A través de su abogado, Carlos Beraldi, la vicepresidenta denunció que algunos de los espías y ex espías investigados habían sido antes miembros de la Policía de la
Ciudad de Buenos Aires, fuerza con la cual participaron de procedimientos realizados en el marco de la causa Hotesur, por la que fueron procesados la ex mandataria y sus hijos Máximo y Florencia.
Además, en un escrito presentado este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, Cristina denunció la existencia de una reunión en Casa de Gobierno, en 2016, entre el ex secretario general de la Presidencia de Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ahora investigados por supuestas maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido a la ex mandataria como víctima.
La ex jefa de Estado, al igual que el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, son querellantes en la causa que investiga esa estructura ilegal de vigilancia, a partir de haber sido notificados por el juez Villena de que figuraban entre los presuntos espiados.
De igual manera, el secretario general adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, concurrirá mañana a las 11 al juzgado, en carácter de víctima, y en los próximos días lo hará también la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, quien comparte abogado con Rodríguez Larreta y no descarta involucrarse como querellante.
En tanto, desde la órbita que investiga el espionaje a través de correos electrónicos, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y al Ministerio de Seguridad que informen si durante la gestión de Silvia Majadalani y Patricia Bullrich en esas dependencias fueron adquiridos equipos de “intercepción” de mails y mensajería instantánea, algo que está vedado por la ley de inteligencia.
El magistrado envió sendos oficios a ambas dependencias del Estado en el marco de la causa abierta a partir del hallazgo de un disco rígido en la AFI con rastros de e-mails interceptados de dirigentes políticos y periodistas.
Según el expediente que se tramita en Lomas de Zamora, se trata de “una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes (…) habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y/o espionaje en infracción a la ley 25.520, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”.
De acuerdo con la presentación realizada este martes por Fernández de Kirchner, los ex espías Leandro Araque y Jorge “Turco” Saez -investigados por espionaje ilegal- participaron como policías de procedimientos ordenados por Bonadio.
También Cristina pidió investigar la reunión ocurrida en 2016 entre los espías y de Andreis, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último.
Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación y tuvo como participantes también a Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes -según la causa- “habrían prestado funciones en inteligencia”, y a Rodrigo Simón, “un integrante de la Policía Metropolitana”.
El desfile de presuntas víctimas en el juzgado de Villena comenzó la semana pasada con Cristina y Rodríguez Larreta y ayer fue el turno del periodista Hugo Alconada Mon.
Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de “Documentación” de Presidencia.
Hoy los diputados nacionales Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau evaluaron que Macri “estaba al tanto y era el promotor” de lo que ocurría y juzgaron que “hubo un patrón mafioso que se apropió del Estado desde diciembre del 2015”.
“Estamos en presencia de un sistema de espionaje político del que no hay registro en toda la historia democrática argentina”, afirmó Moreau, titular de la comisión bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia del Congreso Nacional.
Tailhade, también integrante de ese grupo de trabajo parlamentario, dijo que se analizarán las responsabilidades del ex Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de la ex ministra Patricia Bullrich y su relación con la existencia de una mesa judicial que, dijo, “definía el armado de causas y decidía quién iba preso y quién no”.
En otro orden, el gobierno oficializó hoy una extensión de la intervención en la AFI por otros seis meses y anunció que en los próximos días será enviado al Senado el pliego para que la actual interventora, Cristina Caamaño, sea designada plenamente.
