Por primera vez, una mega investigación se abrió contra 40 organismos del Estado nacional, desde ministerios, entes descentralizados, por todas las compras realizadas en el marco de la pandemia del Covid19.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez abrió un expediente después de los presuntos sobreprecios en compras que iba a realizar el Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, se detectaron irregularidades en los procesos de publicación, deficiencias en “el acceso a la información”. Se pidió en consecuencia, que la Auditoría General de la Nación (AGN) que inicie un informe auditor. Asimismo, se pidió a la Dirección de Información Pública que intervenga.
El 20 de abril la PIA denunció al Ministerio de Desarrollo Social por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y eventual negociaciones incompatibles con la función pública, por la compra de alimentos que iba a generar una erogación de $ 547 millones. La hipótesis de investigación es que se iba a aplicar un sobreprecio del 65%. Además, se remarcó la existencia de direccionamiento a determinados grupos empresarios que fueron invitados y adjudicados con costos superiores a los informados por la SIGEN y los de mercado.
Esa causa que ya está radicada en la justicia federal, fue el puntapié inicial para un expediente de mayor envergadura. El fiscal Rodríguez abrió una investigación sobre ministerios, entes descentralizados, diversos organismos del Gobierno que realizaron compras de diversos insumos en el marco de la emergencia sanitaria del Covid19, tal como dio a conocer el programa PPT.
Bajo la premisa de que las irregularidades ya denunciadas y que protagonizó la cartera que conduce Daniel Arroyo, podrían haberse replicado en las compras que se realizaron en otros ministerios y organismos, con motivo de la emergencia sanitaria. Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, la PIA encontró ciertas “ineficiencias en los procesos de información pública y transparencia”, al intentar determinar “cuáles fueron las compras directas efectuadas”.
La PIA concluyó que “de antemano debe expresarse la dificultad que ha significado el emprendimiento de esta tarea, ante la desorganización reinante en cuanto a la poca transparencia, visibilidad e ineficiencia de gestión de la actividad estatal en materia de información pública”.
También se señaló que “se aprecia en forma palmaria la inexistencia de criterios uniformes en la rendición de cuentas básica que impone la normativa vigente para las contrataciones estatales al amparo de la emergencia decretada”. Un planteo se sumó a estas observaciones: Los datos que se publican resultan tardíos, imprecisos e incompletos. “Esto resulta en un caldo de cultivo extraordinario de oportunidades para la comisión de hechos de corrupción”, se especificó.
A modo de ejemplo, se detalló que en el Boletín Oficial, “no fue publicada ninguna compra realizada por el Ministerio de Salud de la Nación, pudiendo encontrarse al menos 8 compras (en estado de apertura, evaluación o adjudicadas), en la página Web de “COMPR.AR”. Fueron efectuadas bajo la modalidad “contrataciones directas”.
En esta misma línea, se ejemplificó con el Instituto Malbrán, “el listado de la ONC informó 6 compras realizadas pero sólo las adjudicaciones de las denominadas contrataciones directa en la emergencia del Covid19 fueron publicadas en el Boletín Oficial. Del reporte efectuado a través de COMPR.AR., surge que entre el 1 de enero de 2020 y el 8 de mayo, se adjudicaron 25 contrataciones directas.” La ventana fijada por la Procuraduría al momento de efectuar esta investigación, se fijó desde el 8 de marzo hasta el 8 de mayo con los diversos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno anunciando y prorrogando la cuarentena por el Covid19.
Hace más de una semana, según pudo saber Clarín, el fiscal Rodríguez libró oficios a 40 organismos, ministerios, dependencias del Estado pidiendo que informe sobre todas las compras realizadas, los precios de referencias, y la situación en la que cada expediente se encuentra, es decir, si las adquisiciones se concretaron o no. Los pedidos de explicaciones se remitieron a la AFIP, al INCUCAI, al Malbrán, a la Universidad de San Martín, al ministerio de Turismo, al ministerio de Educación, al de Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura, al ministerio de Salud, al del Interior. También, al Ejército, a la ANAC, las fuerzas federales que dependen del ministerio de Seguridad (Gendarmería, PSA), al Garrahan, al INDEC, el PAMI y la lista continúa.
Al detectar una importante cantidad de inconsistencias respecto a las compras que diversos ministerios y organismos del Estado, y teniendo en cuenta el “marco excepcional que atraviesa la administración y las extraordinarias facultades que se han otorgado a los funcionarios para contrarrestar los efectos de la emergencia sanitaria”, se solicitó a la AGN que efectúe una “profunda auditoría a fin de verificar la correcta aplicación de los procedimientos administrativos, en “la totalidad de las compras de bienes y servicios efectuadas por los distintos organismos del Poder Ejecutivo Nacional”.
En paralelo, se pidió a la Dirección de Acceso a la Información pública que intervenga “a raíz de las inconsistencias detectadas en materia de transparencia” en las compras directas efectuadas por 40 organismos del Estado.
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