El Gobierno se apura para conseguir adhesiones a la nueva propuesta por la deuda

que se discute en la mesa de negociaciones por la deuda pueda tener una mayor aceptación que lo conseguido en la primera instancia, cuando obtuvo un magro porcentaje de adhesiones inferior al 20%.

El banco UBS -que asesora a uno de los grupos de bonistas, al Comité de Acreedores de Argentina, el más cercano al Gobierno- presentó una propuesta final a todos los acreedores que modifica algunas cuestiones de la última oferta argentina, que ponía el valor presente neto en unos US$ 50 por título.

En concreto, entre otras cuestiones, la nueva oferta adelanta el pago de los intereses, aunque mantiene las tasas que se habían acordado y también modifica la forma de pagos de los cupones.

“El presidente Alberto Fernández​ dio la orden de que aquí se acabó. La propuesta representa el máximo esfuerzo que el Gobierno está dispuesto a convalidar. Ahora le toca a los acreedores decidir”, aseguraron fuentes oficiales.

A su vez, fuentes con conocimiento de las negociaciones confiaron a Clarín que desde el grupo Ad Hoc, el más duro en los intercambios y que está liderado por fondo BlackRock, aseguran que no recibieron ninguna nueva propuesta para evaluar. Ellos habían pedido, en la última contraoferta que hicieron a la Argentina, un valor presente neto que superaba en unos 10 puntos a la propuesta que les había hecho el equipo de Martín Guzmán. También reclamaron condiciones legales más estrictas para el país.

Si bien hay mayor optimismo en los pasillos oficiales, cuando empieza la cuenta regresiva para cerrar el capítulo de la deuda se admite que la adhesión de los acreedores no sería suficiente para llegar a cumplir con las cláusulas de acción colectivas (CAC) que figuran en las emisiones de algunos bonos. Varios títulos estipulan un porcentaje de adhesión mínima para poder ser canjeados, y ese número varía entre 50% y 75%, según si se toma una serie en particular o el conjunto de títulos, y según sean emitidos en los anteriores canjes o con posterioridad a 2016.

Este martes empiezan a correr los 30 días del período de gracia por no pagar que se contempla en el bono Discount, del que vencen unos US$ 570 millones de intereses. Pasado ese lapso, los acreedores podrían hacer presentaciones judiciales en los tribunales de Nueva York por el default.

Sería el tercer título en cesación de pagos, tras el impago de los Globales del 22 de mayo por unos US$ 500 millones y también de los intereses del Centenario, por otros US$ 100 millones, que expiraron este lunes.

Por ahora, como avanzan las negociaciones entre las partes, los bonistas decidieron seguir negociando y no hacer las presentaciones ante la justicia neoyorquina (en los caso de los títulos bajo legislación de Nueva York).

Si la propuesta que está ahora en la mesa de negociaciones avanza, el Gobierno la inscribirá ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) para “enmendar” la anterior oferta que fue formalizada a mediados de abril.

Una vez enmendada la oferta se abre un plazo de 10 días como mínimo para que los bonistas definan si aceptan o no la propuesta.

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En el Gobierno tienen muy presente estos plazos y también que el 30 de julio expira el período de gracia de los Discount y que la Argentina estaría nuevamente en zona de default, a la espera de la voluntad de los bonistas de definir si accionan judicialmente o no.

Es por eso que esperan enmendar la oferta ante la SEC con cierto margen para llegar al 24, en el mejor de los casos, con el tema de la deuda cerrado.

La deuda en juego en este capítulo de las negociaciones -al que se sumarán otros dos, una con los bonistas bajo legislación argentina, y otra, con el Fondo Monetario Internacional- acumula unos US$ 64.800 millones.

Engloba los títulos denominados en dólares bajo legislación internacional, básicamente los bonos que se emitieron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y también los colocados por la gestión de Mauricio Macri, desde 2016 a esta parte.

Los principales acreedores de la Argentina se englobaron en tres grupos: el Ad Hoc, el Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores de la Argentina.

Es este último el que mantiene una postura más cercana al Gobierno argentino, con diferencias económicas mínimas y con el cual el propio Guzmán admitió la semana pasada que había entendimiento.