Fiestas, viajes en yate, droga o dinero. Esas eran algunas de las retribuciones que adultos ofrecían para mantener encuentros sexuales con adolescentes. Todo empezó en 2019 y terminó salpicando a profesores,
arquitectos, abogados, empresarios y hasta un ex juez. La explotación sexual se producía en Maldonado y Montevideo. Ya hay 21 acusados, entre ellos un argentino, y al menos seis víctimas.
La punta del ovillo fue una denuncia por abuso sexual. Eso le permitió a la Justicia hallar mensajes de texto, pedidos de fotos y referencias a supuestos “regalos” a cambio de encuentros sexuales.
El último en ser imputado fue un empresario argentino radicado en Uruguay hace “muchos años”. Se llama Ricardo Orestes Cirio y tiene 63 años. Por la cuarentena, estaba en Buenos Aires cuando la Justicia lo citó y recién el viernes logró regresar, pero en calidad de detenido.
El sábado formalizaron la acusación en su contra en la denominada “Operación Océano”, aunque luego quedó en libertad. Le retuvieron el pasaporte, tiene que informar su residencia y presentarse periódicamente en la dependencia policial más cercana a su domicilio.
El empresario argentino Ricardo Cirio, radicado en Uruguay, en una entrevista con el portal InfoNegocios.
Según contó el periodista Antonio Ladra, de Radio Ciudadana, Cirio tiene negocios vinculados al desarrollo inmobiliario y estuvo al frente de un exclusivo colegio de San Rafael, cerca de Punta del Este, en el departamento de Maldonado.
En la fiscalía penal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de Montevideo le informaron sobre la acusación en su contra: “Reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad o incapaces para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo”.
A través de su abogado, Alejandro Balbi, el acusado reconoció conversaciones y encuentros con una de las adolescentes, pero dijo haber sido “engañado”. Según pudo saber Clarín, se justificó diciendo que no sabía que se trataba de una menor de edad y que, cuando lo “descubrió”, cortó el vínculo.
La fiscal Darviña Viera investiga la “Operación Océano” en Uruguay.
La investigación está en manos de la fiscal Darviña Viera y las fiscales adscriptas Fulvia Favretto y Giuliana Realini. Ya formalizaron la acusación contra 21 personas, entre ellos una mujer. Uno, el primer acusado, está detenido y con prisión preventiva.
Para las investigadoras, por el momento, no hay pruebas de una “red de explotación sexual adolescente”, pero sí habría conexión entre las víctimas que les permitió llegar a todos los acusados.
“Los adultos se contactaban con las adolescentes a través de páginas como Locanto, Giralta o Seeking. No se pudo determinar, hasta el momento, que haya una red o un vínculo entre los explotadores”, explicaron a este diario.
La mayoría de los acusados están imputados por el mismo delito que Cirio. También por el delito de “contribución” para la explotación sexual porque les facilitaban a las jóvenes -por ejemplo- un departamento para que tengan los encuentros. Y otro es por proxenetismo y por proporcionar estupefacientes a menores de edad, porque algunos de los abusadores elegían este medio como forma de retribución.
Hay otro imputado que no es argentino, pero es un arquitecto de una reconocida familia de la Ciudad de Buenos Aires vinculada a la protección del patrimonio arquitectónico porteño.
Además, explicaron que, como medida cautelar, establecieron “la obligación de fijar domicilio y prohibición de comunicación o acercamiento con la víctima por cualquier medio hasta el 2 de diciembre de 2020”.
Las mujeres que se atrevieron a denunciar son seis. La primera lo hizo por abuso sexual y en el medio de acusaciones cruzadas contra un hombre que también la denunció, pero por extorsión. En el teléfono celular de la joven aparecían chats con otras adolescentes y otros adultos, fotos eróticas y encuentros en los que estaba claro que hablaban con una menor de edad.
Una adolescente de 18 años, que se presume era explotada sexualmente, fue hallada muerta en el arroyo Solís Chico. Se trató -en principio- de un suicidio, pero en su celular también encontraron mensajes de texto y conversaciones con adultos con estos contenidos. Su caso está siendo investigado en el marco de este expediente porque tendría vínculo con una de las denunciantes.
La explotación -describen los investigadores- no estaba formalizada en todos los casos. A las jóvenes las encontraban usando redes sociales, WhatsApp, Badoo, Tinder y sitios de promoción del trabajo sexual.
Allí tenían las primeras conversaciones y les ofrecían ropa, perfumes, entradas a fiestas exclusivas, viajes en barcos y, también, dinero. En algunos casos explicitaban que iban al colegio o que eran menores de edad.
EMJ
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