La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; se presentará este lunes ante la Justicia para aportar información clave de la denuncia que, como contó Clarín, realizó este viernes contra
las anteriores autoridades de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani; por presunto espionaje ilegal en perjuicio de 500 periodistas, dirigentes políticos y sociales, empresarios y académicos, con motivo de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio y la cumbre del G-20, que se realizaron en Buenos Aires en 2017 y 2018, respectivamente.
Entre la documentación que aportará Caamaño, como parte de una denuncia en la que pide la declaración indagatoria de Mauricio Macri, hay información de dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas e integrantes de organización no gubernamentales, como la Transnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio; que según la consideración de la actual AFI fue producto de “espionaje ilegal” y viola la Ley 25.520 de Inteligencia.
Caamaño también entregará las fichas que encontró de 403 periodistas que se acreditaron para cubrir la cumbre del G-20, sobre quienes se recopiló información de sus redes sociales. En ese listado figuran los periodistas de Clarín y otros medios que cubrieron el evento.
Según los colaboradores de Caamaño, los documentos fueron hallados en enero de este año en la Dirección Operacional del Área de Contrainteligencia de la AFI, en una caja fuerte. “La política en la Agencia es que no se deja material de trabajo sobre los escritorios”, explican. Nadie puede asegurar cómo llegó el material allí. “Es lo que va a tener que investigar la Justicia”, apuntan. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 11, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.
Con todo, se hallaron tres sobres, rotulados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”.
En la denuncia, Caamaño se detiene en una de las carpetas, titulada “Informe de Inteligencia”, que da cuenta de un seguimiento que va más allá a la recopilación de datos de internet. Se centra en un informe sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
Puntualmente, describe un encuentro realizado en el Hotel Bauen, el 24 de septiembre de 2017. El párrafo del informe que resalta Caamaño es el que advierte que “se obtiene de fuentes propias que durante las actividades llevadas a cabo en relación al plenario de mención, se establecieron las pautas generales de armado de comisiones que tendrán como misión operativa el entorpecimiento de la conferencia OMC a desarrollarse durante el corriente año, a fines de obstaculizar el desembarco del G-20 en el país”.
“Fue un infiltrado ó alguien que vendió la información“, aseguran desde la AFI, al referirse a la alusión a “fuentes propias”. Eso, remarcan, es indicio de que se realizó inteligencia ilegal.
En el informe encontrado por Caamaño se indica que en el Plenario de Delegados de las Agrupaciones Clasistas se habló de “organizar actividades contra el normal desenvolvimiento de la conferencia OMC” con el objetivo de “evitar la realización del G20 en el país” y se decidió “constituir una coordinación y una mesa del Movimiento de Agrupaciones Clasistas”.
También se advierte de la decisión de “apoyar la campaña electoral del Frente de Izquierda” y de “movilizar el 1 de octubre y pelear para que los sindicatos sean parte de la lucha de la aparición con vida de Santiago Maldonado, exigiendo que convoquen y garanticen que los trabajadores puedan participar”.
Entre la información recopilada, surgen las fichas personales de los coordinadores generales del plenario, los oradores y referentes partidarios. Christian Castillo, candidato a gobernador bonaerense en las últimas elecciones; el ex legislador neuquino Raúl Godoy, y el diputado bonaerense y referente gremial de trabajadores del subte Claudio Dellecarbonara; son algunos de los mencionados.
La denuncia vuelve a traer a escena las tareas de inteligencia sin orden judicial que –se reveló en 2012-hizo la Gendarmería Nacional a sectores de Izquierda, en el marco de lo que fue el “Proyecto X”.
El seguimiento que se habría realizado durante la gestión de Macri y ahora denuncia Caamaño no se limitó al PTS. Un informe de Inteligencia, con fecha el 23 de octubre de 2017, hace un “análisis de los inscriptos en la reunión ministerial de la OMC” y se detiene en la ONG internacional “Transnational Institute” y en el “Instituto del Mundo del Trabajo Julio Godio”, ya que “se encuentran ideológicamente opuestas al libre comercio y, por consiguiente, a las reuniones que se llevan a cabo en el marco de la OMC”.
“Se encuentran en análisis las organizaciones que, a priori, podrían actuar como elementos desestabilizadores del normal desarrollo del encuentro, como así también de las personas inscriptas por las mismas”, agrega.
En ese sentido, el informe advierte sobre “la ciudadana argentina Luciana Ghiotto”, investigadora del Conicet y docente en la Universidad Nacional de San Martín. “Es uno de los referentes de la denominada ‘Cumbre de los pueblos’ o ‘Contracumbre’ y utiliza sus vínculos con organizaciones y casas de estudio para poder realizar actividades de proselitismo sobre la causa que lleva adelante”, expone.
Y recomienda rechazar su acreditación: “Es altamente probable que, de aprobarse su ingreso al evento, junto a otros referentes de organizaciones de tendencias ideológicas opuestas a la OMC, tales como Mariano Treacy y Sofía Scassera (NdeR: otros referentes sociales analizados en el informe), se genere un ambiente propicio para acciones de sabotaje y boicot a la organización del evento principal”.
“Mi nombre aparece como parte de las carpetas del #EspionajeIlegal de #Macri Parece que dar charlas y talleres para organizaciones populares sobre cómo funcionan los organismos internacionales como la #OMC o el #G20 es actividad terrorista digna de ser espiada. Le daremos batalla legal”, anunció Ghiotto en su Twitter, al enterarse del seguimiento que se le habría realizado.
Entre decenas de informes, también asoman nombres de empresarios de los que se recolectó las firmas que integran, los vehículos que poseen, los bancos con los que operan, los celulares que poseen y las empleadas domésticas a su cargo, incluido el haber que reciben. Clarín pudo corroborar que se encuentra la ficha del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina.
En cuanto a la información sobre los periodistas, a priori parece que las fichas habrían sido confeccionadas con datos publicados por ellos mismos en redes sociales. De todos modos, según Caamaño, también infringiría la Ley de Inteligencia, en cuyo inciso 2 del artículo 4 se plantea que “Ningún organismo de inteligencia podrá obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
Pero también asoman dudas. Una de ellas, a partir de un hecho que fue público: en julio de 2018 fue detenido Juan Manuel Illescas, un periodista acreditado durante años en la sala de prensa de Casa Rosada. ¿El motivo? Cuando completó el formulario para cubrir el G20 detectaron que en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) había dos pedidos de captura sobre él, por una causa por abigeato (robo de ganado). ¿La investigación sobre periodistas fue más allá de las redes? “Que lo investigue la Justicia. Nuestra idea es luego entregarle a cada periodista su ficha”, indicaron desde la AFI.
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