tres jueces de un tribunal, un fiscal y 16 defensas (de 44 acusados) se pongan de acuerdo en algo no es cosa de todos los días… menos en Comodoro Py.
Sin embargo ocurrió. Y como consecuencia de ello, en plena pandemia de coronavirus, se recomenzará con el megajuicio narco contra el peruano Marco Estrada Gonzáles, histórico capo del tráfico en la villa 1.11.14 del Bajo Flores.
Luego de un primer intento fallido a principios de mayo, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 3, Javier Ríos, logró conformar a todas las partes y – si bien este lunes se realizará un último ensayo general- ya suena como fecha de la reanudación de audiencias el próximo miércoles 10 de junio.
Con un sistema de videoconferencias propio del Poder Judicial (similar al Zoom) desarrollado sobre la plataforma gratuita “Jitsi Meet”, la idea es que casi todos los participantes del juicio oral intervengan en la audiencia de forma remota. Será el primer proceso importante que se hará en Comodoro Py durante la pandemia de COVID-19.
Dos de los jueces -Andrés Basso y Fernando Machado Pelloni, los vocales-, el fiscal Diego Velasco y los abogados defensores lo harán desde sus respectivas casas.
En tanto, 40 de los 44 acusados que están presos podrán escuchar y ver todo desde salas de videoconferencias instaladas en los diferentes penales donde se encuentran alojados.
El inicio del megajuicio contra la banda del capo narco peruano “Marcos”.
En cuanto al público, está previsto que pueda acceder a la “reunión” con un link aunque con el micrófono silenciado y, tal vez, la cámara de video anulada.
En principio sólo el juez Ríos, la secretaria letrada y los testigos estarían habilitados para ir a Comodoro Py, pero cumpliendo el estricto protocolo de higiene elaborado por la Cámara Federal de Casación Penal cuando empezó la cuarentena, allá por el 20 de marzo. Esto incluye, antes que nada, un control de temperatura obligatorio para ingresar al edificio de Retiro.
“En caso de dar 37,5 se deberá activar el protocolo correspondiente frente a un posible caso de COVID-19 y se deberá practicar una profunda limpieza y desinfección de los espacios por donde la /las personas hubieren transitado”, estipula ese protocolo en el que también se exige barbijo y papel film para cubrir equipos de audio y video en caso de usarlos.
La detención de una banda vinculada con el capo narco Marco Estrada Gonzáles, en la villa 1-11-14.
Aunque los abogados defensores preferían hacer un juicio presencial para escuchar al casi centenar de testigos que faltan, el pico de contagios de coronavirus que se viene registrando en CABA terminó por inclinar la balanza hacia un debate remoto.
Un elemento importante para no hacer un juicio “presencial” fue el informe del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el que se recomienda “reducir la circulación de los internos a fin de evitar posibles contagios”. Más en este caso que implicaría el traslado de 40 personas.
Con 12 salas de videoconferencias en Devoto, 16 en el penal de Marcos Paz y otras 16 en Ezeiza, el SPF parece asegura en condiciones de afrontar el desafío de los juicios por video en forma eficiente.
Quedan todos informados
Con fecha del viernes 29 de mayo, el presidente del Tribunal Oral Federal 3 les informó a las partes que todo estaba listo para comenzar los ensayos del sistema de videoconferencias. Estos se hicieron durante el fin de semana, con éxito, y continuarán mañana.
“La Cámara Federal de Casación Penal informó que se encuentran habilitadas solo las salas de audiencias ubicadas en la planta baja del edificio de Comodoro Py, las que a simple vista se advierte que son pequeñas para albergar, con las pautas sanitarias vigentes, a las partes que registra este proceso. A su turno, el SPF informó que frente al aislamiento social, preventivo y obligatorio la Dirección General del Régimen Correccional aprobó la utilización de las plataformas informáticas alternativas como ser Zoom, Skype o similares”, empezó argumentando el juez Ríos para proponer un nuevo sistema de audiencias remotas.
La portada de la página web que publicó el perfil de Marco Estrada Gonzáles, donde sale defenderse en pleno juicio oral.
Según el planteo del presidente del tribunal, “de los aproximadamente 95 testigos restantes, se comenzaría con el personal de las fuerzas de seguridad, quienes podrán deponer desde las dependencias en las que se desempeñan o, en forma presencial, en la sede del Tribunal ante el suscripto y la actuaria”.
Lo que aun no esta claro es qué se hará con los testigos que viven en la villa 1.11.14 del Bajo Flores. Ese barrio, que fue durante décadas el epicentro del poder de “Marcos”, hoy también es uno de los focos más grandes de infección de coronavirus en la Ciudad de Buenos Aires.
“Marcos”, en el jacuzzi de su casa en un country de Ezeiza.
El megajuicio empezó en junio del año pasado en medio de fuertes medidas de seguridad. Además del capo narco peruano, de 57 años, son juzgadas su esposa, Silvana Salazar (47), y su suegra, Lily Lucila Enríquez Alarcón (67), por el tráfico de cocaína, marihuana y paco en la villa que les daba réditos millonarios.
Es el tercer proceso en su contra: los anteriores los cerró bajo la figura de “juicio abreviado” en 6 años cada uno, y terminaron unificados en una pena única de 10.
“Marcos”, en caso de ser hallado responsable de ser organizador de una “asociación ilícita dedicada la venta de drogas”, podría recibir una sentencia de 20 años.
EMJ
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