La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, anunció que prepara una serie de nuevas denuncias sobre aparentes manejos irregulares de la central de
inteligencia durante la gestión del macrismo, vinculados a gastos sin control, venta de armas y contrataciones directas, entre otros.
Cuando asumió la conducción de la AFI, Caamaño se encontró con un arsenal compuesto por subfusiles, rifles livianos, escopetas y otras armas automáticas y semi automáticas, sin función operativa en la agencia, que se ofrecían a la venta a los empleados y agentes de la AFI.
“Hay un montón de estas armas que se las vamos a entregar el viernes que viene al Ministerio de Seguridad, se las vamos a donar porque ellos les van a dar mejor uso que nosotros”, señaló Caamaño durante una charla virtual convocada ayer por la agrupación “Protagonistas”, de la Facultad de Derecho de la UBA.
“Las armas que sacaban de circulación las vendían a los propios empleados y funcionarios: Hay funcionarios que han comprado hasta seis armas”, destacó la ex fiscal que además de donar las armas anunció que se presentará ante la Justicia por la presunción de la comisión de un delito.
En esta suerte de balance de sus seis meses de gestión que realizó ante estudiantes de Derecho, abogados e incluso jueces, la interventora mencionó que “una de las primeras cosas que hicimos fue terminar con las relaciones promiscuas entre el Poder Judicial y la Agencia Federal de Inteligencia, por la que cada juez federal tenía a su agente de inteligencia amigo, que era el que le pasaba la información, y armaban determinadas causas con el fin de espiar o hacer espionaje ilegal”.
Según fuentes de la AFI, esta relación de los agentes con la Justicia federal, insumía “cerca de la mitad” de la capacidad operativa de la agencia y muchos recursos que la actual gestión está buscando auditar para determinar si existió malversación de fondos.
En principio, Caamaño y su equipo advirtió que entre 2015 y 2019, los gastos reservados fueron en aumento hasta llegar a los 1.100 millones de pesos en 2019, sobre un presupuesto de 2600 millones, que no tenían control del Estado.
“La Sindicatura General de la Nación (Sigen) descubrió que la agencia no informaba a la contaduría sobre los bienes de uso y de consumo”, comentó Caamaño y ejemplificó: “Pagar la luz era gasto reservado, comprar biromes era gasto reservado, comprar un agua era gasto reservado, incluso el saquito del mate cocido que estoy tomando se compraba con gastos reservados”.
La intervención también determinó que se incumplían disposiciones vigentes como la compra de pasajes aéreos y combustible a la aerolínea y a la petrolera de bandera, en beneficio de agencias privadas y firmas extranjeras que venden combustible.
Entre los bienes de la AFI figuraba un programa de gestión de expedientes jurídicos que costó 3.180.000 pesos, más clases de capacitación por 554.000 pesos, consultoría por 495.000 pesos y soporte técnico por 951.000 pesos.
“Este software no está en la agencia y si está, no está en funcionamiento y estamos hablando que se adquirió en el año 2016, cuando estos tres millones eran mucho más”, denunció la ex fiscal desde las oficinas de la AFI, frente a la Casa Rosada.
En el proceso de revisión, entró la flota de 210 autos que mantiene la agencia, muchos de ellos de alta gama, incluyendo una camioneta blindada extranjera, “la bestia” en la jerga interna, que costó 122.000 dólares, más 4 mil dólares de gastos de importación, y que se destinaba al traslado del ex director de la agencia, Gustavo Arribas.
Caamaño avanza del mismo modo en la bancarización de los sueldos de los agentes, que cobraban en efectivo y de un modo muy informal en la que -según la intervención- los directores de áreas pedían “un palo, dos o tres”, de acuerdo a la necesidad coyuntural que tenían con el agente que cobraba o con los gastos de su área.
