La fiscal federal Paloma Ochoa impulsó una investigación por la denuncia formulada desde la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en relación a supuestas maniobras de inteligencia
ilegal sobre periodistas, académicos, organizaciones sociales y partidos políticos durante el gobierno de Mauricio Macri.
La representante del ministerio público fiscal, que tiene delegada la investigación, requirió las primeras medidas de prueba, entre las que se hay pedidos de información a la AFI y al Ministerio de Seguridad que habría intervenido en la maniobra, según pudo saber Télam de fuentes judiciales.
La fiscal Ochoa remitió el requerimiento en el que describió los hechos al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi para que dé curso a las medidas, informaron fuentes con acceso al expediente.
En la denuncia presentada días atrás por la interventora de la AFI, Cristina Camaño, se indicaba que bajo la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani ese organismo había confeccionado fichas ideológicas sobre unos 500 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para cubrir o participar de las cumbres internacionales de la OMC y el G20 desarrolladas en Argentina en 2017 y 2018, respectivamente.
Esas fichas habían sido solicitadas a la AFI por el Ministerio de Seguridad, que en aquel entonces encabezaba Patricia Bullrich, y dentro de la central de espías estuvieron a cargo de la Dirección de Eventos Especiales que luego las remitió al área de contrainteligencia, según pudo reconducir esta agencia.
Entre las fichas que analiza la justicia había un dossier especial sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), vinculado con una reunión que mantuvieron sus integrantes en el Hotel Bauen y que, según los registros de la AFI confeccionados durante el gobierno de Macri, habría sido infiltrada por agentes de inteligencia.
Esa reunión fue un Plenario Nacional de Delegados llevado a cabo el 24 de septiembre de 2017: en la AFI fueron halladas fichas del metrodelegado Claudio Dellecarbonara y de los dirigentes Christian Castillo y Raúl Godoy, entre otros.
La lista completa de los presuntos espiados, a la cual tuvo acceso Télam, incluye también a varios miembros de entidades como la Sociedad Rural Argentina, Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales, que evalúan presentarse como querellantes en el expediente.
