Presunto espionaje ilegal, tareas de inteligencia sin justificación, violación a la Ley de Inteligencia nacional, son sólo algunas de las acusaciones que recaen sobre la gestión de Mauricio Macri. En las
últimas semanas, tres expedientes se radicaron en la justicia federal que se suman a otros dos casos que iniciaron en 2019, en los que se investiga el acceso a datos de migratorios de jueces y ministros de la Corte por parte de distintos organismos públicos.
En los Tribunales federales de Comodoro Py hay al menos cuatro expedientes que buscan determinar si durante la gestión de Mauricio Macri se espió ilegalmente a jueces, periodistas, dirigentes políticos e incluso fuerzas policiales. En una de ellas el ex presidente ya quedó imputado: se trata de la denuncia formulada por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que lo acusó por “producción de inteligencia ilegal” en los términos de la Ley de Inteligencia Nacional.
Estas son las cinco causas:
1. Accesos a datos de jueces y legisladores
El primer expediente al que se le dio impulso está en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, quien busca desentrañar si desde diversas dependencias del Estado el gobierno de Mauricio Macri desplegó actividades de espionaje e inteligencia ilegal en relación a 25 personas, entre ellas jueces de la Corte, de la Cámara de Casación, jueces federales y del fuero penal económico, gobernadores y presidentes de bloques en el Congreso.
La última novedad en la causa fue la detección del juez de supuestos “ingresos sospechosos” a los sistemas de información de distintos organismos públicos, en búsqueda de datos sobre siete empresarios “por parte de distintas Fuerzas de seguridad”.
Canicoba, que podría ser salvado por el kirchnerismo de un juicio político en el Consejo de la Magistratura, busca establecer si hubo motivos que justifiquen los ingresos en bases de datos de Migraciones y otros organismos públicos, para consultar información personal. Un informe que está en el expediente detalla la fecha y desde qué organismos se buscó información.
Un informe recibido por el juez consigna distintos ingresos de búsqueda de datos de las supuestas víctimas desde la AFIP, el Ministerio de Seguridad de la Nación, la Jefatura de Policía de la Ciudad, la Unidad de Investigación Financiera (UIF), la Gendarmería Nacional, la Agencia Federal de Inteligencia, la Procuración General de la Nación, las Jefaturas de la Policía Federal, de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Prefectura Naval y el ministerio de Seguridad de Salta.
2. Canicoba no puede ser juez y parte
Como el propio juez Canicoba Corral integra la lista de los presuntos investigados de forma ilegal, la parte del expediente que lo incluye se convirtió en otra causa, que tiene a su cargo la magistrada María Servini.
3. La AFI encuentra una base de correos electrónicos
El expediente en el que se imputó a Macri recientemente es el que quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi junto al fiscal Jorge Di Lello, tras la denuncia que la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, según la cual “al menos desde el 2 de junio de 2016 se realizó espionaje sobre correos electrónicos privados. La información fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado”.
Según reza la denuncia, “las tareas de inteligencia que en este acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido”.
La lista de personas supuestamente espiadas según esta denuncia incluye a dirigentes políticos kirchneristas y peronistas, pero también referentes del macrismo como Laura Alonso y dirigentes radicales, como Ernesto Sanz.
4. Clipping de redes sociales de acreditados al G20
El pasado viernes la AFI, radicó otra denuncia en Comodoro Py, sobre el presunto espionaje ilegal a 403 periodistas y otras 87 personas de distintos organismos de la sociedad civil, “con datos relevados de fuentes, ya sean públicas como privadas, en el marco de los procesos de acreditación para las reuniones de la Cumbre del G-20 y de la 11ª Conferencia Ministerial de la OMC”.
En la causa a cargo del juez Martínez De Giorgi y la fiscal Paloma Ochoa, la AFI presentó documentación que incluye además informes de inteligencia sobre actividades de organizaciones que planteaban objeciones a los eventos internacionales, como el Transnational Institute, el Instituto del Mundo del Trabajo “Julio Godio” y el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).
5. “Verdura”, un narco vinculado a un abogado de la AFI
En Lomas de Zamora, el juez federal Luis Villena investiga una presunta red de espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante la gestión de Macri, despues de que un narcotraficante procesado por el magistrado decidiera convertirse en arrepentido y expusiera información sobre esta presunta estructura ilegal ahora bajo investigación.
La causa por supuesto espionaje se inició en Lomas con el testimonio como arrepentido del narco Sergio Rodríguez, apodado “Verdura” o “Tomate”, quien afirmó que un abogado de la AFI le ofreció entregar un paquete/bomba en un domicilio porteño a cambio de darle “cobertura” de esa institución a sus actividades ilegales. Villena reunió pruebas e indicios sobre la existencia de una posible banda integrada por ellos y otros cómplices, supuestamente dedicada al espionaje ilegal. Entre las supuestas víctimas hay Jueces, periodistas, sacerdotes, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, legisladores, intendentes, gobernadores y ex presidentes de la Nación, entre ellos Cristina Kirchner, también el jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
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