Vicentin: cinco claves de la expropiación que busca el gobierno

rubro y está en concurso de acreedores, con una deuda superior a los US$ 1.300 millones. El Banco Nación está entre sus principales acreedores con un pasivo de $ 18.000millones al que se suman bancos locales y extranjeros, un reguero de productores que le entregaron sus cosechas y se quedaron sin cobrar y casi 4.000 empleados  que están a la expectativa.

Bajo este escenario el gobierno se lanzó por la intervención primero y por la expropiación después. Estas son las cinco claves del proceso que viene:

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Intervención. A través del decreto 522 el presidente dispuso la intervención de la compañía por 60 días para mantener la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos, la protección de los puestos de trabajo y para evitar daños sobre el mercado agroexportador en medio de la pandemia. Allí nombró como interventor a Gabriel Delgado. Para los especialistas en derecho que el Ejecutivo decrete la intervención de una empresa que está en concurso de acreedores bajo la órbita de un juez implica violar la independencia de poderes.

Proyecto de ley. El Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para decretar la expropiación. Este procedimiento fue habilitado por la ley 21.499, sancionada durante la dictadura militar, y habilita al gobierno a saltear la propiedad privada y quedarse con bienes declarados “de utilidad pública”. También establece que tras la expropiación los propietarios del bien serán indemnizados. 

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El plan oficial. En el texto del proyecto de ley, el gobierno declara a Vicentin de utilidad pública y sujeta a expropiación y establece que la suma de la expropiación será pagada con las deuda de la compañía ante el banco Nación y la AFIP. Además el gobierno busca autorización para emitir nueva deuda en caso de que fuera necesario “abonar los saldos correspondientes al proceso de expropiación”. El proyecto establece que Vicentin pasará a formar parte del Fondo Fiduciario Agro Argentino y que el personal será transferido a YPF.

Otros casos. En la gestión de Cristina Kirchner como presidenta hubo tres expropiaciones significativas: Aerolíneas Argentinas, la fábrica de billetes Ciccone Calcográfica e YPF. Este último fue el caso más impactante por el tamaño de la empresa. El Estado se quedó con el 51% de las acciones que estaba en manos de la española Repsol y pese a que al comienzo el entonces ministro de Economía Axel Kicillof, dijo que no iban a pagar nada en concepto de indemnización, terminó pagando US$ 5.000 millones por una compañía que hoy en el mercado vale la mitad. Además, quedó un juicio abierto con el fondo de inversión Burford, que a su vez se quedó con el 25% de YPF que poseía la familia Eskenazi, y le reclama al estado argentino ante la justicia de Nueva York un monto que va de los US$ 3.000 a los US$ 12.000 millones.

Lo que viene. El proyecto de expropiación de Vicentín deberá ser tratado en la Cámara de Diputados donde el gobierno deberá recurrir a alianzas para aprobarlo ya que no tiene mayoría propia. Los juristas advierten que esta expropiación podría fijar un antecedente riesgoso. Una vez que la cuarentena termine y la justicia vuelva a funcionar se espera que una larga lista de empresas se presenten a pedir el concurso de acreedores como consecuencia del daño sufrido por la inactividad durante la cuarentena. ¿El caso Vicentin fijará un precedente?