Social en el contexto de la pandemia de coronavirus, y recomendaron investigar y sancionar a los responsables, informó hoy la prensa local.
La Comisión Especial de Supervisión concluyó en su informe, menos de dos semanas después de que el propio ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, pidiera a la Fiscalía que investigara las adquisiciones de esa cartera a raíz de una denuncia de irregularidades en la compra de insumos médicos.
“La declaración de urgencia impostergable para la adquisición de insumos o equipos en aras de hacer frente a la pandemia de Covid-19 no puede ser excusa para una implementación irregular de procesos de compra ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la salud”, afirmó el presidente de la comisión, Arnaldo Giuzzio, en Twitter.
Según el informe, se detectaron empresas que siguieron participando de licitaciones pese a estar en mora en el cumplimiento de anteriores operaciones y adjudicaciones con sobreprecios de hasta 200%, entre otras irregularidades, reveló el diario ABC Color.
Asimismo, el trabajo señaló que la emergencia sanitaria se utilizó para comprar productos que no tenían relación directa con el combate al coronavirus.
Giuzzio dijo que de los 32 procesos de compra analizados, 18 ya están muy avanzados y 14 están en una etapa inicial y podrían ser anulados, cosa que recomendó.
El informe advirtió que varias de las operaciones estudiadas “implican una posible responsabilidad administrativa de sus funcionarios intervinientes”, y aconsejó iniciarles los procesos de investigación y sanción pertinentes.
El 25 de mayo, mientras se ponía en marcha la segunda fase de flexibilización de la cuarentena, tomaron estado público denuncias según las cuales el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social favoreció a un grupo empresario con una autorización irregular para que le proveyera insumos médicos.
La declaracin de urgencia impostergable para la adquisicin de insumos o equipos en aras de hacer frente a la Pandemia del COVID-19 no puede ser excusa para una implementacin irregular de procesos de compra, ni utilizarse para tapar acciones negligentes en nombre de la Salud.
Arnaldo Giuzzio (@arnaldogiuzzio) June 5, 2020
El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, afirmó entonces que el 7 de abril pasado, el Ministerio de Salud pagó una suma equivalente a 2,7 millones de dólares a dos firmas pertenecientes al empresario Justo Ferreira antes de tener el dictamen favorable de ese organismo.
Seitz aseguró que, cuando se libró el pago, las empresas de Ferreira aún no habían entregado el cargamento -de barbijos quirúrgicos, camas hospitalarias y trajes biomédicos, por un monto total de 12,8 millones de dólares- que finalmente sería rechazado por no cumplir requisitos técnicos y jurídicos.
El Ministerio sostuvo en un comunicado que esa operación se realizó siguiendo “las recomendaciones hechas por la Contraloría General de la República (CGR) y la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras Covid-19”, en “cumplimiento estricto de los plazos y el debido proceso previstos en la ley”, y Mazzoleni presentó una denuncia penal a la Fiscalía para que investigue el caso.
Mientras tanto, Paraguay contabilizaba hoy 1.090 casos confirmados de coronavirus (tres más que ayer), de los cuales 11 fallecieron (ninguna en las últimas 24 horas) y 532 se curaron tras haberse infectado, informó esta tarde Mazzoleni.
