El Gobierno decidió darse más tiempo en esta etapa de renegociación de la deuda con los acreedores privados y sumó, con la última extensión, cinco semanas a las discusiones con
los bonistas. Sin embargo, aún con la decisión de negociar por un período mayor, el inicio de los intercambios con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo préstamo deberá esperar, según confirmó una fuente oficial.
En gateras están dos grupos importantes de acreedores que esperan que se cierre la negociación bajo legislación internacional: por un lado, los bonistas que tienen deuda argentina pero de ley local y, por el otro, el FMI.
Mientras algunos analistas señalan que la Argentina debería cerrar primero un acuerdo con el organismo para luego ir por la deuda privada, el Gobierno decidió hacerlo de manera inversa por las urgencias en los vencimientos con unos y otros: mientras que este año las obligaciones con el sector privado llegaban a casi los US$ 10.000 millones, con el Fondo eran de unos US$ 1.400 millones. Recién a partir del año próximo estos pagos se hacen más significativos.
El Gobierno dijo que buscará un nuevo programa con el FMI de manera de conseguir fondos frescos para pagar los vencimientos que se adeudan de los desembolsos por US$ 44.000 millones que recibió la Argentina en la anterior gestión. Cuando a ese monto se le suman los intereses, el total a devolver al organismo dirigido por Kristalina Georgieva supera los US$ 49.000 millones.
¿Qué tipo de préstamo podría obtener la Argentina? Hasta ahora no se discutió entre el Gobierno y el FMI nada en este sentido, ni siquiera se hizo la presentación formal del pedido de un nuevo crédito. El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló con Georgieva en febrero de la necesidad de un nuevo programa con el Fondo, pero fue más bien una demostración de la intención del vínculo con el organismo en esta etapa.
Los programas a los que podría acceder la Argentina son dos: un stand-by (que es lo que de hecho obtuvo en 2018) o una línea de facilidades extendidas (que la Argentina también tuvo en otros momentos, como en la década del 90).
De hecho, de la presentación que hizo Guzmán a los acreedores privados surge que el Gobierno argentino va a refinanciar la deuda que tiene con organismos y bilaterales por fuera del mercado: la tasa que dijo que espera conseguir es de 3,5% a un plazo promedio de 8,8 años, algo que la Argentina no se conseguiría en el sector privado.
De acuerdo a las características de la Argentina, la tasa que podría conseguir con el FMI (ya que además se trataría de un financiamiento excepcional, por arriba de la cuota del país) es, precisamente, de un 3,5%.
Y mientras que un préstamo stand-by es por lo general a tres años, el de facilidades extendidas llega a los 10 años, por lo que esta última opción sería la más viable para el país, se calcula.
Claro que estos préstamos no estarían libres de condicionalidades, tal como los que hoy otorga el FMI a los países que piden una línea rápida para enfrentar el coronavirus: será importante cumplir con pedidos cuantitativos y cualitativos, que se evalúan de manera trimestral.
Además, un paso previo para llegar a negociar alguno de estos préstamos con el FMI será cumplir con la revisión de la economía argentina, lo que se conoce como el artículo IV. Pero para hacerlo, una misión del organismo, liderada por Luis Cubeddu, debería visitar el país, situación imposible en el contexto de pandemia. No se descarta, no obstante, que esa evaluación se haga de manera virtual.
El FMI demostró, a lo largo de las negociaciones con los acreedores privados, su fuerte respaldo a la Argentina. Primero definió, en febrero, que la deuda era no sostenible, a lo que se sumó dos notas técnicas.
En marzo evaluó que el alivio de deuda con los bonistas que necesitaba el país era elevado, de entre US$ 55.000 millones y US$ 85.000 millones, según diversos escenarios que manejaban.
Y a eso se agregó la última nota, de principios de junio, en la que definió que la propuesta de renegociación de deuda argentina presentada a los bonistas podía ser mejorada pero solo por poco margen, hasta un límite de US$ 50, que es precisamente donde se plantó el gobierno argentino. Al menos hasta ahora.
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