Prisión preventiva para nueve policías y un vigilador por la desaparición forzada y el crimen del peón rural Luis Espinoza

la localidad tucumana de Simoca.

Se trata de nueve policías y un civil que habían quedado detenidos y procesados, acusados de coautores de “privación ilegítima de libertad seguida de muerte y desaparición forzada”.

Los implicados son el subcomisario Rubén Montenegro, el oficial José Morales, y los efectivos Miriam González, René Ardiles, Víctor Salinas, Carlos Romano, José Paz, Gerardo González Rojas y Claudio Zelaya. También se incluyó al vigilador comunal Fabio Villavicencio.

De acuerdo a lo apuntado en el expediente y a lo que declaró el hermano de la víctima, el 15 de mayo Espinoza fue golpeado por la policía y luego arrastrado hasta un monte, tras un operativo realizado durante un festival de caballos cuadreros en el paraje de Melcho, en Simoca.

Desde ese momento nada más se supo de Espinoza durante una semana, hasta que el viernes 22 su cuerpo baleado en la espalda fue hallado en la provincia de Catamarca, a 200 metros del límite con Tucumán.

Luis Espinoza trabajaba como peón en las cañas de azúcar. Había sido visto por última vez cuando salió de su casa en Villa Chicligasta para llevarle dinero y provisiones a una de sus hijas y a su nieto, que viven en el paraje “El Melcho”, en el departamento de Simoca, al sur de Tucumán.

El hombre iba a caballo junto a su hermano, Juan, cuando fueron interceptados por la Policía. Según denunció la familia, hubo disparos por parte de los agentes, que bajaron a los hombres de los caballos y los golpearon. Juan estuvo detenido durante una hora, aunque perdió el conocimiento por un culatazo en la cabeza. A Luis no lo volvieron a ver.

Los resultados de los peritajes realizados en el Laboratorio de Criminalística del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) determinaron que la bala que impactó en uno de los omóplatos de la víctima salió de un arma reglamentaria Jericho calibre 9 milímetros que pertenece al oficial José Morales y que fue secuestrada en el marco de la causa.

La fiscal a cargo, Mónica García de Targa, había anticipado el pedido de prisión preventiva. Y aseguró tener pruebas del traslado del cuerpo de Espinoza hasta la comisaría de Monteagudo con el objetivo de encubrir el acto de violencia institucional.

Según la fiscal, fue desde dicha comisaría donde luego “cuatro personas llevaron el cuerpo a más de 100 kilómetros de ese lugar, cruzando el límite con la provincia de Catamarca y arrojando el cuerpo al vacío”.

GL