En medio de la disputa judicial que protagonizan la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe y el Grupo Vicentin, el gobierno de Omar Perotti intervino el Ente Portuario Puerto Reconquista
(EAPRe) por un plazo de 180 días. La decisión se adoptó tras recibir un informe del titular del área, Martín Deltin, quien quedó frente a la intervención.
Se trata de una concesión a cargo de una firma constituida por la cerealera en sociedad con Buyatti SAICA. Desde la firma hablaron de una concesión “de menor escala” que tenían hace años y que “no tenía actividad hace tiempo”.
El Puerto Reconquista es manejado hace más de tres décadas por Ríos del Norte SA, que se encuentra constituida por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA. Antes de que se abra en el fuero civil y comercial el concurso preventivo del Grupo, el Gobierno de Omar Perotti había recibido un informe sobre la concesión cuestionada.
En el Gobierno de Santa Fe explicaron a Clarín que la medida adoptada en el puerto de Reconquista comenzó a estudiarse luego de que Vicentin expusiera su “estrés financiero”, en diciembre pasado, y que la decisión de avanzar ahora tiene vinculación con las medidas que impulsa la provincia ante el juez del concurso de acreedores.
“En este proceso solicitamos muchas acciones que no son acompañadas por el juez Lorenzini. La provincia pretende, por ejemplo, que se presenten los balances de las firmas del grupo, y en ese marco se tomó la decisión del puerto de Reconquista”, explicaron cerca de Perotti.
El derrotero de la situación quedó explicado en el Decreto Provincial 574 al que accedió este diario, y donde es explica que el 14 de febrero se presentó un “informe-denuncia del actual representante del Poder Ejecutivo en el Puerto de Reconquista y que por su gravedad origina los presentes actuados”. Se expuso que la “Terminal A”, espacio operativo de cargas y almacenamiento de granos y aceites, “está inactiva y sin operaciones desde al año 2004”. Según ese informe, desde ese año la terminal “no efectúa embarques, no registra movimiento portuario alguno, no realiza depósito de cereales y afines, ni acciones tendientes al uso comercial, por sí o por terceros, configurándose así un apartamiento del destino comercial del puerto”.
Para la Provincia la situación “no sólo representa un claro incumplimiento de la concesionaria de la citada terminal de no garantizar una carga mínima de la principal obligación contractual, sino que además conlleva responsabilidades de las autoridades del EAPRe en la explotación del puerto comercial como tal”.
El Decreto de Perotti habla de “negligencia o abandono de sus funciones de contralor”. En este sentido, la Provincia indicó que por la magnitud, extensión y capacidad y funciones del puerto, “claramente ha cesado y abandonado su destino comercial, dando solo cabida a la actividad recreativa privada, en abierta y prístina violación del destino del puerto previsto por la ley”.
Consultados por Clarín, allegados a Vicentin señalaron que se trata de una “concesión de menor envergadura en sociedad con otra empresa” y que hace tiempo “permanecía sin actividad”.
La decisión del Gobierno se da a conocer días después de haber aportado en el concurso preventivo de acreedores de Vicentin documentación y pruebas para sustentar sus acusaciones contra el gigante cerealero. Con esta acción ratificaron su pedido ante el juez Lorenzini de desplazar a los dueños frente a la administración del Grupo, funciones que recuperaron el 19 de junio por una determinación del magistrado.
Este miércoles, Vicentin rechazó en la justicia los puntos centrales de lo que se denominó el “Plan Perotti” que entre otras cosas solicita que se restituyan a los interventores que el Gobierno nacional había designado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia y se sume a uno en representación de la provincia de Santa Fe.
En el escrito, los empresarios remarcaron que “resulta temerario y calumnioso –sobre todo viniendo de un organismo estatal de contralor– invocar infundadas sospechas de conducta criminal, que carecen de prueba alguna, para pedir que se revoque la medida dispuesta por el juez o solicitar otra intervención con desplazamiento de los directores. Sobre todo cuando la IGPJ tiene por ley el deber de denunciar este tipo de conductas que “sospecha” y pretende valerse de eso cuando sin haber realizado denuncia alguna”.
Vicentin fue más allá, y remarcó que la IGPJ “carece de toda autoridad y conocimiento respaldado, para opinar siquiera sobre la idoneidad y capacidad de los directores para administrar la sociedad y gestionar su negocio” y pidió que se respeto “el concurso preventivo” que es donde se busca subsanar la situación con los 2.638 acreedores reconocidos.
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