Pidieron la extradición del “gordo del mortero”, el militante de izquierda atrapado en Uruguay

las protestas afuera del Congreso, donde disparó un arma “tumbera”.

Romero estuvo prófugo dos años y fue detenido en Uruguay en mayo pasado, acusado de disparar contra la policía el arma casera en las manifestaciones contra la reforma previsional. La Justicia solicitó que sea trasladado a Argentina y el pedido fue presentado a través de Cancillería.

A fines de mayo el militante de izquierda había quedado detenido en Chuy, Uruguay, tras permanecer más de dos años prófugo de la justicia argentina por disparar con un mortero casero contra la policía.

Con sus trenzas africanas y un mortero tumbero en las manos, Sebastián Romero se convirtió en la imagen de la violencia contra 88 efectivos de la metropolitana que resultaron heridos el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso, cuando se debatía un proyecto de ley de Mauricio Macri para ajustar las jubilaciones por la inflación.

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Durante la manifestación convocada por el kirchnerismo y fuerzas de izquierda se lanzaron 14 toneladas de piedras contra los policías, fue brutalmente atacado por manifestantes el periodista de canal 13 Julio Bazzán y se destruyó la plaza Dos Congresos. El total de los heridos alcanzó a más de 160 personas, en un hecho sin precedentes en los últimos años.

Antes de ese episodio, Romero fue delegado gremial en la empresa General Motors de Rosario y precandidato a diputado nacional en las elecciones legislativas de 2015 por el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU) dentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) que integra el Partido Obrero (PO).

Mientras estuvo prófugo, Romero desafió a la Justicia y mandó mensajes por las redes sociales convocando a manifestaciones para sacar del gobierno a Macri y a su colega de Chile Sebastián Piñera. En marzo de 2018, a través de una carta publicada en Twitter, se definió como perseguido político y expresó: “Tenemos que sacar a Macri como sacamos a De La Rúa en el 2001”.

En febrero de 2018, se activó un pedido de captura internacional y se fijó una recompensa para tratar de atraparlo. Sobre Romero pesaba una orden de captura internacional por “lesiones en agresión, intimidación pública y atentado contra la autoridad, este último agravado por haber sido cometido a mano armada y por una reunión de más de tres personas”.