Un escándalo de corrupción, mandado a investigar por el papa Francisco, sacude al Vaticano tras el arresto de un broker italiano al que se lo acusa de extorsión
por más de 15 millones de euros. Según fuentes italianas, ese caso se trataría apenas de “la punta del iceberg” de un entramado de enormes proporciones.
El pasado 5 de junio, Gianluigi Torzi, un financista italiano, fue detenido en el marco de una investigación por la compra y venta de un inmueble en Londres con fondos de la Secretaría de Estado. Al hombre, que declaró durante ocho horas antes de ser apresado, se lo acusa de una presunta extorsión millonaria, con otros delitos como malversación de fondos, estafa agravada y blanqueo de capitales.
El escándalo financiero, que sería de más de 300 millones de euros, se desató luego del avance de una investigación que Francisco ordenó el año pasado, tras varias denuncias recibidas sobre operaciones financieras e inmobiliarias presuntamente irregulares.
Torzi supuestamente actuó como intermediario en la compraventa del inmueble de Londres, para devolver su propiedad a la Secretaría de Estado de la Santa Sede, informa el portal “Vatican News”. Esta operación inmobiliaria implicó a una red formada por algunos funcionarios de la Secretaría de Estado vaticana. La investigación, según medios italianos, promete llevar a la salida a altos prelados involucrados.
El pasado 1 de octubre, los investigadores de Estado de la Ciudad del Vaticano registraron su propia Secretaría de Estado tras recibir meses antes una serie de denuncias. Posteriormente fueron suspendidos de empleo algunos funcionarios de la Secretaría de estado, entre estos Tommaso Di Ruzza, el director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), organismo instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
Pero también el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino; los dirigentes de la Secretaría Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, y una empleada de la Administración, Caterina Sansone.
La filtración de estos nombres derivó dos semanas después en la dimisión del jefe de seguridad del papa, Domenico Giani, después de dos décadas al servicio de tres pontífices.
En febrero, la Fiscalía vaticana requisó documentos y dispositivos electrónicos en las dependencias de un antiguo alto cargo de la Secretaría de Estado, Alberto Perlasca, exjefe de la Oficina Administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado.
Los hechos se enmarcarían en el periodo en el que el cardenal Angelo Becciu estuvo en la oficina para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, de la que salió en septiembre de 2018 como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Pero el purpurado aseguró el pasado febrero que él no está investigado y negó que se haya gastado dinero del Óbolo de San Pedro, el fondo que recoge los donativos de los fieles para las obras de caridad del pontífice, con fines especulativos en la compra de ese inmueble, tal como se denunció.
Por su parte, los abogados del broker, Ambra Giovene y Marco Franco, consideraron que la orden de arresto “es el resultado de un gran malentendido provocado por declaraciones interesadas que puede haber descarriado una interpretación correcta del asunto de los investigadores”. Torzi se encuentra aún arrestado en las dependencias de la Gendarmería del Estado Vaticano.
Torzi “nunca actuó en contra de los intereses de la Santa Sede” y está seguro de que su posición “pronto será aclarada con reconocimiento de su inexistencia de los cargos”, dijeron. Su defendido se enfrenta a una condena de hasta 12 años de prisión.
De la investigación se supo que Torzi, a partir de diciembre de 2018, comenzó a avanzar en pedidos económicos injustificados y desproporcionados para transferir las acciones de “Gutt Sa” o, en cualquier caso, de la cadena de sociedad que poseía la propiedad de Londres, en modo de hacer regresar a la Secretaría de Estado la disponibilidad del edificio.
El broker arrestado en el Vaticano, tras una extenuante tratativa conducida por diferentes mediadores por cuenta de la Secretaría de Estado aceptó, entre abril y mayo de 2019, la entrega de acciones de la sociedad frente al pago de 15 millones de euros.
La magistratura vaticana explicó también que Torzi, amenazando de no ceder a la Santa Sede la cadena de la sociedad asignada, “inspiraba temor de graves daños al patrimonio de la Secretaría de Estado y la obligaba a una larga tratativa por parte de varios emisarios”.
Con información de agencias.
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