La diferencia entre la propuesta original de Martín Guzmán de mediados de abril y la actual, que acercaría al gobierno a un acuerdo con los acreedores extranjeros, representaría unos US$12.000 millones.
El cálculo corresponde al economista Federico Furiase de la consultora EcoGo y representa, en teoría, haber pasado de ofrecerle a los bonistas US$41 a US$50 de valor presente neto , por cada lámina de US$100, descontado a una tasa de los bonos de 10%.
Pasar de ofrecer US$41 a US$50, de empezar a pagar en 2022 en vez de 2023, y reducir la quita además de otorgar posiblemente un “endulzante” en efectivo o en un bono atado a exportaciones de cereales o al crecimiento económico, implicaría resignar esos US$12.000 millones de ahorro en capital e intereses acumulado a 2028.
La distancia entre la propuesta original y la que se supone sería la definitiva (aseguran que el presidente Alberto Fernández se plantó en los US$50) da por tierra con la idea original del ministro sobre que aquella constituía lo máximo que la Argentina podía pagar, y abre un nuevo interrogante sobre el concepto de “sustentabilidad” para el país.
En la versión original ser “sustentable” implicaba dejar de pagar por tres años afuera para despejar el horizonte y dejar margen para expandir el consumo interno en base,supuestamente, a una expansión del gasto público. Pero la atención de la pandemia del coronavirus trastocó todo.
La sustentabilidad económica transita por un sendero muy estrecho que podría resumirse en alcanzar algún acuerdo por la deuda que le permita al sector privado volver a conseguir crédito en el exterior a tasas internacionales ya que al estado le costará mucho más recuperar la confianza de los mercados.
Fue el ministro Guzmán el primero en reconocer que la Argentina no podrá volver rápido al mercado internacional a pesar de que un exceso de liquidez le está permitiendo a los vecinos financiarse a tasas bajas para atender los costos de la pandemia.
Desde abril para acá y en bonos a 10 años consiguieron financiamiento Paraguay pagando 5%; Brasil 4%; Perú 2,8%;Chile 2,5% y Colombia 3,1% anual.
El Tesoro argentino está lejos de poder conseguir financiamiento a esas tasas. Con un riesgo pais de 2.555 puntos implicaría tener que pagar 25,55% por encima del 0,75% del interés de los bonos de EE.UU a 10 años. Un costo imposible.
Llegar a un acuerdo con la mayoría de los acreedores (hay expertos que aseguran que al paso que van las cosas quedarían bonistas afuera) permitiría pensar en alcanzar alguna “sustentabilidad” para encarar un plan económico.
El acuerdo por la deuda, más allá del costo fiscal, debería abrir la puerta para definir un sendero de reducción del déficit fiscal que el gobierno dice que será de 5% del PBI y los analistas privados llegan a ubicarlo en 7% para este año.
Desde ya que emitir señales de reducción fiscal en medio de la atención de una pandemia que disparó el gasto público, y que le obliga emitir al Banco Central unos $250.000 millones por mes, no resulta sencillo.
El gobierno viene aumentando la emisión y el gasto público mientras esmerila las jubilaciones y avala por la cuarentena una reducción salarial en el sector privado que retrae más el consumo de familias muy preocupadas por el futuro de sus ingresos.
Un acuerdo por la deuda puede ayudar a mejorar las expectativas pero chocaron anticipadamente con el plan oficial de expropiar la cerealera Vicentin que, como lo vienen demostrando los análisis de los expertos, carece de fundamento económico y sólo se apoya en la ambición política del gobierno.
Arreglar por “derecha” con los acreedores avalado por el FMI y pretender expropiar por “izquierda” a Vicentín puede servir de compensación política para la coalición que gobierna pero afecta mucho la posible reconstrucción de la confianza económica aunque se diga que es una “excepción”.
Sin declaraciones estridentes como fue en 2001, la Argentina está en default desde el 22 de mayo al dejar de pagar US$503 millones correspondientes a bonos globales. A partir de ese momento intensificó las negociaciones para acordar con los tres grupos de bonistas que concentran el 40% de las tenencias de los US$66.000 millones a canjear.
La próxima fecha límite es el 30 de junio cuando la Argentina debería hacer frente a otros US$ 500 millones de un vencimiento de los bonos Discount del canje de 2005 que resultaría muy costoso en términos jurídicos de defaultear.
Las voces acreedoras que se escuchan desde el exterior anticipan que habría acuerdo, pero desde el gobierno dejan trascender que hay diferencias que no se superan.
Aunque demorado y complicado por la atención de la pandemia, la necesidad de llegar a un entendimiento gana espacio y, según expertos, ningún país va a la cesación de pagos por una diferencia de dos o tres dólares.
Hay coincidencia en que el default sería lo más costoso aún cuando el Banco Central está demostrando que tiene a raya al dólar y, con cambios en el cepo, haya logrado despejar del corto plazo la posibilidad de un salto cambiario brusco que, en el contexto actual, hubiese sumado demasiada incertidumbre.
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