El caso Vicentin, la primera posible expropiación de una compañía totalmente privada de gran envergadura que impulsaría la gestión de Alberto Fernández, acaba de empezar. El Presidente repite en declaraciones a los
medios que esa agroexportadora será confiscada por el Estado. “Es el único camino”, insiste. Los accionistas de Vicentin piensan lo contrario.
La Casa Rosada encontró en ese directorio, y en sus accionistas, a un grupo unido que está dispuesto a defenderse. Al menos es lo que hicieron hasta ahora. Y lo que le dijeron al propio Presidente durante una reunión que el jueves pasado que los reunió en la Quinta de Olivos, con funcionarios y abogados de un lado y del otro.
Según pudo reconstruir Clarín en base a testigos de ese encuentro, tanto del ámbito privado como del oficialismo, la charla fue en tono cordial pero con réplicas firmes. Palabras duras en tono blando. “Nosotros queremos rescatar a Vicentin, es estratégica para la Argentina. No es que me guste la expropiación, pero por ahora creemos que la única manera de salvarla porque está en quiebra”, dijo Fernández palabras más, palabras menos, después de escuchar una cronología que le describieron los directos sobre los avatares de sus finanzas.
En ese momento, uno de los abogados de Vicentin, que conoce al Presidente del mundo del Derecho, y que tal vez por eso se le animó al tuteo, frenó el diálogo con lo que pareció ser una frase amistosa: “Alberto, Vicentin no está quebrada, está en concurso de acreedores, vos sabés que es algo muy distinto”.
Fernández escuchó a los directivos de la agroexportadora contarles la enumeración de ofertas de compra que aseguraron tener de parte de varios grupos privados. Pero el Presidente se mantuvo en su postura: “Estudiemos todo lo que nos proponen, pero entiendo que vamos hacia hacia una expropiación”.
Los hombres de Vicentin replicaron entonces su decisión de pelear en la Justicia si es que ése sería el plan final del Estado: “Presidente, hay otras posibilidades antes de una estatización. Si se decide expropiar la compañía, tenemos el derecho de defendernos en la Justicia”.
Fernández, como buen abogado, admitió que efectivamente podrán acudir a herramientas legales para reclamar lo que crean injusto. Pero también dio a entender que el Gobierno podría explorar también otros métodos para persuadirlos de aceptar la confiscación de la polémica.
La compañía Vicentin fue fundada hace 90 años, tiene base en la ciudad santafesina de Avellaneda, y se extendió a negocios múltiples, vinculados al agro, entre otras actividades.
En febrero pasado entró en concurso de acreedores debido a que acumuló una deuda de 1.500 millones de dólares. El número más importante se lo debe al Banco Nación.
La negociación empezó mal, sigue en cauces de confrontación, pero al mismo tiempo se encarriló en diálogos no terminados, y que antes no existían.
El martes pasado, de modo sorpresivo, Fernández convocó a una conferencia de prensa. No hablaría ni de la pandemia ni de la negociación con los bonistas: el tema era Vicentin.
“Queremos rescatar a esta empresa que pasa por una crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación”, dijo, y profundizó: “Les estoy anunciando que estamos mandando al Congreso un ley de expropiación para que el Estado Nacional se haga cargo de los los activos del Grupo Vicentin,que pasarán a formar parte de un fondo fiduciario del que se hará cargo de YPF Agro”.
El anuncio de la “expropiación” del Grupo Vicentin fue rechazado por varios agrupaciones que reúne a actores importantes de la economía nacional. Uno de los asesores económicos que más escucha el Presidente, Roberto Lavagna, fue critico de la medida anunciado por la Casa Rosada. El ex presidente Eduardo Duhalde había dicho que estaba seguro que Fernández no expropiaría Vicentin. Ahora está enojado: “Es un disparate”.
Fernández se molestó cuando la prensa le preguntó si la medida era un idea de la vicepresidenta Cristina Fernández.
Aseguró que no. Dijo que el tema lo estaba trabajando junto a su ministro de Producción, Matías Kulfas, con asesoría de la senadora nacional de Mendoza Anabel Fernández Sagasti.
Clarín pudo saber, sin embargo, en base a fuentes tanto del Gabinete como del “cristinismo”, que el primero que planteó la posibilidad de expropiar Vicentin fue el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en conjunto con Cristina Fernández. La información fue difundida ayer en este diario por el periodista Marcelo Bonelli.
El plan analizado en el “Instituto Patria” busca que el Gobierno estatice Vicentin porque exporta productos por 4 mil millones de dólares al año de su producción, una cifra vital para un Estado que afrontará una crisis tras el fin de la pandemia. A eso se suma que, si finalmente la empresa se expropia y queda bajo control de YPF, entonces el Gobierno K podría intentar tener un control sobre el precio del mercados de los granos.
Hoy, pasado el anunció presidencia y la intervención por Decreto de la empresa, desde el “cristinismo” son críticos de Fernández. Comparan la situación con una expropiación muy polémica de la era K. La de ex imprenta Ciccone Calcográfica: “En 42 días habíamos votado la ley de expropiación en el Congreso y teníamos a los interventores adentro”, cuenta, pragmáticos.
La agrupación del diputado Máximo Kirchner, La Cámpora, emitió un comunicado en su web con este titulo: “Hacia una soberanía alimentaria”.
El anunció presidencial causó sorpresa dentro del propio Gabinete. Algunos ministros consultados por este diario aseguran que, más allá de la coyuntura, Fernández finalmente no expropiará Vicentin.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se sorprendió por el anunció de Fernández. E hizo de nexo entre el Presidente y el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli.
El Gobierno se había encontrado con una compañía que no aceptaría sus imposiciones. Por ejemplo: el miércoles pasado, se presentó en la planta principal de la agroexportadora el subinterventor designado por el Estado, Luciano Zurich. Los directivos le cerraron los accesos al lugar y tuvo que intervenir el propio Fernández, vía Perotti, para que lo dejaran pasar.
Antes de eso, el Escribano General de la Nación, Carlos Gaitán, intentó que los referentes de la agroexportadora firmasen un acta en la que dejaban constancia de que no ponían objeciones a la intervención de Zarich. En Vicentin se negaron. Se llegó entonces a una situación intermedia: se firmó un acta donde se describió que Zarich sería aceptado como interventor en la firma, pero también se firmó otra acta más donde Vicentin dejó aclaradas cuáles eran sus objeciones al respecto.
En la charla con el Presidente en Olivos, los directivos de Vicentin rechazaron las denuncias del oficialismo respecto a que la empresa tomó cientos de millones de dólares de créditos del Banco Nación de modo irregular durante la gestión de Mauricio Macri.
Le pidieron a Fernández que el interventor analizara todos los papeles, y aseguraron que no tenían problemas con defenderse de esas acusaciones ante la Justicia. Perotti se esperanzó: “El Presidente está dispuesto a escuchar alternativas superadoras a la de la expropiación”.
Al otro día, los directivos de Vicentin se reunieron con el presidente de YPF, Guillermo Nielsen, que al contrario de lo que le había anunciado el Presidente respecto al papel que podía jugar YPF Agro en este nuevo negocio minimizó esa chance: “Tenemos que estudiarlo, tal vez podamos concetar algo con los pocos recursos que tenemos”. Perotti no habló más. Lo hizo su ministro de la producción, Daniel Costamagna: “No hay nada más que hablar“, se enojó.
En la reunión en Olivos, los directivos de la empresa le aseguraron a Fernández que tenían al menos tres ofertas de compra avanzadas. La primera es de una empresa extranjera que ya es socia de la firma santafesina, Glencore, que buscaría ampliar su capital accionario a través de su subsidiaria local, Renova. La segunda está impulsada por un ex CEO de otra gran agroexportadora internacional, Cargill. Y la tercera oferta de compra llegó a través del grupo Carval, otro fondo de inversión del agro. En esta última negociación trabaja aun el ex ministro del Interior de Carlos Menem, hoy empresario, José Luis Manzano. Cristinas Fernández no lo tiene entre sus amistades. Obstáculo.
Al día siguiente de la reunión entre Vicentin y el Presidente, la Unidad de Información Financiera (UIF), denunció a la empresa por lavado de dinero. Notable coincidencia cronológica y política.
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