El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 7 falló a favor de una presentación efectuada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no avance en la venta de dos terrenos, situados en Villa Crespo y Palermo, que fueron transferidos de la Nación a la órbita porteña durante la presidencia de Mauricio Macri.
De acuerdo a dos resoluciones firmadas por el juez, Pablo Cayssials, con fecha 1 de junio, se ordenó a la administración de Horacio Rodríguez Larreta “no alterar” la situación de ambos predios que formaron de parte de una treintena de inmuebles que sobre el final de su mandato Macri le otorgó a la Ciudad de Buenos Aires para cancelar deudas entre ambas jurisdicciones.
La medida judicial dio lugar a las presentaciones efectuadas por la AABE a mediados de mayo y tendrá vigencia legal hasta que el organismo nacional determine la validez de ese proceso mediante el cual el Estado nacional le transfirió a la Ciudad el dominio de los predios.
Ambos lugares fueron contemplados en un proyecto enviado por el jefe de Gobierno porteño a la Legislatura el año pasado, que buscaba la autorización de los diputados para cambiar la actual zonificación de esos terrenos, ya que eran espacios ferroviarios en desuso.
La iniciativa preveía también la venta de los inmuebles con la posibilidad de que allí puedan desarrollarse emprendimientos urbanos del sector privado, incluidos edificios de altura.
La potencial autorización a que puedan levantarse departamentos en la zona cercana a la estación ferroviaria de Villa Crespo generó el rechazo de vecinos, que se congregaron en varias oportunidades en la Legislatura, dado que mantienen, a su vez, un reclamo por la reciente inauguración en la zona de un estadio que, según afirman, colapsó el barrio.
En diciembre pasado, no obstante, el Ejecutivo porteño logró obtener una primera sanción legislativa, en unas de las últimas sesiones del año con los votos de los diputados del bloque oficialista, Vamos Juntos.
Sin embargo, no se completó la aprobación de la ley ya que requería de un segundo tratamiento en el recinto, algo que nunca ocurrió porque el oficialismo porteño, alertado por la presentación judicial de la AABE, retiró los expedientes del debate.
En las sendas medidas cautelares solicitadas por la AABE, representada por su titular, Martín Cosentino Moreto, se pedía que la Ciudad “no innovara” sobre los dos terrenos “a los efectos de que se mantenga el estado de cosas actual, hasta tanto se dilucide la legalidad del proceso que permitió la transferencia”.
Es que los predios figuraban en un acuerdo alcanzado entre la Ciudad y el Gobierno nacional durante la presidencia de Macri, el cual fue puesto bajo análisis a inicios de este año por el presidente Alberto Fernández, quien encargó a la AABE que auditara ese traspaso de bienes.
Aquella decisión quedó plasmada en un decreto en el cual el Presidente pidió la revisión de la legalidad de los procesos de cesión a la Ciudad.
Entre los bienes transferidos se encuentran seis predios ubicados en los barrios de La Boca, Retiro, Recoleta, Colegiales, Villa Urquiza y Saavedra que la Nación traspasó para que la gestión porteña pudiera subastarlos para financiar las obras de viaductos de las líneas San Martín y Mitre.
También, unos doce inmuebles ubicados principalmente en la zona de la Villa 31 de Retiro, de Villa Fraga en Chacarita y del Mercado de Hacienda de Liniers en Mataderos; así como cuatro parcelas en el sector de playas ferroviarias de Palermo y seis de Caballito y un polígono de los terrenos donde estuvo en pie la cárcel de Caseros, en Parque Patricios.
