Masacre de Wilde: 200 balazos, 4 inocentes muertos y 9 policías en un juicio parado

Peugeot 505. Les dispararon 200 veces -según las pericias- sin que nadie respondiera el fuego. Usaron pistolas 9 milímetros y hasta un sub fusil Uzi. Cuatro de los cinco ocupantes de esos autos murieron. “La Masacre de Wilde” se bautizó a este emblemático caso de gatillo fácil​, y nunca mejor puesto el nombre.

Pronto se supo que dentro del Peugeot iba un remisero con dos pasajeros y dentro de un Dodge, dos libreros. Se cree que los policías los confundieron con unos ladrones con los que tenían cuentas que ajustar por un botín robado. Pero nada de esto quedó escrito en una sentencia porque, aunque parezca mentira, los policías lograron esquivar el juicio oral por 26 años.

Tanto tiempo pasó de los crímenes que uno de esos policías acusados murió, otro está incapacitado mentalmente (por lo que no puede afrontar un juicio) y ocho están excarcelados. Sólo uno permanece preso porque logró mantenerse prófugo durante dos décadas. Logró escapar de la celda en su celda en la Brigada de Lanús, donde increíblemente lo habían alojado.

Recursos de todo tipo, apelaciones y chicanas hicieron de este caso un símbolo no sólo de la violencia institucional en tiempos de la “Maldita Policía”, sino también de impunidad. Y la última ayudita a los acusados se las dio el COVID-19, que paralizó los tribunales.

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“El 30 abril teníamos fecha de audiencia preliminar, se postergó por enfermedad de uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Lomas de Zamora. La nueva fecha fue el 20 de marzo, pero un día antes se decretó la cuarentena o aislamiento social obligatorio y con esto la suspensión de esta audiencia sin fecha probable”, le explicó a Clarín Raquel Gazzanego, viuda del librero Edgardo Cicutín y querellante en la causa.

“Además en abril, después de hacer una presentación de consulta sobre el estado de la causa, nos enteramos que por la pandemia a los acusados de los había eximido de presentarse en los tribunales a dar el presente, condición para su excarcelación, así que no sabemos si los imputados siguen viviendo en los domicilios declarados o en la Argentina“, agregó Raquel quien ahora, a través de su abogado Ciro Annicchiarico y el apoyo del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, pidió formalmente que el juicio arranque de manera remota.

“Esta Secretaría de Derechos Humanos de la Nación tiene especial interés en participar como observador en el juicio oral que se va a desarrollar respecto de uno de los casos emblemáticos de ‘gatillo fácil’ y violencia institucional de la Argentina post dictadura cívico militar”, dice el escrito presentado por Pietragalla en la Justicia de Lomas de Zamora, el pasado 3 de junio.

“Luego de inexplicables dilaciones en el proceso judicial, el 27 de noviembre de 2013 la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó la realización del juicio oral. Pese a esta orden del Superior Tribunal, ya han pasado seis años y medio y el juicio oral se sigue dilatando”, se lee en la presentación de la Secretaría. En ella expresamente se acompaña el pedido de la querella para que se suspenda “el asueto judicial para la realización por medios remotos de la audiencia prevista como vía para avanzar hacia la consecución del juicio oral”.

Un primer sobreseimiento para los policías, al inicio de la causa,y un trámite de años y años de papeleríos, fueron asfixiando el caso, que tuvo un contexto histórico muy especial: el jefe de la Brigada de Lanús al momento de la masacre era el poderoso comisario Juan José Ribelli, luego detenido y finalmente absuelto por el atentado a la AMIA. Hoy Ribelli se ha reconvertido en abogado de casos resonantes y personajes sinuosos.

En cuanto a esta nueva etapa de “La Masacre de Wilde”, los jueces Jorge Camino, Claudio Fernández y Marcelo Dellature ya habían suspendido la audiencia del 6 de diciembre de 2019 porque en aquella oportunidad también se planteó la imposibilidad de juzgar a González debido a su estado de salud, por lo que se ordenó una pericia médica que todavía no se realizó.

Quedaron para ser juzgados 9 de los 11 imputados originales. Los ex comisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, como los ex subtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los ex oficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga y Osvaldo Lorenzón, llegarán al juicio oral en libertad.

En tanto, el ex cabo Marcos Rodríguez es el único que está preso porque permaneció prófugo 20 años y fue detenido en 2014 en Córdoba.

En el debate, los acusados deberán responder por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa“, ya que una de las víctimas logró sobrevivir.

“Hace más de 26 años buscamos justa Justicia, que no es lo mismo que mera Justicia. Necesitamos que sea justa”, resaltó Raquel.

EMJ