La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de Lázaro Báez y su ex colaborador Jorge Chueco en la causa que investigó
lavado de dinero a través de la compra del campo El Entrevero, al rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de ambos para acudir a la Corte.
Báez y Chueco fueron procesados por el juez Sebastián Casanello como coautores del delito de lavado de activos agravado por realizar hechos con habitualidad, y como miembros de una banda formada para concretar sucesivas operaciones similares. El delito prevé una pena de prisión que va de 4 años y medio hasta 13 años y 4 meses.
La justicia investigó la presunta adquisición de la estancia “El Entrevero” ubicada en Maldonado, Uruguay, por 14 millones de dólares de procedencia ilícita, que habría quedado en cabeza de una sociedad uruguaya controlada por otro de los ex colaboradores de Báez, el contador Daniel Pérez Gadín.
Para ello, los imputados habrían lavado fondos ilegales a través de mecanismos financieros y bancarios por esa suma, valiéndose de firmas como Traline SA y Jumey SA “a fin de ocultar al verdadero dueño del dinero.
La investigación judicial descubrió numerosas aplicaciones de los fondos de origen ilícito, en autos de lujo, propiedades, campos, financieras, cuentas bancarias en el exterior, títulos, acciones, lingotes de oro, desplegadas dentro de una estructura de sociedades máscara, prestanombres y administradores.
La adquisición de la estancia ubicada en Uruguay por parte de la firma Jumey conformaría dos de las presuntas maniobras de lavado de activos investigadas en el marco de “la ruta del dinero K”, otra causa seguida a los imputados también por lavado de activos agravado.
Para confirmar el procesamiento y la prisión preventiva de los imputados, los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos-habían tenido en cuenta la gravedad del delito investigado, la alta capacidad económica de los imputados de la que podrían valerse para entorpecer la investigación en caso de que recuperen su libertad y la posible incidencia que habrían tenido respecto de algunos testigos de la causa.
Además, en el caso particular del abogado Jorge Chueco, se había resaltado que intentó evadirse de la investigación en su contra al asumir una identidad falsa, y que se fugó a otro país a fin de no ser detenido.
La decisión de los camaristas fue dictada de forma remota y suscripta mediante firma digital y electrónica, tal como recomendó la Corte Suprema de Justicia en las sucesivas acordadas en las que dispuso y prorrogó la feria judicial extraordinaria.
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