El Gobierno definió la “readecuación” de las medidas de asistencia económica y productiva, el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y el
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), en un contexto en el que el 85 por ciento del país reanuda su actividad comercial y productiva.
El marco de esta decisión tuvo lugar durante un encuentro que se realizó esta tarde en el Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno, encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que había sido convocado para analizar las medidas de protección económica y social que el Poder Ejecutivo implementó durante el aislamiento masivo resuelto por la pandemia de coronavirus.
Esta readecuación de las políticas en marcha se deben al nuevo contexto del país, en el que “el 85% del territorio argentino” reanudó su capacidad productiva y comercial, gracias al fin del aislamiento, y el inicio de la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), mientras continúan “sosteniendo e incluso ampliando” las “herramientas y medidas para los sectores que siguen afectados por el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO)”, informaron desde el gobierno tras la reunión de gabinete económico.
Del encuentro participaron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; su par de Anses, María Fernanda Raverta; el presidente del Banco Central; Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.
En lo que refiere al ATP, para el pago de salarios del mes de julio se determinó la utilización de dos variables; una relacionada con lo sectorial y la otra con lo geográfico, según se indicó.
La primera variable se refiere a “sectores críticos” que por el momento están imposibilitados o con severas dificultades para funcionar.
La segunda variable es la “geográfica” que, a partir del DNU 520, determinó que una parte de la Argentina está en DISPO y otra parte que continúa en ASPO.
La decisión del gabinete económico fue concentrar “mayores recursos en aquellos lugares que están atravesando una situación más complicada por el alto nivel de contagio y que, por ende, tienen la actividad productiva más afectada”, informaron voceros oficiales tras la reunión en Casa de Gobierno.
Asimismo, se definió que las empresas incluidas sean las que tengan hasta 800 trabajadores en sus plantillas, salvo en los sectores críticos -en donde no hay ninguna restricción de tamaño-.
Con respecto a los créditos, se determinó la ampliación del crédito al 24%, del que estará a cargo el Banco Central, además de la nueva línea, denominada “Línea Pyme Plus”, que gestiona el Ministerio de Desarrollo Social junto al Banco Central y que está dirigida a un universo de pymes que nunca antes habían tomado un crédito bancario.
Por último, hay una línea particular para cooperativas al 18% que se está implementando entre el Banco Central y el Ministerio de Desarrollo Productivo.
El objetivo planteado por el gabinete económico es que la nueva dinámica del ATP se acompañe de las diversas líneas de créditos, porque hay muchas empresas que ya recuperaron su actividad y las necesidades difieren según su estado de funcionamiento.
En lo que refiere al IFE, el lunes pasado la Anses comenzó a pagar la segunda ronda junto con la AUH, en un cronograma que se extenderá durante cinco semanas y que alcanzará a casi 9 millones de personas en todo el territorio nacional.
Durante el encuentro, también se terminó de resolver que los trabajadores de la administración pública nacional cuyo aguinaldo sea de hasta 40.000 pesos brutos cobrarán el 100 %, mientras que quienes cobren un aguinaldo superior a los 40.000 pesos brutos percibirán esta suma, pero el excedente lo percibirán en hasta cuatro cuotas, según confirmaron a Télam fuentes oficiales.
Las cuotas del aguinaldo deberán alcanzar un mínimo de 1.000 pesos en cada una y la cantidad de pago dependerá del monto excedente, precisaron.
Según estimaciones oficiales, serán afectados por la medida aproximadamente 100 mil trabajadores estatales, de un total de 420 mil que cumplen funciones en la administración pública.
