Canje de la deuda: pese al duro mensaje de BlackRock, el Gobierno dice que el diálogo no se cayó y sigue negociando

Comisión de Valores de Nueva York. Hoy expira su vigencia. El país la extendió ya cuatro veces desde que la presentó el 22 de abril pasado.

“Aún hay una distancia importante por recorrer”, admiten en el equipo económico a la hora de explicar cuál es el cuadro de situación. Por un lado, explican, existen diferencias de plata -los valores de las propuestas difieren aunque las partes se han acercado desde abril-. Por el otro, fuentes al tanto de la negociación mencionan obstáculos de índole legal para que Argentina y los bonistas se pongan de acuerdo. El comité Ad Hoc pretende por ejemplo que los bonos nuevos que reciban a cambio tengan cláusulas legales como las de los títulos emitidos en los canjes 2005, que ofrecen condiciones más difíciles para que los países reúnan las mayorías necesarias y cambien las cláusulas de los contratos.

Lo cierto es que ayer en el Gobierno seguían diciendo que las conversaciones continuaban, aún cuando los plazos se han demorando más de lo previsto. “Buscamos hacer una oferta rápida”, había dicho Guzmán en marzo. “Seguimos buscando un acuerdo que respete las restricciones del país”, confirmó una fuente importante del gobierno ayer.

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¿Qué pasó entonces con el comunicado duro del miércoles por la noche, que emitió el comité de acreedores Ad Hoc Bonistas Argentinos (que incluye al fondo BlackRock)? En el Gobierno buscaron restarle importancia. “Ese mismo día por la tarde -reveló otra fuente oficial-, los acreedores en las charlas por zoom habían manifestado que ellos quieren evitar una confrontación. Pero también es cierto que aún hay una distancia importante por recorrer”.

El miércoles se levantaron los acuerdos de confidencialidad que permitieron a Guzmán y bonistas negociar las cartas en los últimos días. Por la noche, cuando expiró el plazo, los detalles de las propuestas salieron a la luz y quedó en evidencia que las partes todavía no habían llegado a un acuerdo. En un comunicado, los bonistas revelaron su posición al decir que “a pesar de nuestros esfuerzos, las autoridades han optado por profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra solución sostenible y sensata”. Y dieron a entender que tienen todo listo para ir a juicio. Agregaron que el comité considera ahora utilizar “todos los derechos y herramientas a nuestro alcance”. Por la noche Alberto Fernández y Guzmán se reunieron en Olivos.

El mercado reaccionó ayer de manera negativa a la jornada del miércoles, al corroborar que las partes no se han acercado todavía. El riesgo país aumentó 2,3 puntos básicos.

Hoy vence el plazo de la oferta del canje de la deuda por US$ 64.800 millones que exhibe la Argentina ante la SEC. El Gobierno estudia la opción de prorrogar la misma propuesta (está vigente desde el 22 de abril y su aceptación no pasó el 15% de los bonistas) o enmendarla con la alternativa publicada el miércoles.

La oferta que reveló esta semana Economía vale 49,94 centavos de dólar según un cálculo de la consultora ACM (frente a los 46 de la del 28 de mayo). Esta cifra no incluye ni el bono que el Gobierno ofrece por los intereses caídos ni el cupón atado a las exportaciones (que se pagaría sólo si las ventas externas pasan el piso de US$ 65.000 millones).

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La plata no es el único obstáculo que impide llegar a un acuerdo aún entre Argentina y los bonistas. También la confianza (o desconfianza). Los bonistas del grupo de Ad Hoc han incluido requisitos legales en sus propuestas del canje que, como describe una persona que sigue de cerca el proceso, “demuestran que los bonistas quieren meterse hasta en la cocina de Guzmán con estos términos legales”. Hay tres ejemplos de ello en la propuesta de BlackRock. Uno, que los nuevos bonos se emitan con las condiciones de los canjes 2005 (brindan más incentivos a los buitres para hacer juicios). Segundo, que se considere como un evento de default si Argentina no cumple con el artículo IV del FMI. Tercero, que el país amplíe la lista de activos que a priori podrían ser sujetos de embargo.