Contrarreloj, y con el Congreso en modo virtual y remoto, Alberto Fernández pedirá que el Senado apruebe el pliego para designar a Cristina Caamaño como directora de la
Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
De apuro, el gobierno enviará el expediente de Caamaño con la intención de que se apruebe antes del 20 de junio, día que vence la intervención dispuesta a fines de diciembre mediante el DNU número 52.
Caamaño, ex fiscal y ex secretaria de Seguridad, asumió al frente del organismo el 21 de diciembre, como parte de una intervención de 180 días. Ahora, Fernández quiere que su cargo se formalice y, para eso, debe pasar por el Senado.
En medio, la interventora avanzó con una reforma interna, limitó a cuestiones de terrorismo y riesgo constitucional el ámbito de desempeño de los espías, y blanqueó el destino de los fondos reservados.
Es un trámite que el gobierno considera formal y que apunta a salir del estado excepcional de intervención. “Confiamos que se va a aprobar sin problemas”, dicen en Casa Rosada.
EN 2016, luego de estar varios meses “a comisión”, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani fueron aprobados como director y vicedirectora de la AFI, el “señor 5” y la “señora 8”, en la jerga de los espías.
Sus pliegos fueron aprobados por mayoría: Arribas con 44 votos y Majdalani con 49, a pesar de que fue la que recibió más objeciones.
“En general, si la figura no genera controversia, la oposición facilita la designación en cargos de este tipo”, dicen desde el PJ y confían que el trámite será rápido y sin problemas.
El tema, así y todo, es la velocidad: la intervención vence el 20 de junio, es decir dentro de 20 días, y para la aprobación el trámite debería ser muy veloz.
Por eso, al margen de enviar el pliego, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero preparará un decreto de extensión de la intervención ante la hipótesis de que no llegue a tiempo la aprobación de Caamaño.
La semana pasada, Cafiero se reunió con Caamaño para operativizar la convocatoria a un consejo de expertos para redactar una nueva Ley de Inteligencia,.
Hay una base conceptual en marcha, que está dada por los DNU, decretos y medidas que dispuso en los últimos meses la AFI, que acotan la intervención de la inteligencia a cuestiones de terrorismo y riesgo constitucional y prohíbe, de manera expresa, que los espías puedan ser auxiliares de la Justicia.
Esa fue una decisión política a partir de la hipótesis, que el gobierno dice probada, de que hubo vínculos espurios entre magistrados y la AFI para el armado de causas judiciales o lo que se llama “pre causa”.
Como contó Clarín la semana pasada, la idea de una nueva ley de Inteligencia va atada a la reforma Judicial que impulsa la Casa Rosada porque Fernández vincula a sectores de Comodoro Py con la AFI en el armado de causas para “perseguir a opositores”.
En paralelo, Caamaño avanzó con una revisión de las designaciones que hizo Arribas en la agencia de inteligencia entre el lunes posterior a la derrota de Mauricio Macri en las PASO y el fin del gobierno de Cambiemos, el 10 de diciembre.
Hubo, en estos meses, más de 500 pases a planta que Caamaño puso en revisión mientras, a su vez, ordenó que todo el personal haga un examen sobre alcances y tareas de la AFI.
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