“Queremos seguir viviendo”, rescata un documental de boca de una señora que pasa sus días en una residencia para mayores deMadridsobre cómo se vivieron estos tres meses desgarradores
de pandemia en los geriátricos, el agujero negro de contagios y muertes por coronavirus en Españay que ahora suma un capítulo macabro: sólo aquellos ancianos con cobertura de salud privada habrían tenido la posibilidad de llegar a un hospital. Los que sólo contaban con la salud pública, no siempre.
Fue la acusación que debió enfrentar este jueves en la Asamblea de Madrid la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, durante la sesión de control al gobierno que se realiza en ese Parlamento regional.
“Es totalmente cierto”, confirmó a Clarín Javier Garzón, integrante de la plataforma Marea de Residencias, que reúne a familiares de quienes viven en centros para adultos mayores y a trabajadores de las residencias. “En la de Usera, en la Comunidad de Madrid, hubo dos derivaciones al Hospital Gómez Ulla porque sus familiares eran militares mientras había cuatro personas que estaban falleciendo dentro de la residencia porque no los trasladaban”, dio como ejemplo Garzón.
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“En Madrid nunca se distinguió entre público y privado. Nunca una vida importó más que otra”, se defendió este jueves Díaz Ayuso en el Parlamento regional de Madrid, donde aseguró que su gobierno realizó 10.600 traslados de mayores a los hospitales.
El 23 de marzo, la Residencia Casaquinta, un edificio de cuatro pisos rodeado de jardines de Ciempozuelos, a media hora en auto del centro de Madrid, informó a los familiares de sus residentes a través de su página Facebook: “Tenemos actualmente cincuenta casos de usuarios aislados con alguna sintomatología. Los casos aumentan día a día sin que las autoridades sanitarias nos presten la más mínima ayuda -comunicaban-. El hospital de Valdemoro, por su propia saturación, no acepta ninguna derivación de la residencia y los medios con los que contamos son inexistentes como ya sabéis.”
Más de 18 mil ancianos muertos
En los últimos tres meses 18.250 personas murieron en las residencias para mayores con coronavirus o síntomas de la enfermedad, aunque sin la certeza de un diagnóstico a través de una prueba PCR, según el seguimiento de fallecimientos en geriátricos que cada comunidad autónoma viene realizando en su propio territorio.
La política pretende morder tajada en un tema tan sensible como la fragilidad de los mayores ante la voracidad de la epidemia. Pero en la gestión de las residencias durante los meses más despiadados de contagios y muertes por coronavirus, ningún partido sale bien parado: el gobierno nacional -una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos- sigue sin aclarar cuántas personas fallecieron por Covid-19 en las residencias, y el de la Comunidad de Madrid -otra coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos- carga con la acusación de haber indicado no trasladar a los ancianos de las residencias a los hospitales.
“Estamos terminando de procesar los datos aportados por las comunidades autónomas sobre fallecidos en las residencias y en cuanto tengamos esa información se la daremos a conocer”, dijeron a Clarín fuentes del Ministerio de Sanidad a principios de junio. Su titular, el ministro Salvador Illa, lleva dos meses repitiendo, en público, lo mismo.
“Lo que hubo fue un protocolo para no derivar a los hospitales a las personas en situación de dependencia. En muchos casos no dejarlos salir de las residencias. Algunos familiares se los querían llevar a sus casas y tampoco los dejaron salir -dijo a Clarín Garzón, de Marea de Residencias-. Ha habido personas que, como tenían un seguro privado, han sido derivadas. Pero ojo, porque a algunos los han derivado a hospitales públicos de gestión privada.”
El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero había admitido ante la Asamblea de Madrid: “Yo nunca voy a entrar a considerar acerca de si procede o no la derivación al hospital en cada caso concreto -sostuvo-. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero al mismo tiempo que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal.”
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“En la Comunidad de Madrid existen 475 residencias con unos 50.000 residentes, de las cuales sólo 25 son totalmente públicas, el resto son privadas o concertadas, con propietarios que a veces son fondos de inversión opacos”, aclaraba hace un mes el documento de Marea de Residencias en el que informaban acerca de la querella criminal presentada contra la presidenta de la Comunidad, Díaz Ayuso, contra el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y contra diez directores de residencias de Madrid.
La Fiscalía ya está estudiando 186 denuncias de familiares y otras 87 presentadas por geriátricos de esta comunidad.
En la Asamblea de Madrid se propuso la creación de una comisión de investigación para analizar la mortalidad en las residencias madrileñas durante los días más críticos y agobiantes de la pandemia.
Madrid. Corresponsal
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