La discusión por la deuda: se acercan las puntas pero ahora entran a tallar los abogados

de Economia.

Más de un mes tal vez sea tiempo suficiente para discutir hasta la última coma de los pliegos de los nuevos bonos. Lo de la letra chica de los contratos no es un tema menor. Ocurre que las conversaciones, en esta etapa, parecen haber pasado a manos de los abogados de cada parte.

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Según fuentes que siguen muy de cerca las negociaciones, las disputas sobre las Cláusulas de Acción Colectiva que se incorporarán a los nuevos bonos pasaron a ser una parte central. Los abogados de los bonistas quieren que los papeles de deuda que entregue la Argentina -para el caso de que el canje finalmente se concrete- contemplen CACs bien exigentes, más parecidas a las de los bonos 2005 que a los que se empezaron a emitir a partir de 2016. La diferencia es esta: para modificar las condiciones de los bonos 2005 (Par y Discount) el emisor debe juntar al menos el 75% de los votos de los acreedores. Para los bonos 2016, esas exigencias bajan al 66% y además, combinando las series a gusto del Gobierno, alcanzaría con el 50% o menos de algunas series de bonos.

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Esto los acreedores lo consideran muy riesgoso, casi una señal de “mala fe”, porque si el deudor, en el futuro, vuelve a tener problemas para pagar o refinanciar la deuda, podría impulsar nuevas condiciones en perjuicio de los acreedores y al poder agrupar a su antojo los bonos, forzar las modificaciones.

El formato de las CAC incorporadas a los bonos emitidos por el gobierno de Mauricio Macri cuando Argentina volvió a los mercados internacionales en 2016 surgió de discusiones a nivel global, es decir que no son un “invento argentino”. Un ex funcionario que participó de dichos debates señaló: “El objetivo fue diseñar unas CAC para que un grupo minoritario de acreedores no pueda bloquear el funcionamiento financiero eficiente de un emisor una vez que logró un acuerdo con una mayoría importante de sus acreedores”.

En verdad, estas discusiones a nivel abogados en cierta forma continuaron las conversaciones estrictamente por plata que concentraron hasta ahora las videoconferencias y los zoom entre los funcionarios y los bonistas.

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Más allá del lenguaje encendido de los últimos comunicados emitidos por los grupos de acreedores, en el mercado parece prevalecer la impresión de que la distancia entre Argentina y los bonistas se achicó en forma considerable, o habría voluntad de achicarla en los próximos días.

De hecho se menciona que uno de los ingredientes que se introdujeron en la oferta pasa por un pago que se gatilla si el riesgo país baja a determinado nivel. La caída del riesgo país estaría asociada a una mejora de la situación económica en general y, por ende, a la posibilidad de que el Gobierno pueda acceder nuevamente al mercado voluntario de deuda. (ver más información en el Suplemento Económico).

El indicador de riesgo país es imposible de tocar por cualquier gobierno, y se ve que les resulta más confiable a los acreedores que alguna variable (Indec o volumen de exportaciones) que están en manos del gobierno argentino.​

Un análisis interesante es el que hizo la Consultora 1816. A su juicio, el acuerdo “no se puede escapar”, y ponen el foco en que los flujos de pagos que propone el Gobierno no se diferencian mucho de lo que proponen los acreedores. Y lo explican así:

– Las curvas de vencimientos de capital e intereses que propone el Gobierno son parecidas a las que ofrecen los bonistas.

– La distancia entre gobierno y bonistas se reduce a 1% de PBI acumulando los flujos de fondos hasta el vencimiento del último bono. Ese punto del PBI equivale a un esfuerzo fiscal de solo el 0,05% del PBI por año.

-​ Los bonistas reclaman apenas US$ 3.800 millones de pagos durante lo que queda del mandato de Alberto Fernández. El Gobierno ofrece pagar US$ 1.700 millones de dólares. Poca plata para el tamaño de la economía argentina y para lo que significa esquivar el default.

Esta es la foto hoy. La cuenta que también se podria hacer es cuánto mejorarían las variables financieras una vez firmado un acuerdo. Con un plan económico creíble a ojos de los mercados, no solo debería bajar el riesgo país. Todos los activos se revalorizarían. No solo los bonos o las acciones. También el patrimonio de los argentinos, desde el valor de las empresas, grandes o chicas, y hasta las casas y departamentos de cada ciudadano, sin ir más lejos.

Todo esto depende, hoy, de que el Gobierno se decida a firmar  un acuerdo con los bonistas. Y dejar atrás el riesgo del default.